Consejo de Estado rechaza demanda que buscaba tumbar a magistrada Cristina Lombana

El Consejo de Estado rechazó una demanda que buscaba tumbar el nombramiento de la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana. La demandante, la abogada Adriana Castro, cuestionaba que Lombana hubiera llegado a su cargo mientras todavía era miembro activo del Ejército, algo que a su juicio es ilegal. Sin embargo, el Consejo de Estado anotó que los argumentos de Castro no iban en contra del nombramiento en sí, sino que atacaban su proceso de elección, pero el plazo para presentar un recurso así —una acción de nulidad electoral— ya se había vencido.

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La demanda de Castro se iba lanza en ristre contra el decreto con el cual el presidente Iván Duque nombró a Lombana en octubre del año pasado. Entre sus argumentos, la abogada cuestionaba que tanto la Corte misma —que realizó todo el proceso de selección—, como el primer mandatario, “crearon una situación jurídica en la que se habilita y se hace compatible que un miembro activo de las fuerzas públicas investigue y juzgue a los congresistas”. Por otro lado, aseguraba que los magistrados y Duque se extralimitaron en sus funciones pues con el nombramiento supuestamente “transformaron” el régimen de inhabilidades que cae sobre los miembros de las fuerzas militares.

Asimismo, Castro aseguraba que el trabajo de Lombana como juez penal militar no era experiencia válida para el cargo en la Corte Suprema, pues es una jurisdicción adscrita al Ministerio de Defensa, y que, como la magistrada “tampoco laboró en cargos de la Rama Judicial o del Ministerio Público, ni certificó haber ejercido la profesión de abogado (litigio), menos aún que hubiera impartido cátedra universitaria”, no era apta para el cargo. “No cumplía con el requisito de experiencia para ocupar el cargo de magistrada”, dice la demanda.

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Ahora bien, cuando el expediente llegó a la Sección Segunda del Consejo de Estado, el magistrado al que le correspondió revisarlo notó que la demanda apuntaba a supuestas irregularidades en el proceso de elección mismo. Es decir, según reza el fallo, la demanda perseguía “a la elección de la señora Lombana en el cargo en comento, como expresión de la voluntad colectiva y mayoritaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, resultante de la emisión de un voto por parte de cada uno de sus miembros, a partir de la lista de candidatos formulada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”. En esa medida, era un asunto electoral.

El expediente fue, entonces, trasladado a la Sección Quinta. Allí, el magistrado Luis Alberto Álvarez estudió la demanda como una acción de nulidad electoral y estableció la siguiente cronología: A Lombana la nombraron el 17 de septiembre de 2018, decisión confirmada el 27 de septiembre del mismo año; con lo cual, para presentar una acción así se tenía plazo hasta el 13 de noviembre. Sin embargo, la abogada Castro presentó su recurso hasta el 8 de julio de 2019. Es decir, el plazo había vencido más de ocho meses antes de que presentaran la demanda, con lo cual esta no podía ser admitida.

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A pesar de que Lombana llegó al cargo de magistrada con una comisión administrativa de servicios en el Ejército, su doble condición de militar y juez le trajo aprietos. En mayo de este año, por ejemplo, fue apartada de las investigaciones que cursan en el alto tribunal en contra del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, ya que, en su momento, el entonces presidente y máximo líder de la Fuerza Pública, tenía como subordinada a Lombana. El que inició la discusión fue, precisamente, el senador Iván Cepeda —en calidad de víctima en el proceso contra Uribe— recusó a la magistrada.

En respuesta a esta recusación, los magistrados de la Sala Especial de Instrucción apartaron a Lombana de todos los procesos de Uribe. “Unánimemente la Sala concluyó que su condición simultánea de miembro activo de la Fuerza Pública y funcionaria judicial, riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución Política”, aseguró en su momento el presidente de esta instancia, magistrado Héctor Alarcón. Y, en junio, se conoció que la Corte estudia anular de alguna manera la elección de Lombana.

