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18 Nov 2022 - 3:27 p. m.

Contraloría alerta por 1.638 predios incautados que la SAE no administra

El Gobierno no tiene control de esa cantidad de casas, fincas, lotes, bodegas y hasta un centro comercial, cuando deberían ser administrados por la SAE, con el objetivo de incautar los dineros de la mafia a favor del bolsillo del Estado.
Extinción de dominio a alias Butaco
Extinción de dominio a alias Butaco
Foto: Fiscal

La Contraloría adelanta un rastreo de los bienes que en Colombia cuentan con una medida de extinción de dominio. Es decir, que deben estar bajo control la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras la Fiscalía logra demostrar ante la justicia su conexión con el crimen. En su primer resultado, el órgano de control encontró que 1.638 predios con esta medida no están administrados por la única institución encargada de ello.

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Se trata de casas, fincas, lotes, bodegas y apartamentos ubicados en todo el país, así como un centro comercial en Bogotá. A pesar de que la SAE debería haber tomado posesión de ellos, y arrendarlos o venderlos para engrosar el bolsillo del Estado y reparar a las víctimas, la cuestionada entidad no los tiene bajo su administración.

La investigación de la Contraloría apunta a bienes con medidas cautelares de extinción anteriores a 2014. Aseguró que “no es cierto que los predios administrados por la SAE estén perdidos”, como denunció el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que, bajo sus consideraciones, las propiedades no habrían sido entregadas para el control de la Sociedad.

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“Y esa falta de administración no es responsabilidad de la SAE sino de los entes de control, que de 2012 al 2014 no hicieron las debidas investigaciones sobre los faltantes en el inventario de predios”, aseguró la Contraloría, la cual agregó que la SAE administra en total 32.873 bienes incautados a la mafia y a las organizaciones criminales.

La Contraloría se basó en datos de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). En el momento se revisa la situación de 25.000 predios y la reciente investigación da cuenta del análisis de 9.000. El órgano de control encontró, entre otros hallazgos, que la Fiscalía declaró improcedencia sobre 2.465 propiedades, por lo cual fueron devueltas a sus dueños.

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“Algo está pasando con la justicia, cuando de 100 predios que se incautan, se devuelven 35. ¿Acaso la imposición de medidas cautelares no tiene el suficiente rigor investigativo? Y es un riesgo porque el Gobierno gasta en administrar estos predios y al final toca devolverlos, sin contar con las posibles demandas de los afectados por la imposición de medidas cautelares”, agregó la Contraloría.

Por otro lado, se encontraron 264 predios a los cuales se les extinguió el dominio y que fueron entregados a entidades como el Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras), para que sean objeto de reforma agraria y repartidos a campesinos sin tierra o con poca de ella. Un total de 310.000 hectáreas, sobre las cuales la Contraloría indagará sobre su administración.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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