28 Jun 2019 - 2:49 p. m.

Coronel activo daba seguridad a “Gárgola”, capo de “La Constru”

Según la Fiscalía, Miguel Antonio Bastidas Bravo, además, habría pagado $100 millones para hacerse pasar como guerrillero y así poder presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz, razón por la cuál había quedado en libertad. El oficial involucrado está siendo investigado, dice la Fiscalía.

Redacción Judicial

Miguel Antonio Bastidas Bravo, conocido como Gárgola. / Policía Nacional
Miguel Antonio Bastidas Bravo, conocido como Gárgola. / Policía Nacional

Miguel Antonio Bastidas Bravo, conocido como Gárgola, jefe la organización criminal conocida como “La Constu” fue capturado el pasado miércoles en un operativo en el que también cayó Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán, excapo del cartel del Norte del Valle. La Policía Nacional reveló este viernes que cuando Gárgola fue detenido en Soacha, estaba recibiendo protección y seguridad de parte del coronel activo del Ejército Nacional Elkin Alfonso Argote Hidalgo, jefe del Estado Mayor del Comando de Reclutamiento y Control Reservas. 

Gárgola se movilizaba en el vehículo oficial del coronel, quien estaba de permiso, en el momento en que fue detenido. Según explicó la directora de la dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla, además, estuvo escondido durante al menos dos meses en una guarnición militar en Bogotá. “Se encontraba en unas instalaciones de la Fuerza a la vez que se desplazaba en un vehículo oficial, acompañado de un oficial”, dijo. La funcionaria explicó que el coronel no fue detenido en el operativo "porque no había realmente una flagrancia, se desplazaba con él". 

Carrasquilla señaló que el hecho está ya en investigaciones penales y que se compulsaron copias para que se inicien las pesquisas disciplinarias. “(El coronel) no era el escolta, era su cuñado. Estaba casado con una hermana del alto oficial y la función que estaba realizando ese alto oficial era protegerlo. Él sabía que lo estábamos persiguiendo porque ya habíamos hecho otras afectaciones a la organización delincuencial y, por eso, buscó la protección del oficial y, por eso, era tan difícil para nosotros poderlo ubicar”. En comunicado oficial, el Ejército anunció que abrirá indagación preliminar contra el Oficial para aclarar sus actuaciones. 

La Policía además explicó que alias Gárgola había quedado en libertad porque, al parecer, habría pagado a las Farc para hacerse pasar como integrante del frente 48 de esa antigua guerrilla. A cambio de $100 millones de pesos tenía como objetivo presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz, razón por la cuál había quedado en libertad.

Según las autoridades, La Constru tenía alianzas actualmente con las disidencias del frente 48 de las Farc para “mantener el monopolio criminal”. en toda la región.  El Alacrán y Gárgola fueron detenidos junto con 12 personas más en un operativo de la Fiscalía y la Policía en contra de la organización, que delinque en la región del Putumayo.

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Según la Policía, Bastidas Bravo era el encargado de controlar la producción y el tráfico de cocaína en Putumayo y de su envío hacia México. Así mismo, las informaciones recopiladas lo señalan como supuesto coordinador de actividades de homicidio, extorsión y secuestros en los municipios del Bajo Putumayo, en la frontera con Ecuador. Si bien Gargola ingresó a esa organización criminal en 2009, solo hasta finales de 2015 asumió el mando, tras la captura de su hermano y excabecilla conocido como ‘Bonito’, explicó la Policía. Había sido detenido en 2011 y 2016.

La Constru es reconocida por las autoridades como una de las bandas criminales más importantes del sur del país, que surgió después de la desmovilización de los paramilitares del Putumayo en 2006. Además, tendrían nexos con las disidencias de las Farc, el cartel de Sinaloa y la mafia de Albania (Europa).

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Según la Policía, esta organización se dedica al narcotráfico y logra los mayores "goles" en sus negocios a través de torturas, desmembramientos, extorsiones —entre las víctimas de este crimen hay incluso compañías petroleras—, desapariciones forzadas y homicidios selectivos —como el de una funcionaria del Banco Agrario que les negó un préstamo en 2014—, entre otros delitos.

La Constru resultó llamándose así porque los paramilitares que recién habían dejado las armas solían citarse en un edificio en obra negra propiedad de Bastidas. Una vez el frente Sur del Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) vio su fin —dejando en sus nueve años de existencia unas 2.500 víctimas—, se inició una disputa entre los Rastrojosque apenas llegaban a la zona con los dos frentes de las Farc que dominaban el narcotráfico en la región, el 32 y el 48. Al final, el pulso lo ganó las Farc y encontraron en Bastidas —condenado por rebelión en el 2000— el socio que necesitaban.

La Policía señaló que Henry Loaiza Ceballos, alias Alacrán, de 71 años, fue detenido por supuestamente liderar una red de narcotráfico aliada con La Constru en Putumayo. Hace un año había recibido el beneficio de libertad condicional, luego de haber cumplido con las tres quintas partes de su pena. El Alacrán, reconocido en los años 90 como miembro del cartel del Norte del Valle, estaba en prisión desde 1995. Primero, cumpliendo una condena por conformación de grupos ilegales y luego purgando una pena de 30 años por la masacre de Trujillo.

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Henry Loaiza nunca fue procesado por narcotráfico. En 1995, este se entregó a las autoridades y fue recluido en prisión por la conformación de grupos paramilitares. Cuando iba a recuperar su libertad, en 2006, Loaiza Ceballos fue vinculado y condenado a 30 años de prisión como coautor de la masacre de Trujillo, en el Valle del Cauca.

Entre 1986 y 1994, una alianza entre las fuerzas de Diego Montoya (Don Diego), Henry Loaiza (El Alacrán), paramilitares y el Ejército cometió una serie de desapariciones, torturas y homicidios en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío. Estos hechos son conocidos como la masacre de Trujillo. Más de 342 personas fueron víctimas de esta estructura criminal que sería una de las primeras muestras de las alianzas entre agentes del Estado y organizaciones criminales.

 Además de ser uno de los líderes de la alianza, Loaiza dispuso de su finca ‘Villa Paola’ como uno de los centros en los que se llevaron a cabo los actos de tortura contra la población civil.  Un juez de Buga, Valle del Cauca, ordenó en 2013 que el narcotraficante indemnizara a las familias de 42 muertos, 22 muertos y un desaparecido por los que fue condenado. Por este caso, “El Alacrán” pidió perdón a las víctimas en 2016. 

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