25 Jul 2019 - 5:19 a. m.

Corte Constitucional llama la atención por desplazamiento de comunidades del Pacífico y Jiw

El alto tribunal citó a una sesión técnica para analizar lo que está ocurriendo con dichos grupos étnicos dentro del seguimiento a la sentencia que declaró en emergencia estos poblaciones debido a la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales en relación al desplazamiento forzado.

Redacción Judicial

La Corte Constitucional citó a una audiencia de seguimiento para analizar desplazamiento de comunidades del Pacífico y Jiw.  / Mauricio Alvarado-El Espectador
La Corte Constitucional citó a una audiencia de seguimiento para analizar desplazamiento de comunidades del Pacífico y Jiw. / Mauricio Alvarado-El Espectador

La Corte Constitucional citó para el 30 de julio de 2019 una nueva audiencia de seguimiento de la sentencia T-025, decisión del alto tribunal que declaró en 2004 un estado de cosas inconstitucionales en el fenómeno del desplazamiento forzado en el país. Es decir, que ese año la Corporación observó una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales en esta materia (Desplazamiento forzado) y sin que las autoridades actuaran para solucionar el problema.

En esta ocasión, la sesión estará dedicada expresamente a analizar la situación humanitaria que actualmente aqueja a las poblaciones desplazadas del Pacífico colombiano y los miembros de la comunidad indígena Jiw, en los Llanos orientales.

(Puede ver: La crítica situación humanitaria que vive el pueblo indígena Jiw)

En la pasada audiencia de seguimiento, llevada a cabo el 29 de noviembre del 2018, la Defensoría del Pueblo pidió convocar a una sesión cuyo enfoque sea las realidades que están viviendo en la parte más occidental del país las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas como resultado “del impacto del conflicto, la violencia y las situaciones de confinamiento y desplazamiento”.

En su solicitud, la institución encabezada por Carlos Alfonso Negret señaló que existe en la actualidad una persistencia del desplazamiento forzado hacia zonas urbanas o entre comunidades en el Pacífico. También aseguró que la violencia que se vive en estas regiones ha obligado que exista en la población una restricción para moverse dentro de sus territorios.

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Estos dos fenómenos mencionados anteriormente vendrían en aumento en dicha región desde el 2015, según afirmó la Defensoría. De forma llamativa, se estarían presentando en los “territorios priorizados en el Acuerdo Final de Paz para implementar los programas de sustitución de cultivos y adelantar los planes de desarrollo con enfoque territorial”.

Dentro de las conclusiones, el ente parte del Ministerio Público también señaló que es urgente atender la demanda de protección en estas zonas ya que podría ocurrir la expansión de grupos post-Farc, como ya ha pasado en Buenaventura. Así mismo, señaló que en esta región del país “existen bloqueos institucionales que se manifiesta de forma particular” y que “pueden incidir en la garantía de los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado”.

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La Corte lleva seis meses estudiando la situación del pueblo Jiw, comunidad indígena que se ubica principalmente en los departamentos del Guaviare, Meta y Putumayo. Según los informes revelados, ha aumentado los desplazamientos al interior de los territorios Jiw impulsados por la presencia de grupos armados “que se autodenomina como disidentes de las Farc-Ep y presuntos integrantes de las Autofensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”.

Los estudios presentados ante el alto tribunal mostraron que hay situaciones de violencia que están favoreciendo el desplazamiento de estas comunidades: amenazas a líderes y autoridades indígenas y el secuestro de sus integrantes. Estos elementos fueron confirmados por la Unidad de Víctimas, que aseguró que no puede darse cumplimiento del Auto 173 de 2012, que ordenó el restablecimiento de los derechos del pueblo Jiw, ya que no es posible asegurar su sostenibilidad.  

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Los miembros de las comunidades Jiw de San José del Guaviare hicieron llegar un documento al alto tribunal en el que señalaron los obstáculos que hay frente a la intención de restablecerles sus derechos: no les han consultado los planes de retorno a sus territorios, no se ha concertado con ellos la atención humanitaria, no hay un enfoque diferencial para atender a los menores de edad por parte del Instituto de Bienestar Familiar, una carretera está siendo construida justo por la mitad de su resguardo y hay presencia de minas antipersonales en sus territorios.

De igual manera, la Corte Constitucional tuvo en cuenta una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en la que se señaló que el desplazamiento forzado al que está sometido este grupo humano es agravado por el reclutamiento de “los niños, niñas y adolescentes” de su comunidad por armados de la zona y el choque intercultural con los colonos que llega a sus territorios.

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Estas situaciones, de acuerdo con el pronunciamiento del Ministerio Público, sería un factor que favorecería que los niños de los pueblos Jiw inicien “a temprana edad el consumo de sustancias psicoactivas, sean víctimas de violencia sexual e ingresen a grupos armados que hacen presencia en la zona”.

Ante las realidades por el desplazamiento que estarían viviendo las comunidades del Pacífico y los Jiw, la Corte Constitucional decidió citar a una nueva sesión de seguimiento para estudiar estos dos casos en específico. En ella, el próximo 30 de julio, podrán intervenir “un representante del pueblo indígena Jiw, seis líderes de la población desplazada del pacífico, el defensor del pueblo, y el procurador” para que haga una descripción detallada de la emergencia humanitaria que se está viviendo.

Para este seguimiento hecho por la Corte fueron citados los ministros de Defensa y del Interior, el consejero para la Estabilización y Consolidación, el director de la Unidad para las Víctimas, los gobernadores de Cauca y Chocó y el alcalde de San José del Guaviare para que rindan un informe detallado sobre la situación, la respuesta institucional frente a esta problemática y la ruta a seguir para atender esta emergencia humanitaria.

De igual manera, se invitó a un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado y la comisión de seguimiento a la política pública del desplazamiento forzado.

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