La Contraloría General anunció que adelanta una investigación preliminar para determinar si hay corrupción en los proyectos de construcción y renovación de aulas escolares. Al ente fiscal habrían llegado cientos de denuncias por supuestos retrasos y sobrecostos en colegios de regiones como Cundinamarca y Boyacá.
Cansados del silencio del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), creado por el Ministerio de Educación Nacional para la modernización de los planteles, padres de familia, alcaldes, concejales y veedores de distintos rincones del país han pedido a la Contraloría que le ponga el ojo a este problema. Por esto, lo que busca determinar la investigación es “si existe un detrimento fiscal e identificar a los presuntos responsables fiscales y, de lograr probarse, se ordenaría la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal”.
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Según informó la Contraloría, habría varias irregularidades en el proceder del FFIE y, al depender del Ministerio de Educación, este sería el llamado a responder. El Fondo fue creado para subsanar el déficit de aulas en la jornada única escolar de toda la nación. En 2015 se les encargó la tarea a constructoras como la multinacional Mota-Engil, Graña y Montero, Constructora Colpatria, Consorcio Gramma, Consorcio Desarrollo Escolar -G4 y Germán Mora Insuasti, entre otros.
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Los contratistas debían entregar el 60% de las aulas que se necesitan en Colombia, es decir, 30.000. Sin embargo, a hoy, solo se habrían entregado 1.310 aulas, lo que significa que hay cientos de estudiantes que no están recibiendo clase o han tenido que ser trasladados a otros colegios y lugares cercanos.
El nombre de “carrusel de las escuelas” lo pusieron comunidades de Boyacá, según declaró la entidad. A través de tutelas, ciudadanos expresaron su indignación porque sus hijos estarían recibiendo clase “hacinados en los pocos colegios que quedaron en pie, es decir que no se derrumbaron”. Además, habrían tenido que recurrir a improvisar clases en plazas de mercado y conchas acústicas del sector para cumplir con el año escolar.
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Un cuestionamiento claro, por ejemplo, es frente a la expectativa de los contratos suscritor por el Fondo: A diciembre de 2018 se habían firmado 543 proyectos, “de los cuales 237 aún se encuentran en obra negra y de los 73 terminados solo se han entregado 12”, según concluyó la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción del ente fiscal.
Asimismo, la Contraloría aseguró que entre los proyectos terminados habría algunos con “notables desfases en los costos promedio”. Por ejemplo, en la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá (Cundinamarca) un salón de clases terminó costando $1.039 millones, cuando el presupuesto aprobado por aula era $146 millones, casi siete veces el valor inicial. Lo mismo habría ocurrido en Fusagasugá, La Mesa y Madrid (los tres municipios de Cundinamarca), donde las obras terminaron triplicando lo aprobado inicialmente.
Por Redacción Judicial
