La Corte Constitucional concluyó que el periodo para el cargo de experto en la Comisión de Regulación de Energía y Gas es de cuatro años. Lo hizo luego de estudiar una demanda de constitucionalidad que planteó que los comisionados expertos, por ser agentes del presidente de la República, pueden ser removidos de sus cargos, sin que se les aplique un periodo de cuatro años.
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La Corte, en su análisis, concluyó que el Congreso confió a las comisiones de regulación, como la CREG, la responsabilidad de hacer cumplir el régimen legal de los servicios públicos domiciliarios, correspondiéndole determinar su grado de independencia y su esquema de organización.
Recordó tambíen que la Ley 142 de 1994 creó la CREG como una unidad administrativa especial, con independencia administrativa, técnica y patrimonial. “Aunque integra el sector central de la rama ejecutiva y está adscrita al Ministerio de Minas y Energía, ello se refiere a la orientación y coordinación que debe existir entre los órganos de la administración, mas no implica una subordinación personal de los comisionados de la CREG al presidente de la República”, explicó el alto tribunal.
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El alto tribunal añadió que son agentes del presidente aquellos que ocupan cargos que tengan una relación de dependencia y subordinación, y que deban responder y cumplir las órdenes que emita aquel como su superior jerárquico; así mismo, quienes deban actuar bajo sus órdenes y orientaciones para asegurar la coherencia de la política pública, el cumplimiento de los planes y la agenda de gobierno.
El pasado 1 de febrero, Una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le ordenó al Gobierno nombrar los seis comisionados expertos que integran la Comisión de Regulación de Energía y Gas en un plazo no mayor a 30 días. La CREG, un ente adscrito al Ministerio de Minas y Energía y cuya misión es crear las reglas de juego necesarias para asegurar la disponibilidad de energía eléctrica y gas en Colombia-, es un órgano compuesto por nueve miembros: tres son del Gobierno (ministro de Hacienda, ministro de Minas y el director del DNP) y los seis restantes corresponden a comisionados expertos. A la fecha, el Gobierno ha nombrado a cuatro expertos, pero solo uno de ellos en propiedad.
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