El Consejo de Estado rechazó una demanda que buscaba tumbar el nombramiento de la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana. La demandante, la abogada Adriana Castro, cuestionaba que Lombana hubiera llegado a su cargo mientras todavía era miembro activo del Ejército, algo que a su juicio es ilegal. Sin embargo, el Consejo de Estado anotó que los argumentos de Castro no iban en contra del nombramiento en sí, sino que atacaban su proceso de elección, pero el plazo para presentar un recurso así —una acción de nulidad electoral— ya se había vencido.

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La demanda de Castro se iba lanza en ristre contra el decreto con el cual el presidente Iván Duque nombró a Lombana en octubre del año pasado. Entre sus argumentos, la abogada cuestionaba que tanto la Corte misma —que realizó todo el proceso de selección—, como el primer mandatario, “crearon una situación jurídica en la que se habilita y se hace compatible que un miembro activo de las fuerzas públicas investigue y juzgue a los congresistas”. Por otro lado, aseguraba que los magistrados y Duque se extralimitaron en sus funciones pues con el nombramiento supuestamente “transformaron” el régimen de inhabilidades que cae sobre los miembros de las fuerzas militares.

Asimismo, Castro aseguraba que el trabajo de Lombana como juez penal militar no era experiencia válida para el cargo en la Corte Suprema, pues es una jurisdicción adscrita al Ministerio de Defensa, y que, como la magistrada “tampoco laboró en cargos de la Rama Judicial o del Ministerio Público, ni certificó haber ejercido la profesión de abogado (litigio), menos aún que hubiera impartido cátedra universitaria”, no era apta para el cargo. “No cumplía con el requisito de experiencia para ocupar el cargo de magistrada”, dice la demanda.

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Ahora bien, cuando el expediente llegó a la Sección Segunda del Consejo de Estado, el magistrado al que le correspondió revisarlo notó que la demanda apuntaba a supuestas irregularidades en el proceso de elección mismo. Es decir, según reza el fallo, la demanda perseguía “a la elección de la señora Lombana en el cargo en comento, como expresión de la voluntad colectiva y mayoritaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, resultante de la emisión de un voto por parte de cada uno de sus miembros, a partir de la lista de candidatos formulada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”. En esa medida, era un asunto electoral.

El expediente fue, entonces, trasladado a la Sección Quinta. Allí, el magistrado Luis Alberto Álvarez estudió la demanda como una acción de nulidad electoral y estableció la siguiente cronología: A Lombana la nombraron el 17 de septiembre de 2018, decisión confirmada el 27 de septiembre del mismo año; con lo cual, para presentar una acción así se tenía plazo hasta el 13 de noviembre. Sin embargo, la abogada Castro presentó su recurso hasta el 8 de julio de 2019. Es decir, el plazo había vencido más de ocho meses antes de que presentaran la demanda, con lo cual esta no podía ser admitida.

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A pesar de que Lombana llegó al cargo de magistrada con una comisión administrativa de servicios en el Ejército, su doble condición de militar y juez le trajo aprietos. En mayo de este año, por ejemplo, fue apartada de las investigaciones que cursan en el alto tribunal en contra del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, ya que, en su momento, el entonces presidente y máximo líder de la Fuerza Pública, tenía como subordinada a Lombana. El que inició la discusión fue, precisamente, el senador Iván Cepeda —en calidad de víctima en el proceso contra Uribe— recusó a la magistrada.

En respuesta a esta recusación, los magistrados de la Sala Especial de Instrucción apartaron a Lombana de todos los procesos de Uribe. “Unánimemente la Sala concluyó que su condición simultánea de miembro activo de la Fuerza Pública y funcionaria judicial, riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución Política”, aseguró en su momento el presidente de esta instancia, magistrado Héctor Alarcón. Y, en junio, se conoció que la Corte estudia anular de alguna manera la elección de Lombana.