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Un juez de control de garantías ordenó la libertad inmediata de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial señalada por la Fiscalía como la presunta intermediaria en el entramado de sobornos del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión se produjo por vencimiento de términos, al considerar que se superaron los plazos legales sin que avanzara el juicio oral en su contra.
Según la investigación de la Fiscalía, Ortiz es señalada de haber actuado como intermediaria en la entrega de millonarios sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, con el presunto propósito de facilitar el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.
Por estos hechos, ambos excongresistas permanecen privados de la libertad. De acuerdo con el ente acusador, Name habría recibido COP 3.000 millones, mientras que Calle habría recibido COP 1.000 millones. Por su parte, Sandra Ortiz fue acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
El juez que ordenó su libertad señaló que, desde la radicación del escrito de acusación contra la exconsejera presidencial, han transcurrido “329 días, término que evidentemente está por encima de los 240 días que establece” la ley. Con base en esa consideración, el despacho concluyó “que, en efecto, el término está ampliamente superado conforme a las observaciones efectuadas por este operador judicial. En consecuencia, el Juzgado 35 accede positivamente a la solicitud elevada por la defensa y, en consecuencia, ordena la libertad inmediata de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova; como consecuencia, se dispone librar la correspondiente boleta de libertad”.
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El pasado 10 de abril comenzó el juicio oral contra la exconsejera presidencial, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara, en segunda instancia, la negativa a la solicitud de preclusión presentada por su defensa dentro del proceso relacionado con el escándalo de corrupción en la Ungrd.
Antes de esa decisión, el 4 de marzo, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ya había rechazado la petición de cierre del caso y ratificado la continuidad del proceso. El despacho concluyó entonces que no existían impedimentos para que la exconsejera enfrentara el juicio, pese a que ha insistido en negar los señalamientos en su contra.
La defensa de Ortiz, encabezada por el abogado Mauricio Camacho, buscó frenar el avance del proceso argumentando presuntas inconsistencias en la imputación, especialmente frente a un contrato que inicialmente se relacionó con el municipio de Repelón (Atlántico). Según explicó el abogado, tras solicitar información a la Ungrd se estableció que el contrato realmente fue ejecutado en Girón (Santander), circunstancia que, a su juicio, generaba dudas sobre la acusación antes del inicio del juicio oral.
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En la más reciente audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos, el pasado 8 de mayo, la defensa aseguró que Sandra Ortiz completa 460 días privada de la libertad desde la radicación del escrito de acusación, en enero de 2025. Según sus cálculos, los términos estarían vencidos desde hace 52 días.
Durante la diligencia, Ortiz volvió a intervenir y pidió que se le permitiera defenderse en libertad. La Procuraduría, por su parte, solicitó al juez conceder la libertad de Sandra Ortiz al considerar que han transcurrido 300 días no atribuibles a maniobras dilatorias de la defensa desde la radicación del escrito de acusación.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía consultadas por El Espectador, se han dado “maniobras dilatorias por parte de la defensa” para que arranque el juicio contra la exconsejera. El ente acusador sostiene que se acumulan 284 días de dilaciones atribuibles a la defensa, por lo que aún restarían 185 días para configurar el vencimiento de términos por no iniciar el juicio.
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