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La Contraloría, tras una auditoría de cumplimiento, detectó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas habría hecho pagos indebidos de indemnizaciones o ayudas humanitarias, que presuntamente fueron entregados a terceras personas. Estos pagos, al parecer, se presentaron por debilidades en el registro y cruce de información o por falsificación de documentos, que podrían desencadenar en una investigación penal.
En los hallazgos, que fueron tasados por el ente fiscal en $60 millones, se encontró presuntas debilidades en la administración de los bienes destinados para reparar a las víctimas. La Contraloría destacó, por ejemplo, el manejo que se le ha dado a los proyectos productivos, pues han mostrado escasa rentabilidad y por lo cual, en algunos casos, se habrían perdido cerca de $2.000 millones. (Le podría interesar: Contraloría pone la lupa a los recursos asignados para la paz)
Varios de los bienes que fueron recibidos por el Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), según la auditoría, no pertenecían a los victimarios y por eso han sido restituidos. Serían 70 inmuebles que habrían sido entregados por los Bloques Cacique Nutibara y Tolima, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y la Casa Castaño, con lo que “se evidencian las debilidades del sometimiento a la Ley de Justicia y Paz”, precisó la Contraloría. Asimismo, se encontró que de 1.027 inmuebles en poder del FRV, el 58% se encontrarían sin administración.
Entre los principales problemas de administración se encuentran ocupantes no autorizados, minería ilegal o improductividad, orden público, difícil acceso, entre otras cosas. La Contraloría encontró 22 hallazgos, cinco de ellos presuntamente disciplinarios, dos fiscales y uno de tipo penal, que ya está en manos de la Fiscalía. (Le sugerimos: El 93% de las personas registradas por la Ley de Víctimas no ha sido indemnizada)
Igualmente, una auditoría financiera a la Unidad de Víctimas deja entrever supuestos manejos deficientes de estados financieros en pagos de indemnizaciones a víctimas. En ese sentido, la Contraloría advirtió que se debe mejorar los sistemas de información para mayores controles y reducir riesgos de pagos de asistencia, atención humanitaria e indemnizaciones a quien no corresponda.
El ente fiscal también manifestó que se debe prestar atención al mejoramiento de herramientas legales y financieras de la Unidad de Víctimas. “Se destacó, también, la existencia de incoherencias en el registro de solicitudes formuladas por las víctimas, lo que causa incertidumbre acerca de la gestión institucional de la entidad en el último año”, concluyó la Contraloría. (Lea también: El reclamo de las víctimas al gobierno por demoras en las indemnizaciones)
Por Redacción Judicial
