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El Consejo de Estado acaba de admitir una demanda que podría sacar de su cargo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al magistrado José Joaquín Urbano. De acuerdo con el documento que llegó al alto tribunal, el proceso de elección del togado no garantizó la equidad de género y paridad al interior de las altas cortes.
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La demanda fue presentada por el abogado Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien le pide al Consejo de Estado que anule el acto de elección con el que se nombró como magistrado de la Sala Penal de la Corte a José Joaquín Urbano. Dice el demandante que se vulneraron normas que buscan fomentar la llegada de mujeres a altos cargos dentro de la Rama Judicial.
El documento señala que “se incurrió en una vulneración de los artículos 13, 16, 26, 40.7, 43, 209 y 231 de la Constitución Política de Colombia, así como el artículo 53B de la Ley 270 de 1996, el cual fue condicionado en su constitucionalidad por la sentencia C-134 del 20231″. A los ojos del demandante, “dado que aquel incumplió el deber que le impone la Constitución y la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en el entendido dado por la Corte Constitucional, según la cual incluso en la etapa de selección de magistrados, debe alcanzarse la equidad de género y la paridad al interior de las altas cortes de manera gradual y paulatinamente”.
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En la demanda también se lee que “la subrepresentación de las mujeres en la Corte Suprema de Justicia ha sido un patrón persistente, especialmente en la Sala de Casación Penal, que sólo ha contado con cuatro (4) magistradas en toda su historia y nunca ha tenido dos mujeres al mismo tiempo”.
El documento además resalta que “las selecciones recientes parecen seguir confirmando el pacto de exclusión implícito en ese dicho: Hoy solamente hay una (1) mujer en la Sala de Casación Penal (Myriam Ávila Roldán), porque en los últimos dos (2) años se abrieron cuatro (4) vacantes (de un total de nueve -9- magistrados) y todas se llenaron con varones”.
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El demandante Ortiz señala que “se ‘renovó’ casi la mitad de la Sala, sin mujeres, lo que contraría la orden impartida por la Honorable Corte Constitucional y del legislador estatutario, en el sentido de que gradual y paulatinamente se logre la equidad de género y la paridad al interior de las Altas Cortes que, en el sub examine, hace referencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
La demanda fue aceptada y aterrizó en el despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, de la Sección Quinta del Consejo de Estado. La consejera notificó al magistrado Urbano y al presidente de la Corte Suprema, a quienes además les pidió un copia del acto con el que se eligió a Urbano en el cargo, para estudiar el caso.
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