Corte Constitucional estudia polémica ponencia que limitaría el "derecho al insulto"

Hasta ahora, en Colombia un ciudadano puede usar las redes sociales para decirle a otro que es un ladrón o un mentiroso. Bajo la cobija de la libertad de expresión, una persona tiene el derecho a hacer esta clase de aseveraciones, pues simplemente se trata de una opinión. La necesidad o no de imponer límites a estas expresiones en plataformas como Facebook o Twitter es un tema que estudia hoy la Corte Constitucional y el magistrado José Fernando Reyes les presentó a sus compañeros un polémico proyecto de fallo que limitaría en gran medida ese "derecho al insulto" que existe en el país.

La Sala Plena tiene planeado resolver la disputa jurídica esta semana, pues hay plazo hasta el próximo jueves para hacerlo. En el orden del día de este 10 y 11 de septiembre figura este álgido tema para estudio del alto tribunal, que tiene como pase la ponencia del magistrado Reyes. El borrador de fallo, según personas cercanas a su despacho, plantea nuevas reglas en el marco de la libertad de expresión en el país, un tema que hasta hoy ha contado con una especial protección en la Constitución colombiana.  

(En contexto: Lo que está en juego en la audiencia sobre libertad de expresión en redes sociales)

La más importante de ellas es que cualquier alusión que se haga contra una persona en referencia a un delito, la libertad de expresión ya no protegería su derecho a expresar sus planteamientos. En palabras más sencillas, los ciudadanos no podrían señalar a alguien de ser ladrón o estafador en redes sociales, por más que tengan pruebas para hacerlo, o por más que se trate de una opinión o una consideración personal. Para hacerlo, sin excepción, debería existir una condena de por medio.

Quienes conocen el trabajo Reyes, aseguraron que se trata de una ponencia que recoge toda su experticia en el campo del derecho penal, algo que para otros no se puede mezclar con asuntos constitucionales, como la libertad de expresión. Sin embargo, la Corte estudia una ponencia de un penalista de pura cepa. Reyes es abogado penalista de la Universidad de Caldas, hizo estudios de doctorado en Derecho Penal y Derecho Humanos y fue juez penal y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Administrativo de Caldas. 

(Le puede interesar: Los riesgos de regular las redes sociales).

Para abogados que trabajan en la Corte, hay otra problema grave en los planteamientos de Reyes. En concreto, los juristas explicaron que en la ponencia no se hizo ninguna diferenciación entre quiénes son los que emiten los mensajes ni con qué fin, sino simplemente su contenido. Esto es problemático, señalaron, pues una cosa es difundir opiniones y posiciones personales, algo que puede hacer cualquier persona, y otra cosa diferente es informar temas de interés público, un trabajo que está en cabeza de periodista que deben seguir ciertos parámetros de objetividad.

Hasta ahora, en el caso de las opiniones o insultos, la Corte ha dicho que se trata de expresiones amparadas por el derecho a la libertad de expresión y, de salir ganador el proyecto de Reyes, el cambio sería radical. Su ponencia la acompañarían los magistrados Cristina Pardo y Carlos Bernal. En la esquina contraria están Diana Fajardo y Alejandro Linares, con posturas en la línea de seguir con la misma jurisprudencia sobre estas libertades. Y todavía no es clara la posición que tomarían Antonio Lizarazo, Gloria Ortiz y Luis Guillermo Guerrero.

(Le recomendamos leer: Defensa a la libertad de expresión (con sus excesos incluidos))

El magistrado faltante, Alberto Rojas, no participará de esta discusión pues se encuentra incapacitado. El debate es espinoso: además de estar discutiendo la posibilidad de ponerle límites al derecho al insulto, los magistrados también tienen que definir si las plataformas de redes sociales deben ser responsables de la emisión de estos mensajes y si pueden o no eliminarlos. Una orden que hasta ahora Google y Facebook se han negado a cumplir pues, aseguran, ellos son simplemente los encargados de prestar sus plataformas y su trabajo no es controlar a sus usuarios. 

El expediente que revisa la Corte, en realidad son cuatro tutelas acumuladas. La primera de ellas tiene que ver con un mensaje que una persona anónima publicó en la red Blogger, en el que escribió que los dueños y empleados de la tienda Muebles Caquetá era unos “estafadores” y ladrones. En la segunda, el mensaje se publicó en Facebook y decía que una mujer era una estafadora, abusaba de la confianza y robaba. El tercero, muy similar a los anteriores,  también se compartió en Facebook.

(Le recomendamos leer: ¿Freno a la injuria y la calumnia en Internet?)

