Contralor archiva proceso a alcalde de Sincelejo y confirma que no se consumó daño

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, confirmó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, por supuestas irregularidades en la contratación de mercados para abastecer a la población de la capital de Sucre durante la cuarentena por el COVID-19. Según la decisión del ente fiscal, el hecho irregular denunciado “no existió”, pues, por un lado, las partes ajustaron los contratos, con lo cual los supuestos sobrecostos detectados no se materializaron, y, por otro, el contratista demostró que había entregado la totalidad de lo que pagó la Alcaldía.

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Los contratos que tenían en aprietos al alcalde Gómez son el 003 y 004 de 2020, que firmó con Surtivíveres comercializadora y distribuidora SAS y con Abastos y Fruver El Paraíso SAS, “para el suministro de kits alimenticios”. En cada contrato, la Contraloría había advertido posibles sobrecostos por más de $400 millones, al equiparar los precios de cada alimento comprado con los precios a los que estos mismos víveres son comprados en el mercado. Asimismo, se reprochaba la ausencia de algunos de los productos por los que se había pagado.

Por estas alertas, el ente fiscal abrió un proceso de responsabilidad fiscal el pasado 5 de mayo contra ambas empresas, contra el alcalde Gómez y contra una de sus asesoras y su secretario económico. En primer lugar, cuando le pidieron explicaciones al contratista, este entregó soportes de todos los bienes comprados y entregados a la población de Sincelejo. No obstante, “no se entregaron soportes respecto de una serie de productos, motivo por el cual en el auto de apertura dicho productos se tuvieron como no adquiridos y en consecuencia no entregados”, según la Contraloría.

(Lea también: Fiscalía imputará cargos a 10 alcaldes por supuestas irregularidades en contratos COVID-19)

No obstante, más adelante en el proceso, los contratistas aportaron “nuevas pruebas” de que sí compraron y entregaron los productos que no aparecían, que son principalmente alimentos de la canasta familiar como fríjol, lenteja, aceite y sal. El contralor Córdoba concluyó que, en efecto, el daño no se consumó, pues los alimentos sí fueron entregados. Y, además, aseguró que los indicios sobre los que la Contraloría abrió la investigación no eran suficientes: “la existencia de las facturas de compra o no, no era suficiente para llegar a la conclusión de que las prestaciones no se hubiesen ejecutado o se hayan ejecutado de manera incompleta”.

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Por otro lado, el contralor valoró que el alcalde Gómez haya liquidado de manera unilateral los contratos “sin que se haya reconocido al contratista los montos que fueron considerados por este ente de control como sobrecostos”. Con esto quiere decir que el mandatario regional, además de haber terminado el contrato, ajustó los valores de lo comprado a los precios de referencia del mercado, cifras que aporta el DANE. Así, concluye “que el daño referido al contrato no existió, habida cuenta que los recursos estimados como sobrecostos no fueron finalmente desembolsados al contratista, y por ende el detrimento patrimonial no se configuró, lo cual da lugar a que sea procedente la declaratoria de archivo del presente proceso de responsabilidad fiscal”.

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, confirmó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, por supuestas irregularidades en la contratación de mercados para abastecer a la población de la capital de Sucre durante la cuarentena por el COVID-19. Según la decisión del ente fiscal, el hecho irregular denunciado “no existió”, pues, por un lado, las partes ajustaron los contratos, con lo cual los supuestos sobrecostos detectados no se materializaron, y, por otro, el contratista demostró que había entregado la totalidad de lo que pagó la Alcaldía.

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Los contratos que tenían en aprietos al alcalde Gómez son el 003 y 004 de 2020, que firmó con Surtivíveres comercializadora y distribuidora SAS y con Abastos y Fruver El Paraíso SAS, “para el suministro de kits alimenticios”. En cada contrato, la Contraloría había advertido posibles sobrecostos por más de $400 millones, al equiparar los precios de cada alimento comprado con los precios a los que estos mismos víveres son comprados en el mercado. Asimismo, se reprochaba la ausencia de algunos de los productos por los que se había pagado.

Por estas alertas, el ente fiscal abrió un proceso de responsabilidad fiscal el pasado 5 de mayo contra ambas empresas, contra el alcalde Gómez y contra una de sus asesoras y su secretario económico. En primer lugar, cuando le pidieron explicaciones al contratista, este entregó soportes de todos los bienes comprados y entregados a la población de Sincelejo. No obstante, “no se entregaron soportes respecto de una serie de productos, motivo por el cual en el auto de apertura dicho productos se tuvieron como no adquiridos y en consecuencia no entregados”, según la Contraloría.

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No obstante, más adelante en el proceso, los contratistas aportaron “nuevas pruebas” de que sí compraron y entregaron los productos que no aparecían, que son principalmente alimentos de la canasta familiar como fríjol, lenteja, aceite y sal. El contralor Córdoba concluyó que, en efecto, el daño no se consumó, pues los alimentos sí fueron entregados. Y, además, aseguró que los indicios sobre los que la Contraloría abrió la investigación no eran suficientes: “la existencia de las facturas de compra o no, no era suficiente para llegar a la conclusión de que las prestaciones no se hubiesen ejecutado o se hayan ejecutado de manera incompleta”.

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Por otro lado, el contralor valoró que el alcalde Gómez haya liquidado de manera unilateral los contratos “sin que se haya reconocido al contratista los montos que fueron considerados por este ente de control como sobrecostos”. Con esto quiere decir que el mandatario regional, además de haber terminado el contrato, ajustó los valores de lo comprado a los precios de referencia del mercado, cifras que aporta el DANE. Así, concluye “que el daño referido al contrato no existió, habida cuenta que los recursos estimados como sobrecostos no fueron finalmente desembolsados al contratista, y por ende el detrimento patrimonial no se configuró, lo cual da lugar a que sea procedente la declaratoria de archivo del presente proceso de responsabilidad fiscal”.