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La Corte Constitucional ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente y pedir disculpas en máximo cinco días a las mujeres periodistas del país por las declaraciones que pronunció durante la posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, el 30 de agosto de 2024. En ese evento, el jefe de Estado se refirió a las periodistas, señalándolas como “muñecas de la mafia”, expresión que, según el alto tribunal, vulneró derechos fundamentales a la libertad de expresión, a una vida libre de violencias y a la no discriminación.
Con esta decisión, la Sala Plena revocó los fallos del Consejo de Estado que habían negado las tutelas interpuestas por la organización El Veinte, dirigida por la abogada Ana Bejarano Ricaurte, y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en representación de 16 periodistas; y el abogado Germán Calderón España.
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En su lugar, el alto tribunal concedió el amparo a favor de las periodistas y determinó que el presidente deberá retractarse en un plazo máximo de cinco días. Esa retractación deberá hacerse en una alocución presidencial, en el mismo formato en que se pronunciaron las expresiones consideradas estigmatizantes.
Además, la Corte ordenó que el presidente incorpore una nota aclaratoria en la que reconozca que la expresión “muñecas de la mafia” y la acusación de que las periodistas “construyeron la tesis del terrorismo en la protesta” no fueron adecuadas ni respetuosas de los derechos de las mujeres periodistas. También deberá abstenerse de volver a emitir mensajes o publicaciones que puedan vulnerar los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género, incluso en entornos digitales.
El origen de las tutelas
El proceso surgió a raíz de dos tutelas presentadas de manera independiente y luego acumuladas por el Consejo de Estado. Ambas reclamaban protección judicial por las declaraciones del presidente, que fueron pronunciadas y luego publicadas en la página oficial de la Presidencia.
Las declaraciones de Petro tuvieron lugar el 30 de agosto de 2024, durante la posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, en Nuquí (Chocó). Un día después, Marín, desde su cuenta de X, rechazó los comentarios del mandatario y señaló que “no hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”, remató.
En primera instancia, el 14 de octubre de 2024, y en segunda, el pasado 17 de enero, el Consejo de Estado consideró improcedentes las tutelas contra las expresiones de Petro y negó el amparo. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, decidió revocar esas decisiones y conceder la protección solicitada por las periodistas.
La Corte enfatizó que los funcionarios públicos deben ejercer su derecho a la libertad de expresión con especial diligencia, respetando los límites que impone la Constitución y los tratados internacionales. Recordó, además, los deberes del Estado de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, incluidos los discursos estigmatizantes.
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Para el alto tribunal, las expresiones del presidente no están protegidas por la libertad de expresión, pues constituyeron una forma de violencia simbólica y de discriminación de género. La Corte también advirtió sobre los riesgos adicionales que enfrentan las mujeres periodistas por su labor, particularmente frente a la violencia digital.
La decisión fue aprobada por unanimidad en la Sala Plena, y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis presentaron aclaraciones de voto. Ibáñez, aunque estuvo de acuerdo con la decisión, consideró que la sentencia debía profundizar en los estándares internacionales de protección de los derechos de las mujeres. Camargo, por su parte, subrayó la responsabilidad de todos los servidores públicos, y en particular la del jefe de Estado, en el uso del lenguaje, dado el poder e impacto de sus mensajes.
Uno de los magistrados que participó en la decisión fue Héctor Carvajal Londoño, quien ha reconocido públicamente ser “amigo íntimo” del presidente Petro. Aunque no se declaró impedido, explicó que dicha relación no configuraba un motivo de recusación, al no existir un interés directo o familiar dentro de los grados de consanguinidad que establece la ley. Carvajal reconoció que votó en contra de que la tutela fuera revisada por la Sala Plena, aunque terminó por votar a favor de la decisión contra el presidente Petro.
La ponencia de la magistrada Lina Escobar
De acuerdo con documentos conocidos por El Espectador, la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez presentó ante sus ocho colegas de la Corte Constitucional un informe en el que argumentó por qué este caso —que enfrenta la libertad de prensa con los límites del discurso presidencial— debía ser analizado por la Sala Plena y no por una de sus salas de revisión. La magistrada sostuvo que, por la trascendencia del debate y la naturaleza de las órdenes solicitadas, era necesario que la decisión fuera adoptada por el pleno de magistrados.
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Las demandantes —entre ellas la organización El Veinte, liderada por la abogada Ana Bejarano Ricaurte, y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)— solicitaron que se ordenara al presidente Gustavo Petro retractarse y ofrecer disculpas públicas, además de abstenerse de usar expresiones discriminatorias contra las mujeres periodistas en el futuro.
Durante el trámite, la Casa de Nariño envió su posición y pidió negar la tutela. La apoderada del jefe de Estado sostuvo que las declaraciones del presidente no vulneraron derecho alguno, pues fueron emitidas en ejercicio de su libertad de expresión. También señaló que el mandatario aclaró posteriormente sus palabras en su cuenta de X —donde cuenta con más de 8,3 millones de seguidores—, al precisar que “las periodistas no son muñecas de la mafia, pero que en ocasiones el narcotráfico ha cooptado el periodismo”.
No obstante, la organización El Veinte y la FLIP insistieron en que la expresión usada por el presidente hace parte de un patrón de estigmatización contra la prensa, seguido de ataques, insultos y amenazas en redes sociales. Recordaron además que no era la primera vez que el mandatario recurría a señalamientos de ese tipo, mencionando otros calificativos como “periodismo Mossad” o sus comparaciones entre la prensa y el nazismo. Para las accionantes, ese lenguaje resultó “violento, sexualizado, cosificador y estigmatizante” hacia las mujeres periodistas.
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