Este 16 de julio, la Contraloría General de la República advirtió que, aunque el Gobierno de Gustavo Petro ha recaudado COP 7,59 billones tras declarar una emergencia económica para atender la ola invernal en el país, aún no se evidencia de una ejecución efectiva de esos recursos de cara a la problemática.
La Contraloría señaló que, con corte al 18 de junio de 2026, el dinero recaudado por el impuesto representaba el 87,5 % de los recursos aprobados para atender la emergencia por la ola invernal. Sin embargo, advirtió que ese dinero todavía no alcanza para cubrir todo lo que el Gobierno de Petro presupuestó para atender la emergencia durante este año, cuyo cálculo fue de COP 8,68 billones.
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Además, la Contraloría advirtió que, aunque los recursos ya fueron incorporados al presupuesto general de la Nación y se han expedido certificados de disponibilidad para varios sectores, las entidades responsables no registran una ejecución efectiva en materia de obligaciones y pagos. En ese contexto, expresó especial preocupación por los recursos administrados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según el órgano de control, esos recursos permanecen en la fase de estructuración de convenios, lo que ha retrasado el inicio de las intervenciones para la recuperación de los territorios afectados, pese al tiempo transcurrido desde que se declarara la emergencia. Además, señaló que los sectores de Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social y el ICBF presentan una ejecución nula de los recursos asignados.
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En cuanto a los sectores de Vivienda y Educación, la Contraloría indicó que, aunque ya se han expedido certificados de disponibilidad presupuestal, todavía no se registran obligaciones ni pagos, por lo que los recursos aún no han comenzado a ejecutarse. El órgano de control también advirtió que, varios meses después de la declaratoria de la emergencia por la ola invernal, el Gobierno Nacional aún no ha remitido el Plan de Acción Específico, documento que debe establecer con claridad las acciones, los responsables, los cronogramas y los resultados esperados para atender de manera integral la situación.
“La ausencia de este instrumento dificulta el seguimiento oportuno a la ejecución de los recursos públicos y restringe la evaluación del cumplimiento de los objetivos que motivaron la declaratoria de emergencia”, señaló la Contraloría. En ese sentido, el órgano de control reiteró que continuará ejerciendo vigilancia y control fiscal preventivo y concomitante sobre estos recursos. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para acelerar los procesos y garantizar la ejecución efectiva de las inversiones previstas para atender la emergencia.
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