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La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta se salvó de la muerte política en el Consejo de Estado. El alto tribunal revisaba una demanda de pérdida de investidura en contra de la congresista por presunto tráfico de influencias al tramitar los permisos para que jefes de grupos criminales de Antioquia salieran de la cárcel para asistir a un “tarimazo” con el presidente Gustavo Petro. Según encontró la Sala Plena, no se probó que ella abusara de su poder como congresista para lograr los permisos correspondientes ante el Inpec y que hizo uso de facultades especiales que se le otorgaron en medio de la iniciativa de paz total del gobierno.
La demanda sostenía que Zuleta, aparentemente, habría abusado de su cargo como congresista para presionar y tramitar más rápido los permisos de jefes de grupos criminales para que asistieran al “Pacto por la Paz Urbana”, que se llevó a cabo el 21 de junio de 2025 en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín (Antioquia). El evento tenía como finalidad hablar de paz urbana y del proceso que se adelanta con las bandas de la zona, por lo que asistieron varios jefes de estructuras criminales, como José Muñoz, alias Douglas; y Freyner Ramírez, alias Pesebre.
Asimismo, estuvieron presentes Juan Carlos Mesa o “Tom”; Juan Fernando Álvarez, “Juan 23″; Wálter Jiménez, “El Tigre” o “Ramón Chaqueta”; Jorge de Jesús Vallejo, conocido como “Vallejo”; Albert Henao, conocido como “Albert”; Dayron Alberto Muñoz Torres o “El Indio”; y Juan Camilo Rendón, “El Saya”.
Según los demandantes, la senadora Zuleta habría actuado “haciendo prevalecer su condición de senadora de la República y miembro del partido de gobierno, buscando un aprovechamiento político personal para su reelección y para la del presidente de la República”. Asimismo, que, supuestamente, habría presionado al director del Inpec “abusando de su condición de congresista perteneciente al partido de gobierno y como auspiciadora de la reelección del presidente de la República, convenció al director del Inpec de ordenar el traslado de internos para acudir a un acto político y público”.
También, que habría utilizado “su posición política para influir en la decisión del INPEC y obtener réditos políticos personales y para terceros sin contar con facultad para esto”. También, se lee en el documento que “gestionó a título personal ante el Inpez, la salida de internos identificados como cabecillas de la estructura criminal conocida como ‘La Oficina’” y que con todo esto, Zuleta “habría excedido las funciones y competencias que le fueron asignadas” y que las normas “prohíben a los congresistas intervenir en asuntos ajenos a sus funciones legislativas, particularmente cuando esto implique gestionar intereses ante entidades públicas”.
El Consejo de Estado determinó que no se probó que la senadora "haya invocado su calidad o condición de congresista ante el director general del Inpec". Además, que “se observa que, en la petición formulada ante la autoridad administrativa, la parte accionada aludió a su condición de coordinadora del espacio de conversación socio jurídico (...) y no a la de congresista“. De igual manera, el alto tribunal dijo que “tampoco se probó que existió influjo sicológico alguno sobre el citado servidor público derivado de la condición de la accionada como congresista, ni influencia alguna para hacer prevalecer esa condición".
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