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Con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, la Sala Plena de la Corte Constitucional le dio luz verde a la emergencia económica que decretó el gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto del pasado 10 de agosto en el país. Según se lee en la sentencia C-366 de 2026, que recoge la decisión del alto tribunal, la medida tiene restricciones en su aplicación.
Por un lado, la Corte Constitucional condicionó el alcance territorial de la emergencia. Según se lee en la decisión, este ámbito comprende únicamente a los municipios que según los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registraron afectaciones por el terremoto y sus réplicas.
En esa línea, el alto tribunal señaló que, para los demás departamentos se deberá demostrar de manera precisa y con soporte técnico una afectación concreta derivada del fenómeno que originó la declaratoria.
A través del Estado de Emergencia, el gobierno no podrá atender problemas que se hayan ocasionado antes del 10 de agosto, fecha del terremoto. Solo podrá hacerlo en los casos en que se "demuestre la insuficiencia de los mecanismos ordinarios y que tales medidas se encuentren directa y estrechamente relacionadas con la fase de rehabilitación y busquen restablecer las condiciones de vida, la infraestructura, los servicios y las actividades socio-económicas afectados por la crisis, sin reproducir situaciones de riesgo, en los términos señalados en esta providencia".
Asimismo, la Corte resaltó que las medidas deberán adecuarse a las necesidades, contextos y particularidades de los grupos poblacionales afectados por la emergencia. Para esto, se deberá incorporar información detallada y criterios diferenciales, así como atender la situación de vulnerabilidad de los sujetos de especial protección. "La ausencia o insuficiencia de dicha información no podrá constituir una barrera para su atención y deberá dar lugar a las medidas necesarias de verificación y caracterización", agregó.
Sobre el manejo económico, el alto tribunal determinó que se tendrá que recalcular el costo total de la emergencia para establecer los recursos en atención. En esa misma línea, la Corte fijó que las competencias para financiar y ejecutar recursos no pueden extenderse, en ningún caso, a gastos no relacionados directamente con el estado de emergencia declarado, ni tampoco destinarse a financiar el déficit fiscal.
"Las entidades con competencia para ordenar el gasto deberán indicar mediante acto administrativo las razones por la cuales, en función de la oportunidad del gasto y de la disponibilidad de los recursos, no es posible acudir a medios ordinarios de financiación. Esta obligación se extenderá a los recursos que todavía no se hayan comprometido o ejecutado", explicó la Corte.
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Lucila(60806)•12 de noviembre de 2026 – 15:52Senores de la corte, sean mâs responsables,andan de regalados,permitiendo abusos con todo lo que propone el ungido de Uds. que saben que va a acabar con nuestro paîs.
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GONZALO(02bph)•11 de noviembre de 2026 – 17:52Y que siga la robadera….