Publicidad
6 Jul 2022 - 4:13 p. m.

Corte Constitucional llamó la atención al Mininterior por registro de comunidades

Luego de fallar una tutela a favor del Consejo Comunitario Casimiro Meza Mendoza (Coconebo), la Corte Constitucional le llamó la atención al Ministerio del Interior porque muchas comunidades étnicas no están incluidas en las bases de datos de la entidad, ni cuentan con territorios colectivos titulados.
La Corte llamó la atención al Ministerio del Interior por la ausencia de información sobre comunidades étnicas en sus bases de datos.
La Corte llamó la atención al Ministerio del Interior por la ausencia de información sobre comunidades étnicas en sus bases de datos.
Foto: Ministerio del Interior

La Corte Constitucional, en horas de la mañana, le hizo un jalón de orejas al Ministerio del Interior después de fallar una tutela a favor del Consejo Comunitario Casimiro Meza Mendoza, ubicado en el departamento del Cesar, la cual exigía que se le respetaran los derechos al debido proceso. Esta vulneración, según la Corte, “está íntimamente ligada a la exclusión de la comunidad de la base de datos del MinInterior”. La comunidad entuteló al Ministerio, el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y Corpocesar por la creación de un proyecto del GEB sin que se realizara consulta previa.

Lea aquí: Adjudicación de la finca Las Pavas a campesinos, atascada en la Agencia de Tierras

La tutela fue rechazada por un juez en primera instancia, ya que, según él, “el ejecutor del proyecto adelantó los trámites de la consulta previa en los términos previstos por la ley y la comunidad debió interponer los recursos de ley en contra de la certificación”. En este caso, el ejecutor sería el Grupo de Energía de Bogotá. Este grupo, estaría desarrollando un proyecto de infraestructura que habría afectado “el hábitat de las especies nativas ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica de las cuales la comunidad deriva parte de su sustento”.

La tutela llegó a la Sala Sexta de Revisión de la Corte y, con ponencia de la hoy exmagistrada Gloria Stella Ortiz, se decidió reabrir el expediente. Al fallar nuevamente la tutela, “se determinó que la obra a desarrollar por el GEB impactaba directamente a la comunidad indígena”. Según esta sala, el Ministerio del Interior sí violó el derecho de esta comunidad a la consulta previa. Esto debido a que no incluyeron a la comunidad en los colectivos étnicos registrados en la certificación N°0563 del 17 de octubre de 2019, certificación que sirvió para crear un registro de las comunidades para el ministerio.

Lea también: Tierras indígenas, claves para metas climáticas en Colombia

Además, la Corte determinó que el Ministerio vulneró el derecho al debido proceso al momento de la consulta previa porque, a pesar de conocer la existencia del grupo y su ubicación en el corregimiento de Boquerón, impidió su participación en el registro de comunidades dentro del ministerio, omitió estudiar el impacto del proyecto en la comunidad y no atendió los llamados del Grupo de Energía sobre la situación de la comunidad. La consulta previa es necesaria para la protección de esta comunidad, ya que el proyecto afecta directamente las condiciones de vida de sus miembros.

La Corte estudió, entonces, la posibilidad de suspender el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto y dejar sin efectos la certificación, pero consideró desproporcionado ese camino. Por esto, la Sala consideró que existían medidas menos drásticas. Entre estas se encuentra la posibilidad de ejecutar el trámite de consulta previa con la comunidad y la inscripción de la comunidad en la base de datos administrada por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del MinInterior.

Le puede interesar: Diferencias en los arhuacos por suspensión de audiencia pública en Cesar

En el fallo, la Corte reiteró su llamado de atención al Ministerio del Interior para que, de ahora en adelante, tenga en cuenta que hay una deficiencia en la identificación de las comunidades étnicas en las bases de datos de la entidad. Además, no cuentan con territorios colectivos titulados, “pese a lo cual su existencia puede producir la necesidad de ser oídos cuando se adelantan proyectos que puedan afectar directamente sus derechos” enfatizó el alto tribunal.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Síguenos en Google Noticias

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.