El exsenador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez Cortés, está a un paso de ser condenado o absuelto por delitos relacionados con corrupción cuando era parte del Congreso. Al parecer, manejó los hilos de una red ilegal que direccionaba contratos y cobraba millonarias coimas por entregar a dedo proyectos para las regiones. El caso, que lo tiene hoy en la cárcel y dejó su silla vacía en el Senado, está a muy poco de concluir para saber si el político es o no culpable de los tres delitos por los que fue acusado por la Corte Suprema de Justicia. El Espectador conoció los alegatos de conclusión que la defensa de Ramírez y la Procuraduría le presentaron a la Sala de Primera Instancia para que decida el futuro del excongresista.
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En el despacho del magistrado Jorge Caldas, quien tiene a su cargo el proceso, reposan los dos documentos: el de la Procuraduría, de 38 páginas; y el de la defensa del político, de 106. El primero pide sentencia condenatoria contra el exsenador del Centro Democrático por, supuestamente, ser “coautor del delito de concierto para delinquir agravado, autor de cohecho propio, y determinador en el de interés indebido en la celebración de contratos”. En cambio, su defensa, pide que “se emita sentencia absolutoria por duda razonable”, es decir, porque no hay pruebas suficientes para demostrar que el exsenador direccionó grandes contratos entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta cuando estuvo en la cúpula del poder legislativo.
La génesis de la investigación, que hizo la Sala de Instrucción del alto tribunal, es un contrato de noviembre de 2021 entre el DPS y Proyecta por un valor total de más de $48.660 millones. Ese negocio permitió evidenciar que, en realidad, no fue solo uno sino una cascada de contratos que, al parecer, se repartían con la empresa Proyecta, a cambio de un porcentaje para el político. Por el caso, en diciembre de 2023 la Corte ordenó su captura y desde abril del año pasado Ciro Ramírez está sentado en el banquillo de los acusados. En estos 11 meses, el alto tribunal ha recopilado testimonios, documentos, chats, correos electrónicos, interceptaciones telefónicas y registros de ingresos a entidades, entre otras pruebas, para decidir el futuro del político que insiste en su inocencia.
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Para respaldarlo, su defensa sostiene que nada de lo que se presentó ante el alto tribunal es lo suficientemente fuerte para que se defina la culpabilidad del exsenador. En los documentos conocidos por este diario, su abogado señala que Pablo César Herrera Correa, exgerente de la empresa Proyecta, y Alejandro Noreña Castro, exasesor y supuesto enlace de la empresa con el excongresista, fueron “los únicos dos testigos directos que sirvieron de soporte para emitir la resolución de acusación”. Además, que sus declaraciones tienen “irregularidades, contradicciones, falsedades en sus declaraciones, lo que permite establecer la duda frente a los señalamientos que realizaron en contra de mi representado”.
Herrera Correa y Noreña Castro ya fueron condenados por su participación en el entramado criminal por el que se investiga a Ciro Ramírez. Pero, en busca de beneficios en sus penas, hicieron un acuerdo con la justicia en el que se comprometieron a hablar en el caso contra el político. Precisamente, ese es el argumento con el que la Procuraduría le da un peso importante a sus declaraciones y dice que no son testimonios para tomar a la ligera, sino que, por estar contemplados dentro de un acuerdo, tuvieron que haber sido contrastados y validados por los investigadores. Además, el Ministerio Público señala que hay documentos que darían cuenta de las presuntas ilegalidades.
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La Procuraduría puso de presente que las pruebas indicarían que el exsenador, “en consentimiento con el entonces director del DPS, Pierre García Jacquier, habrían acordado suscribir una gerencia integral con Proyecta para obtener beneficios dinerarios”. Además, que “el aparente direccionamiento de los contratos se encuentra también soportado en una práctica consecuente y reiterativa en la selección de proponentes ligados entre sí”. Según el ente de control, los contratos fueron entregados a empresas que provenían del mismo oferente, donde se presentaban propuestas donde una cumplía los requisitos y las otras eran de “relleno”, y se estructuraban como “‘contrataderos’ con el firme propósito de hacerse adjudicatarios de un contrato direccionado”.
La batería de pruebas que acumuló el alto tribunal, documentales y testimoniales, son para la Procuraduría material suficiente para demostrar que Ciro Ramírez actuó con pleno conocimiento de los actos criminales que presuntamente cometió y que estuvo detrás de la repartición de contratos a cambio de coimas. Sin embargo, la defensa del político sostiene que ni los testimonios, que tilda de irregulares y contradictorios, ni los documentos que se presentaron a la Corte, prueban alguna ilegalidad por parte de su prohijado. De hecho, en su documento final, los abogados sostienen que “la única gestión que realizó fue ayudar para solucionar un inconveniente que tenía un convenio en el departamento del Quindío y así quedó demostrado”.
Por ahora solo queda esperar a que el magistrado Caldas presente ante la Sala de Primera Instancia el proyecto de fallo para que sus colegas estudien y tomen una decisión de fondo. Aunque no se sabe con certeza cuánto tiempo tomará el alto tribunal, fuentes al interior de la Corte aseguran que es uno de los casos que Caldas tiene como prioridad y buscaría definirlo en el menor tiempo posible. Mientras tanto, el exsenador del Centro Democrático permanecerá tras las rejas, a pesar de haber buscado más de cuatro veces su libertad en medio del proceso. Petición que, sin embargo, siempre ha sido rechazada pues, para la Corte, existe un riesgo latente de que pueda entorpecer la recolección de pruebas y persuadir a los testigos de los presuntos hechos.
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Por Jhordan C. Rodríguez
