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Ante el riesgo de seguridad que enfrentan los excombatientes de las Farc, tanto candidatos del Partido Comunes y de otros partidos políticos, como votantes, de cara a las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional adoptó medidas urgentes para garantizar su seguridad.
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La decisión la tomó el alto tribunal luego de realizar un estudio de riesgo en el que tuvo en cuenta, entre otras fuentes de información, la alerta temprana 030-23 de la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre que los departamentos de Cauca, Putumayo, Caquetá, Nariño, Chocó, Atlántico y Norte de Santander, además de tener un nivel extremo de riesgo electoral, también han sido los lugares donde la Defensoría ha identificado más riesgo para los firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016.
En ese contexto, la Corte constató que los grupos armados ilegales han tenido o están teniendo una incidencia directa o indirecta en la forma como se desarrolla el proceso electoral en las zonas en las que están presentes. “El hecho de que estos comicios estén enfocados en la elección de los cargos de administración local, implica para estos grupos la posibilidad de que, bajo las nuevas administraciones puedan mantener o ampliar su control y posicionamiento en los territorios”, expone el auto 2224 de 2023, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo.
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Sala Especial de Seguimiento a la SU-020/22 adopta medidas urgentes y complementarias para garantizar la seguridad de la población firmante del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación y de los y las integrantes del partido Comunes, durante periodo electoral de 2023. Hilo🧵 pic.twitter.com/goNMxpiFhN
— Corte Constitucional (@CConstitucional) September 19, 2023
Por esa razón, la Sala Especial de Seguimiento aunque reconoció que las entidades estatales que conforman el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) han avanzado y ya han realizado acciones para proteger a los excombatientes, estas no son suficientes, por lo ordenó adoptar medidas urgentes.
Entre ellas, le ordenó al Ministerio del Interior y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) que aseguren la participación activa del Consejo Nacional de Paz en el marco de las actividades que desarrollan estas entidades en la Subcomisión de Tolerancia, No Violencia y No Estigmatización del Plan Nacional de Garantías Electorales.
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De otro lado, la sala ordenó al Ministerio del Interior a coordinar, con las entidades que conforman la Subcomisión, la creación de una estrategia que permita recolectar información relacionada con actos de estigmatización en medio de las campañas políticas. La información deberá trasladarse oportunamente al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, en estricta coordinación con el Consejo Nacional de Paz, el Pacto Político Nacional.
“Para esto debe seguir parámetros como la construcción desde las regiones más afectadas por la violencia, la inclusión y la participación de diferentes partidos y movimientos políticos, comunidades en los territorios, gremios económicos, medios de comunicación, organizaciones religiosas, organizaciones de mujeres, población LGBTI, personas en condición de discapacidad, pueblos étnicos, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, entre otros”, dice la Corte.
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En este sentido, la Corte también le ordenó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien preside el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), que adelante labores con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección respecto de asignación de medidas de protección para cada candidato firmante o integrante de Comunes que así lo solicite.
Pero la Corte también ordenó a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP que, en coordinación con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, atienda de forma urgente e inmediata las solicitudes de protección para los candidatos firmantes del Acuerdo e integrantes del partido Comunes y materialice sin dilaciones las medidas de protección conferidas a las sedes de ese partido.
Por último, instó a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía adoptar medidas para impulsar la investigación y judicialización de estructuras responsables de patrones criminales para la población firmante y sus candidatos y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, reactiven la Instancia Tripartita de Seguridad y Protección (ITPS) con el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, para atender los riesgos especialmente en municipios y territorios cuya amenaza es calificada como extremo y alto.
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