Dos reveses judiciales en menos de tres meses ha sufrido Olmedo de Jesús López, testigo estelar en el expediente de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Dos jueces le negaron el preacuerdo para que fuera condenado a seis años y dos meses de cárcel y después el principio de oportunidad que le permitía inmunidad total de otros delitos como consecuencia de su efectiva colaboración con la justicia. En ambos casos, los togados se quejaron de que la Fiscalía no sustentó con contundencia por qué se le debían otorgar estos beneficios procesales a quien abrió la puerta para destapar el más grave escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué el ente acusador ha fallado en audiencias tan trascendentales para el futuro de un caso tan sensible? Esa es la pregunta que ronda desde hace meses entre quienes conocen las minucias del expediente.
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Con una particularidad: si se cae el acuerdo de la Fiscalía con López, buena parte de los procesos que se derivaron de sus confesiones y de las de su mano derecha, Sneyder Pinilla, podrían derrumbarse. Pero hay algo más: cuanto más tiempo pase sin que se defina la suerte jurídica de López y Pinilla, ninguno de ellos podrá declarar ante la Corte Suprema de Justicia contra los 10 congresistas que hoy investiga ese alto tribunal por el saqueo a la Ungrd. De hecho, en varias ocasiones han aplazado su comparecencia alegando que todavía está en curso el trámite de sus beneficios por colaboración. Este martes 12 de agosto un juez definirá el principio de oportunidad del exsubdirector Pinilla. De su aprobación depende que acuda a la citación que le hizo la Corte para los días 13, 14 y 15 de agosto. Si estas negociaciones se siguen demorando, los expedientes contra los parlamentarios no avanzarán a paso firme.
El Espectador conoció los oficios que le envió la Corte a la Fiscalía en los que refiere que el testimonio de Olmedo López es fundamental en sus pesquisas. El primer oficio, del 5 de febrero de 2025, es del magistrado Francisco Farfán, quien investiga a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso. “Es de interés de esta corporación que López se comprometa a rendir testimonio, a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos”, señaló el documento. Cinco días después, un funcionario del despacho del magistrado Misael Rodríguez insistió en la misma petición, esta vez para que dicho testimonio fuera incorporado en el proceso contra cinco parlamentarios y un exparlamentario de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). El último requerimiento de la Corte a la Fiscalía fue el pasado 16 de junio por parte de la magistrada Cristina Lombana, quien investiga a los senadores Martha Peralta y Julio Elías Chagüi.
Los tumbos de la Fiscalía en este caso empiezan a generar alarmas. A pesar de que un juez le dictó medida de aseguramiento a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), el pasado 6 de julio, aún no ha sido posible que la Interpol expida la orden de captura internacional en su contra. González, quien aparentemente está en Nicaragua, es investigado como uno de los presuntos articuladores de la estrategia de la Casa de Nariño para comprar congresistas con el fin de que aprobaran los proyectos de interés del Gobierno. Otro lunar parecido es el de César Manrique, exdirector del Departamento de la Función Pública, sobre quien también recae una medida de aseguramiento, pero nadie sabe dónde está él. Y aunque hace dos meses la Fiscalía anunció la imputación contra Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, hasta el sol de hoy todo ha quedado en palabras.
Varios de los protagonistas de este expediente que hasta hoy siguen sin ser vinculados por el ente investigador fueron reseñados en la extensa medida de aseguramiento de 799 páginas que profirió la Sala de Instrucción de la Corte, el 24 de julio, contra los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, y el exrepresentante Juan Diego Muñoz. Aunque no los envió a prisión, el alto tribunal sí dejó constancia de que habrían participado “en un probable esquema de negociación criminal junto con altos funcionarios de nivel directivo y asesores de la rama Ejecutiva”. En otras palabras, para el alto tribunal hay evidencias de que el Gobierno los habría comprado a través de tres proyectos de la Ungrd por $92.000 millones en Bolívar, Arauca y Córdoba. Todo a cambio de que votaran millonarios créditos internacionales que se tramitaban en la CICP en 2023.
Por ejemplo, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, aparece como uno de los protagonistas de los presuntos acuerdos ilícitos que habría tramitado el Gobierno con esos congresistas. Registros de llamadas, chats, testimonios y videos de cámaras de seguridad en momentos precisos en los que al Ejecutivo le urgía que se aprobaran esos empréstitos internacionales ubican a Velasco como un supuesto enlace para concretar esas dádivas, aunque él siempre ha negado cualquier delito; sin embargo, la Corte piensa otra cosa y pidió a la Fiscalía que lo investigue. “El entonces ministro del Interior no era ajeno a los asuntos que se estarían ajustando alrededor de las sesiones de la CICP. Por el contrario, fue delegado para esos menesteres conforme se lo dijo el propio (Ricardo) Bonilla a su asesora (María Alejandra) Benavides el 31 de octubre de 2023”.
Pero si las esquirlas contra Velasco son abundantes, ni qué decir contra Ricardo Bonilla. La extracción de los mensajes de WhatsApp de su enlace con el Congreso, María Alejandra Benavides, reveló la bitácora de los presuntos acuerdos ilegales para comprar a los parlamentarios de la CICP. Ella misma declaró ante la Fiscalía que su jefe le dio la orden de avanzar en estos pactos bajo la mesa; testimonio que ratificó esta semana ante la Sala de Instrucción de la Corte. En un reciente trino, el exministro Bonilla afirmó que no tenía intenciones de irse del país y que estaba pendiente de cualquier llamado de la justicia. Su entonces viceministro, Diego Guevara, también quedó bajo grave sospecha en la investigación del alto tribunal. En específico, por una reunión que sostuvo con tres de los parlamentarios procesados el 5 de diciembre de 2023.
El tiempo corría contra el Gobierno, pues la legislatura acababa 10 días después y aún faltaba aprobar siete créditos internacionales que necesitaba el Ejecutivo para cuadrar caja. Fue en ese turbulento lapso que se habrían concretado los sobornos para los parlamentarios. La Corte fue contundente con su señalamiento contra Guevara, a quien también pidió investigar: “La prueba sugiere que las visitas de los congresistas a la oficina de Guevara (ese 5 de diciembre) habrían estado relacionadas con un probable esquema de negociación criminal. Los mensajes ya transcritos que fueron enviados por (María Alejandra) Benavides al ministro titular y al encargado sugieren que la motivación de los eventos orbitaría alrededor de gestiones realizadas por los funcionarios de Hacienda en favor de los congresistas”. Inferencias similares hizo la Corte contra otro funcionario que no ha sido tocado: Jaime Ramírez Cobo.
En la compulsa de copias del alto tribunal a la Fiscalía esta semana también se pidió indagar las responsabilidades que tendrían en este esquema de presunta corrupción 11 altos exfuncionarios del Gobierno nacional, tres más de alcaldías locales y un particular, entre quienes están el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, los exministros Gloria Ramírez, Luis Fernando Velasco, Óscar Mauricio Lizcano y Diego Guevara, y los exasesores Kevin Fernando Henao, Alba Nury Martínez, Andrea Ramírez y Jaime Ramírez Cobo, entre otros. Mientras la Corte avanza en el esclarecimiento de las presuntas responsabilidades de 10 parlamentarios y ya les resolvió la situación jurídica a ocho de ellos, en la Fiscalía los tiempos parecen distintos. Y lo ocurrido en los últimos tres meses con Olmedo López parece ratificar los temores de muchos: que el primero que levantó la mano para evidenciar la corrupción en este caso hoy está en un limbo.
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Por Juan David Laverde Palma
