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El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que pide revocar las licencias con las que la mina El Cerrejón (La Guajira) explota carbón. Según la demanda, la mina es responsable de la crisis humanitaria que vive la región, que incluye la pérdida de seguridad alimentaria, la escasez de agua y otras afectaciones que serían producto de las acciones de la mina a cielo abierto más grande del país.
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La demanda, que será analizada por la Sección Primera del Consejo de Estado, busca “la nulidad de la licencia ambiental otorgada a la empresa Carbones del Cerrejón para sus actividades de explotación”. El argumento central, con el que las comunidades de la región, líderes indígenas y los senadores Feliciano Valencia e Iván Cepeda le apuestan a terminar la acción minera se basa en supuestas irregularidades en el último cambio de la licencia ambiental.
Al parecer, la más reciente modificación de ese permiso se realizó sin el debido estudio de impacto ambiental, instrumento que debe ser tenido en cuenta para tomar decisiones en proyectos, obras o actividades ambientales, y, asegura la demanda, la empresa utilizó “recursos legales” para evitar el trámite que corresponde. El recurso judicial lo interpusieron el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Cinep, la Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (Censat), la organización Agua Viva, y los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Aida Avella.
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En total son 15 las normativas demandadas: dos del entonces Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) que datan de los años ochenta; 10 resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y tres modificaciones al Plan de Manejo Ambiental que aprobó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
En la demanda, las comunidades incluyeron evidencias e informaciones oficiales que demostrarían “los impactos verificados que ha tenido y tiene esta explotación carbonífera sobre el departamento de La Guajira y sus habitantes: el pueblo milenario Wayuu y las comunidades afrodescendientes”. Entre otros, se refieren al estado de cosas inconstitucional que encontró la Corte Constitucional en la región, al desvío de los arroyos Bruno y Tabaco y del río Palomino y a la contaminación que, tal parece, ocasiona la mina.
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El recurso también pide emitir medidas cautelares para que suspenda cualquier trámite de modificación de esta licencia. Es decir, limitar cualquier expansión de la actividad de extracción de carbón hasta que las autoridades hayan constatado que la minera vela por la protección de los derechos colectivos e individuales de las comunidades. Esta solicitud, no obstante, no ha sido aprobada y continúa en estudio.