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13 May 2022 - 9:47 p. m.

Consejo de Estado prioriza análisis sobre la licencia que le dio vida a Hidroituango

La Sección Primera del Consejo de Estado consideró importante darle prioridad al caso por encima del resto de los expedientes que reposan en el despacho del magistrado Roberto Serrato.

Fernanda Torres Tovar

Periodista de Judicial
Consejo de Estado priorizará demanda que otorgó licencia para construir Hidroituango
Consejo de Estado priorizará demanda que otorgó licencia para construir Hidroituango
Foto: EPM

Con prioridad y a toda marcha, así debe analizar el Consejo de Estado la demanda contra la resolución ambiental que le dio vida a Hidroituango, el megaproyecto generador de energía más grande del país. El documento que llegó al alto tribunal hace un poco más de un año fue presentado por Isabel Zuleta y más de cinco organizaciones, entre ellos, Movimientos Ríos Vivos que piden dejar sin piso la Resolución del 30 de enero de 2009 que contó con más de 16 modificaciones hasta el año 2016.

En el documento dijeron que no solo pretenden poner en evidencia la historia del proceso de licenciamiento ambiental que culminó en la construcción de Hidroituango, sino también la afectación que dejó a las comunidades que, además, han sido víctimas del conflicto armado, el cual consideran es un factor que agrava su situación, dado que genera un daño socio-ambiental. El caso está en el despacho del magistrado de la Sección Primera del alto tribunal, Roberto Serrato.

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El magistrado no solo analizó los documentos allegados al expediente, sino que también contó con asesoría experta en materia ambiental, social y de infraestructura que le dieron luces para, inicialmente, solicitar a la Sección la prelación de fallo. Es decir, priorizar el estudio del caso por encima de cualquier otro tema que tenga en su despacho. Así las cosas, la decisión sobre ese proceso podría llegar pronto.

El consejero tiene en estudio que, el proceso de licenciamiento y la crisis social se correlacionan, a juicio de los demandantes, porque mientras padecían una dinámica de múltiples conflictos, entre ellos, la violencia armada que deja a su paso la desaparición forzada, secuestros, homicidios, masacres, territorios minados, bombardeos y desplazamientos forzados, por otra parte, se adelantaban todas las gestiones técnicas, jurídicas, investigativas y financieras para hacer viable la construcción, situación que se convertía en un problema para los habitantes en sus dinámicas de vida.

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En el documento explican que para la construcción del megaproyecto fue necesaria la resolución de la ANLA que le dio vida a más de 16 modificaciones, que traían consigo actos administrativos que generaban nuevas obligaciones para Empresas Públicas de Medellín (EPM). Lo que reprochan los demandantes es que cada cambio también permitía alteraciones que dejaban sin piso el proyecto que se planteó inicialmente, por lo que, con eso, suponen que “hubo grandes y graves errores de diseño que generaron los múltiples cambios en la obra”.

Para los demandantes, esos cambios generaron daños en municipios de Antioquia, entre ellos, Briceño, Buriticá, Cáceres, Caucasia, Ituango, Liborina, Nechí, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquía, Santafé de Antioquia, Tarazá, Toledo, Valdivia y Yarumal. Así como también en tres municipios de Bolívar y uno de Sucre. “Lo anterior podemos afirmarlo en el hecho de que toda la cuenca baja (del río) se está viendo afectada por la construcción de Hidroituango y así ha ocurrido con la construcción de otras represas en Colombia, como Urrá, entre otras”, dijeron en su momento en la demanda.

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De acuerdo con Zuleta y Movimientos Ríos Vivos, las entidades que adelantaron el megaproyecto presentaron información distinta sobre la cantidad de los municipios que serían intervenidos por la construcción. A su juicio, esa desinformación se convirtió en una latente vulneración de derechos porque no se tenía conocimiento a ciencia cierta de los lugares a modificar por la obra. Eso generó una supuesta inseguridad jurídica y dudas en las comunidades afectadas.

Así las cosas, el consejero Serrato debe analizar, no solo la dinámica social frente a hechos de vulneración por actos violencia en la zona, sino también las posibles inconsistencias que se pudieron registrar en el proceso de licenciamiento que vinculó alrededor de 16 modificaciones que permitieron supuestos cambios en la obra que le dio vida al megraproyecto. El magistrado deberá analizar si le da razón a los demandantes, quienes aseguraron que se les vulneró el derecho a la participación efectiva, hubo daños y afectaciones a la cultura cañonera, y además, hubo situaciones irregulares en algunos actos administrativos que se expidieron.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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