Una dura carta le envió la Contraloría General de la República a la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, refutando sus más recientes declaraciones sobre el nuevo modelo de pasaportes del país. La misiva firmada por el contralor delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Luis Enrique Abadía García, señala que sí hay problemas de planeación que ponen en riesgo el servicio de pasaportes.
La carta retoma una declaración reciente de la canciller Villavicencio en la que aseguró que “no existen retrasos ni riesgos financieros y operativos” en la implementación del modelo de pasaportes adoptado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Dice la Contraloría que lo expuesto por la alta funcionaria no es coherente con “los riesgos técnicos, financieros, operativos y jurídicos evidenciados y documentados” por el ente de control.
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“Incertidumbre y riesgo financiero acompañan el nuevo modelo de suministro de pasaportes por la falta de estimación completa de costos, posible incremento operativo y riesgo cambiario, que pueden afectar las fuentes de financiación e impactar la disponibilidad de recursos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE)”, se lee en una comunicación previa a la Cancillería, citada en la carta de hoy.
Agrega también que los entes de control han advertido con anterioridad al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre “retrasos e indefinición, así como el incumplimiento de plazos del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 y la falta de oportunidad en las acciones, ponen en riesgo la operación y amenazan la implementación y sostenibilidad del modelo”. Pese a esos llamados de atención, la canciller Villavicencio insiste en que el proceso va bien.
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El contralor delegado enfatizó que no es cierto que los tiempos en la implementación del nuevo modelo de pasaportes se estén cumpliendo como debería ser. Por el contrario, señaló que el cronograma inicial sí presenta retrasos, que hay “riesgos relevantes que no han sido atendidos” y que “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.
La carta agrega que, a pesar de haber advertido a la Cancillería en distintas oportunidades sobre los problemas que presenta la implementación del nuevo modelo de pasaportes, sus jalones de orejas no han sido atendidos. “Producto de este ejercicio sistemático de observación (...) se ha derivado la necesidad de alertar en repetidas ocasiones frente a riesgos evidenciados y, en esta instancia, proferir advertencia especial dada la no superación de los mismos y configuración de nuevos riesgos”.
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La carta de siete páginas enviada por el procurador delegado Abadía García incluye también una serie de cuadros en los que se ve cómo ha tenido modificaciones el cronograma de implementación del nuevo modelo de pasaportes. Y anota: “Si bien la actualización del cronograma mediante prórrogas permite afirmar formalmente su cumplimiento, ello no implica la superación de los atrasos ni elimina el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente”.
La misiva concluye advirtiendo que, además de los retrasos, es inminente un aumento en los costos operativos de la transición hacia el nuevo modelo del servicio de pasaportes colombiano y problemas de financiación, en un contexto de riesgo cambiario. Esto, al parecer, por malas movidas en el negocio que se cerró con Portugal y que se pagará en euros. Si se configura el panorama advertido, según la Contraloría, sería un golpe para que uno de los proyectos claves del gobierno actual, que incluso le costó una imputación y destitución al excanciller Álvaro Leyva, pueda seguir adelante.
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