Consejo de Estado fija nueva audiencia en el proceso sobre la viabilidad del fracking

Protesta contra el fracking. Cristian Garavito / El Espectador

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

La Sección Tercera del Consejo de Estado tomó nuevas decisiones dentro de los diferentes procesos judiciales que se adelantan alrededor de la viabilidad de la técnica de extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales conocida como “fracking” en Colombia. Como se sabe, ese alto tribunal suspendió dicha actividad en decisión de finales de 2018 como una medida cautelar. Desde entonces, se han realizado prácticas de múltiples pruebas, como recaudo de testimonios de expertos y la elaboración de parte de peritos de la Universidad Nacional de dos estudios al respecto. Esos informes deben ser presentados en audiencia ante el alto tribunal que no ha podido realizarse por cuenta de la pandemia.

La audiencia inicialmente se programó para el 22 de abril, luego para el 20 de mayo y luego para el 10 de junio, pero no se pudo realizar a cabo por la suspensión de términos judiciales que ordenó la Judicatura por la cuarentena obligatoria para enfrentar el COVID-19. Además, porque la Agencia Nacional de Hidrocarburos solicitó aplazarla hasta que hubiera condiciones de bioseguridad suficientes y el Ministerio de Minas volvió a pedir al despacho una certificación de que los peritos que realizaron dicho dictamen no estaban impedidos. El pasado 23 de julio, el magistrado ponente de este caso, Ramiro Pazos, decidió fijar la audiencia para el próximo 20 de agosto.

(Le puede interesar: Los siete puntos clave en la discusión del “fracking” que analizará el Consejo de Estado)

La diligencia es importante porque allí todas las partes de este proceso podrán contradecir los informes presentados por los expertos de la Universidad Nacional. Se trata de dos documentos: uno de 460 páginas firmado por seis peritos que advierten los riesgos de usar fracking para la extracción de hidrocarburos y de iniciar proyectos piloto de investigación, con base en evidencia científica. Y otro firmado por tres expertos que, aunque identifica riesgos potenciales de la actividad, estima que es posible manejarlos y mitigarlos.

Esos informes fueron enviados a todas las partes el pasado 16 de marzo, es decir, hace más de cuatro meses, por lo que el despacho del magistrado Ramiro Pazos no accedió al plazo que pidió la Agencia Nacional de Hidrocarburos para analizar el documento. De otro lado, el Consejo de Estado también dio apertura formal al estudio de un incidente de desacato que presentó un grupo de congresistas y representantes de organizaciones sociales, que argumenta que el decreto 328 de 2020 en el que gobierno reglamentó los Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) en Fracking va en contravía supuestamente de la orden que emitió ese alto tribunal en noviembre de 2018 suspendido esta técnica en el país.

(Le puede interesar: Las estrategias jurídicas por los pilotos del “fracking”)

El incidente asegura que el decreto emitido en febrero pasado sobre los pilotos no tiene en cuenta las recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos sobre fracking, como tener una licencia social y definir líneas bases sociales y ambientales, a pesar de que son una exigencia que el mismo Consejo de Estado ordenó tener en cuenta para poder hacerlos. En este caso, como contó El Espectador, la Agencia Jurídica del Estado había pedido anular el auto en el que se informó inicialmente del incidente de desacato a las partes -lo cual demoraría el proceso-, pero el alto tribunal decidió desestimar esa pretensión en auto también firmado el pasado 23 de julio.

“El despacho aclara que el traslado del incidente que se dio por Secretaría se hizo en cumplimiento de las disposiciones legales que así lo imponen y, en todo caso, tampoco constituye una irregularidad que menoscabe los derechos de las partes, sino que por el contrario es una forma más de garantizar el conocimiento de las actuaciones. Además, la decisión de apertura del incidente se toma con esta decisión”, dice el documento. En ese sentido, el magistrado Pazos iniciará el estudio de los argumentos de todas las partes en este caso, lo cual podría tener un efecto importante para el futuro de los pilotos.

(Le puede interesar: Pilotos de fracking: ¿el gobierno se autohabilitó para reglamentarlos?)

Esto es así pues, aunque también fue radicada una demanda contra el decreto ante el mismo Consejo de Estado, el incidente de desacato tiene un procedimiento que es mucho más rápido. No obstante, el gobierno argumenta por un lado que el incidente no es la vía para dejar sin efectos el decreto y, por el otro, en su criterio, los pilotos de fracking sí están cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión de Expertos.