En el, los residentes de un edificio aseguraron que el administrador del lugar era un ladrón y no cumplía con sus deberes. Y finalmente el cuarto caso involucra un mensaje compartido en Facebook en el que se asegura que una persona es mafiosa, corrupta y “ratera”.  Todos son mensajes usuales de encontrar en redes sociales pero que, para el magistrado Reyes, deben tener un tatequieto pues, en ninguno de ellos, hay una sentencia judicial que soporte esos señalamientos de delitos como hurto, estafa o soborno. 

En los casos de las tutelas, la Corte ya les ordenó a Facebook y a Google intervenir y borrar los mensajes. Sin embargo, como el tema está de nuevo en estudio, no es claro cuál es el paso a seguir y solo se sabrá cuando los magistrados se pronuncien nuevamente. Es de tal importancia el tema, y sus implicaciones podrían ser tan graves, que el alto tribunal, en mayo pasado, convocó a una audiencia pública para conocer las posiciones de las cabezas de las diferentes entidades que resultarían afectadas por este fallo, así como de expertos que defendieron la libertad de expresión y el "derecho al insulto". 

A la cita asistieron desde los representantes de los emporios de  Facebook y Google, hasta el procurador Fernando Carrillo, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, representantes de la Superintendencia de Industria y Comercio y delegados de los ministerios de Tecnologías de la Información y de Educación. Pedro Vaca, de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el escritor Ricardo Silva Romero y el periodista Héctor Abad Faciolince también participaron en la audiencia. 

En la mayoría de los casos, los intervinientes de la audiencia plantearon que no se le puede poner reglas específicas a quienes ofrecen plataformas de redes sociales y que, pese a que lo que se vive allí puede ser considerado como “un mundo oscuro”, la solución no está en restringir lo que se dice, sino en cambiar la cultura que normalizó los insultos en estas plataformas. Hasta ahora, las decisiones de la Corte han estado más del lado de no poner ningún límite y más bien aplicar una especie de “test” a cada caso en particular.

El proyecto de fallo de Reyes sigue su rumbo en la Sala Plena. El próximo jueves 12 de septiembre se podría saber cuál es la determinación que tomará la Corte Constitucional sobre este controversial asunto, justamente en la víspera de su encuentro en Cartagena, en donde el tema central será, precisamente, el papel de los jueces frente a las nuevas tecnologías.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.

Hasta ahora, en Colombia un ciudadano puede usar las redes sociales para decirle a otro que es un ladrón o un mentiroso. Bajo la cobija de la libertad de expresión, una persona tiene el derecho a hacer esta clase de aseveraciones, pues simplemente se trata de una opinión. La necesidad o no de imponer límites a estas expresiones en plataformas como Facebook o Twitter es un tema que estudia hoy la Corte Constitucional y el magistrado José Fernando Reyes les presentó a sus compañeros un polémico proyecto de fallo que limitaría en gran medida ese "derecho al insulto" que existe en el país.

La Sala Plena tiene planeado resolver la disputa jurídica esta semana, pues hay plazo hasta el próximo jueves para hacerlo. En el orden del día de este 10 y 11 de septiembre figura este álgido tema para estudio del alto tribunal, que tiene como pase la ponencia del magistrado Reyes. El borrador de fallo, según personas cercanas a su despacho, plantea nuevas reglas en el marco de la libertad de expresión en el país, un tema que hasta hoy ha contado con una especial protección en la Constitución colombiana.  

(En contexto: Lo que está en juego en la audiencia sobre libertad de expresión en redes sociales)

La más importante de ellas es que cualquier alusión que se haga contra una persona en referencia a un delito, la libertad de expresión ya no protegería su derecho a expresar sus planteamientos. En palabras más sencillas, los ciudadanos no podrían señalar a alguien de ser ladrón o estafador en redes sociales, por más que tengan pruebas para hacerlo, o por más que se trate de una opinión o una consideración personal. Para hacerlo, sin excepción, debería existir una condena de por medio.

Quienes conocen el trabajo Reyes, aseguraron que se trata de una ponencia que recoge toda su experticia en el campo del derecho penal, algo que para otros no se puede mezclar con asuntos constitucionales, como la libertad de expresión. Sin embargo, la Corte estudia una ponencia de un penalista de pura cepa. Reyes es abogado penalista de la Universidad de Caldas, hizo estudios de doctorado en Derecho Penal y Derecho Humanos y fue juez penal y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Administrativo de Caldas. 

(Le puede interesar: Los riesgos de regular las redes sociales).

