Nuevos alcances dio la Corte Suprema a la Ley de Justicia y Paz, luego de que aceptara la imputación parcial de cargos presentada por la Fiscalía en contra del desmovilizado Walter Ochoa Guisao, por conductas delictivas muchas de las cuales se produjeron después del límite contemplado para otorgar penas alternativas a los ex combatientes.
Para la colegiatura, muchas de las actuaciones de los desmovilizados hacen parte de una "conducta permanente", a la que debieron recurrir por la disciplina que debían guardar como parte de la estructura armada del grupo ilegal al cual pertenecían, y de ahí que considere que tales cargos también deban ser incluidos en los beneficios y no trasladados al estudio de la Justicia Ordinaria.
"Con ocasión de la desmovilización de comandos paramilitares muchos de sus integrantes optaron por conformar nuevos grupos ilegales en diferentes zonas del país para incursionar en delitos de idéntica natura (las águilas negras, etc.) y para ellos corresponde el juzgamiento ante el juez ordinario, lo perceptible es que otros desmovilizados habrán mantenido férrea disciplina y voluntad de sometimiento a la ley de justicia y paz hasta su entrega efectiva a la justicia", dice la Sala Penal.
El alto tribunal consideró que pese a que el desmovilizado pudo haber delinquido en fechas posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 975, su actuación no rompe con el espíritu de la norma, en tanto que cumplió con los preceptos que lo hacían merecedor a hacerse a la postulación.
"La contemplación material de la prueba que revela que el postulado no desdibujó los propósitos fundamentales de la ley de justicia y paz: el cese de las hostilidades, el compromiso de abstenerse de cometer conductas ilícitas, la contribución efectiva con la paz nacional (artículo 11), y que por ello se hizo merecedor a acceder al derecho de la alternatividad de la pena", argumentó la Sala.
Exponiendo tales argumentos, la Corte revocó la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de declararse impedida para conocer los procesos por los cargos posteriores a la entrada en vigencia de Justicia y Paz imputados al desmovilizado.
Para la Sala Penal es el Tribunal el que tiene la competencia y no la Justicia ordinaria, por cuanto los delitos imputados por la Fiscalía están dentro de la órbita de los beneficios contemplados para los postulados.
En consecuencia, esa Corporación debe asumir por completo el proceso en contra de Ochoa Guisao y concederle la pena alternativa por los cargos de concierto para delinquir, fabricación tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias.
Ochosa Guisao, alias 'el Gurre', hijastro del conocido jefe paramilitar Ramón Isaza asumió el poder de la estructura conocida como Frente Omar Isaza, en honor al hermanastro muerto. En poco tiempo “el hijo entenado” como lo denomina Ramón Isaza, expandió su poder por Honda, Mariquita, Fresno, Armero-Guayabal, Falan, Palo Cabildo y Marquetalia, en Tolima, y Manzanares, Pensilvania y La Victoria, en Caldas.
El Gurre, campesino analfabeta que empezó como garitero en el ejército de su padre adoptivo, resultó ser el comandante más inteligente para adelantar la guerra. Sereno, pausado y muy calculador, se distinguió por tomar las decisiones más acertadas en el plano militar y así se ganó el respeto del viejo Isaza y extendió sus dominios.
Sin embargo, algo que su padre aún le reclama es la excesiva autonomía que le otorgó a varios de sus mandos militares, entre ellos alias Memo y alias Tolima, que terminaron excediéndose con masacres y desapariciones forzadas.
El Espectador en un editorial en días pasados había advertido sobre la inconveniecia de un llamado que hizo el Gobierno al Congreso para extender la Ley de Justicia y Paz, que va en la misma línea que parece ahora mostrar la Corte con esta decisión.
Por El Espectador
