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La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó una demanda que buscaba anular la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato a la Presidencia de la República. La decisión respondió a una solicitud de nulidad del acto administrativo expedido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante el cual se formalizó la inscripción del abogado y precandidato presidencial.
El demandante sostuvo que el trámite de inscripción no cumplía con los requisitos legales y constitucionales exigidos para aspirar a la Presidencia. Entre sus argumentos señaló que De la Espriella posee tres nacionalidades —colombiana, italiana y estadounidense— y que no ha renunciado a ninguna de ellas. A su juicio, esa situación implicaba una vulneración de los principios constitucionales que regulan el acceso a cargos de elección popular.
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Sin embargo, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez concluyó que la demanda fue presentada contra un acto que no puede ser objeto de control judicial en esta etapa del proceso electoral. Según explicó el Consejo de Estado, el acto de inscripción de una candidatura constituye un trámite administrativo y no una decisión definitiva que ponga fin a una actuación administrativa.
“Revisado el contenido de la demanda, el despacho advierte que el acto demandado no constituye un acto susceptible de control judicial, pues no contiene una decisión de fondo que culmine una actuación administrativa”, indicó la corporación en la providencia.
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La polémica por la nacionalidad estadounidense de De la Espriella
La discusión sobre el cumplimiento de los requisitos para que Abelardo de la Espriella aspire a la Presidencia tomó fuerza el pasado 10 de junio, cuando un grupo de 20 exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, junto con otros reconocidos juristas, hizo público un pronunciamiento en el que cuestionó su candidatura debido a su nacionalidad estadounidense.
Según los firmantes, la obtención de la ciudadanía de Estados Unidos exige la realización de un juramento que implica “compromisos y deberes jurídicos con ese país”, obligaciones que, a su juicio, podrían resultar incompatibles con las responsabilidades constitucionales que asume un presidente de Colombia.
De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, además de su nacionalidad colombiana posee las ciudadanías italiana y estadounidense. Frente a la primera, los juristas señalaron que esta “no suscita ningún problema jurídico para sus aspiraciones presidenciales, por cuanto la Constitución permite que un presidente colombiano tenga doble nacionalidad y la nacionalidad italiana no implica obligaciones hacia ese país incompatibles con la función presidencial en Colombia”.
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En el documento, los exmagistrados precisaron que la doble nacionalidad, por sí sola, no constituye un impedimento para ejercer la Presidencia. “Sin embargo, es posible que la adquisición de una nacionalidad específica genere una incompatibilidad con el cargo de presidente, no por la doble nacionalidad en sí, sino por los eventuales compromisos que pueda implicar esta nueva nacionalidad”, se lee en el documento, en referencia a los “conflictos de lealtad nacional”.
Respecto de la ciudadanía estadounidense, los firmantes sostienen que el juramento de naturalización genera implicaciones jurídicas y éticas. “El ciudadano De la Espriella tuvo que hacer el siguiente juramento: ‘Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales (...)’”.
A partir de ese compromiso, los exmagistrados argumentan que la nacionalización estadounidense supone la obligación de respaldar a ese país frente a quienes sean considerados sus enemigos, “incluida eventualmente Colombia”. Añaden que quien ejerce la Presidencia de la República está obligado a privilegiar los intereses nacionales colombianos sobre los de cualquier otro Estado.
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