Para abogados que trabajan en la Corte, hay otra problema grave en los planteamientos de Reyes. En concreto, los juristas explicaron que en la ponencia no se hizo ninguna diferenciación entre quiénes son los que emiten los mensajes ni con qué fin, sino simplemente su contenido. Esto es problemático, señalaron, pues una cosa es difundir opiniones y posiciones personales, algo que puede hacer cualquier persona, y otra cosa diferente es informar temas de interés público, un trabajo que está en cabeza de periodista que deben seguir ciertos parámetros de objetividad.

Hasta ahora, en el caso de las opiniones o insultos, la Corte ha dicho que se trata de expresiones amparadas por el derecho a la libertad de expresión y, de salir ganador el proyecto de Reyes, el cambio sería radical. Su ponencia la acompañarían los magistrados Cristina Pardo y Carlos Bernal. En la esquina contraria están Diana Fajardo y Alejandro Linares, con posturas en la línea de seguir con la misma jurisprudencia sobre estas libertades. Y todavía no es clara la posición que tomarían Antonio Lizarazo, Gloria Ortiz y Luis Guillermo Guerrero.

(Le recomendamos leer: Defensa a la libertad de expresión (con sus excesos incluidos))

El magistrado faltante, Alberto Rojas, no participará de esta discusión pues se encuentra incapacitado. El debate es espinoso: además de estar discutiendo la posibilidad de ponerle límites al derecho al insulto, los magistrados también tienen que definir si las plataformas de redes sociales deben ser responsables de la emisión de estos mensajes y si pueden o no eliminarlos. Una orden que hasta ahora Google y Facebook se han negado a cumplir pues, aseguran, ellos son simplemente los encargados de prestar sus plataformas y su trabajo no es controlar a sus usuarios. 

El expediente que revisa la Corte, en realidad son cuatro tutelas acumuladas. La primera de ellas tiene que ver con un mensaje que una persona anónima publicó en la red Blogger, en el que escribió que los dueños y empleados de la tienda Muebles Caquetá era unos “estafadores” y ladrones. En la segunda, el mensaje se publicó en Facebook y decía que una mujer era una estafadora, abusaba de la confianza y robaba. El tercero, muy similar a los anteriores,  también se compartió en Facebook.

(Le recomendamos leer: ¿Freno a la injuria y la calumnia en Internet?)

En el, los residentes de un edificio aseguraron que el administrador del lugar era un ladrón y no cumplía con sus deberes. Y finalmente el cuarto caso involucra un mensaje compartido en Facebook en el que se asegura que una persona es mafiosa, corrupta y “ratera”.  Todos son mensajes usuales de encontrar en redes sociales pero que, para el magistrado Reyes, deben tener un tatequieto pues, en ninguno de ellos, hay una sentencia judicial que soporte esos señalamientos de delitos como hurto, estafa o soborno. 

En los casos de las tutelas, la Corte ya les ordenó a Facebook y a Google intervenir y borrar los mensajes. Sin embargo, como el tema está de nuevo en estudio, no es claro cuál es el paso a seguir y solo se sabrá cuando los magistrados se pronuncien nuevamente. Es de tal importancia el tema, y sus implicaciones podrían ser tan graves, que el alto tribunal, en mayo pasado, convocó a una audiencia pública para conocer las posiciones de las cabezas de las diferentes entidades que resultarían afectadas por este fallo, así como de expertos que defendieron la libertad de expresión y el "derecho al insulto". 

A la cita asistieron desde los representantes de los emporios de  Facebook y Google, hasta el procurador Fernando Carrillo, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, representantes de la Superintendencia de Industria y Comercio y delegados de los ministerios de Tecnologías de la Información y de Educación. Pedro Vaca, de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el escritor Ricardo Silva Romero y el periodista Héctor Abad Faciolince también participaron en la audiencia. 

En la mayoría de los casos, los intervinientes de la audiencia plantearon que no se le puede poner reglas específicas a quienes ofrecen plataformas de redes sociales y que, pese a que lo que se vive allí puede ser considerado como “un mundo oscuro”, la solución no está en restringir lo que se dice, sino en cambiar la cultura que normalizó los insultos en estas plataformas. Hasta ahora, las decisiones de la Corte han estado más del lado de no poner ningún límite y más bien aplicar una especie de “test” a cada caso en particular.

El proyecto de fallo de Reyes sigue su rumbo en la Sala Plena. El próximo jueves 12 de septiembre se podría saber cuál es la determinación que tomará la Corte Constitucional sobre este controversial asunto, justamente en la víspera de su encuentro en Cartagena, en donde el tema central será, precisamente, el papel de los jueces frente a las nuevas tecnologías.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.