
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos nexos con el paramilitarismo y la presunta responsabilidad en masacres y crímenes ocurridos en Antioquia durante la década de 1990 seguirá en manos de la Fiscalía. En la mañana de este miércoles 9 de noviembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver de fondo la disputa entre la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La decisión tuvo como ponente a la magistrada Paola Meneses, actual presidenta de la Corte.
La votación en la sala quedó 7 a favor y dos en contra. Salvaron su voto los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis. Lo que se sabe hasta el momento es que la ponencia de Meneses planteaba que la petición para solucionar el conflicto "no configuración de los presupuestos normativo y objetivo".
Uribe Vélez es investigado por hechos relacionados con la violencia paramilitar en Antioquia en la década de los 90: las masacres de El Aro y La Granja, la conformación de un grupo de autodefensas en San Roque (Antioquia) y el asesinato del líder defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Aunque la investigación penal venía siendo adelantada por la Fiscalía desde hace años, el pasado 26 de agosto la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes pidió que se le remitiera el expediente para ser ellos desde el Congreso quienes continuaran con las pesquisas en contra del exmandatario.
Los argumentos del Congreso
En ese momento, el presidente de la Comisión, el congresista Carlos Alberto Cuenca Chaux, envió una carta a la Fiscalía diciendo que la decisión fue tomada teniendo en cuenta la hipótesis de la presunta participación de Uribe Vélez en el delito de concierto para delinquir “por hechos ocurridos junto al grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro, en donde el mencionado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización”.
Su misiva decía que, teniendo en cuenta que Álvaro Uribe fue presidente de la República entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2010, y que los hechos materia de investigación habrían ocurrido hasta 2003, “existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieren desarrollado durante el periodo de tiempo en el que Álvaro Uribe Vélez fungió como Presidente de la República”.
Según la carta, “en sesión del (19) diecinueve de agosto de 2026 la Comisión aprobó por unanimidad la colisión de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que sea la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes quien asuma el conocimiento de la referida actuación”. Asimismo, el Congreso le pidió a la Fiscalía “la remisión del expediente seguido”.
La Comisión además resaltó que la ley establece que “es claro que el Presidente de la República o quien haga sus veces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, tienen la condición de aforados, en cuanto su investigación corresponde a la Cámara de Representantes que debe acusar ante el Senado de la República, de haber lugar a ello, y a la Corte Suprema de Justicia su juzgamiento, en caso de delitos comunes”.
Los argumentos de la Fiscalía
Sin embargo, la Fiscalía contestó a esa petición diciendo que no se dejaría quitar el expediente, pues los hechos allí investigados habrían tenido lugar antes de la llegada de Uribe a la Casa de Nariño. El ente investigador argumentó que, “al no atribuirse los hechos referidos al doctor Álvaro Uribe Vélez en condición de Presidente de la República, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación continuar con la investigación, bajo los derroteros de la Ley 600 de 2000, siendo esta entidad la que tiene la competencia actual”.
En su respuesta, la Fiscalía precisó que, con base en los criterios señalados por la Corte Suprema de Justicia, las conductas investigadas corresponden a los presuntos vínculos de Uribe Vélez con el grupo armado organizado conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ocurridos cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Antioquia. En ese sentido, el ente investigador concluyó: “En consecuencia, atendiendo a la Asignación Especial encomendada por la Señora Fiscal General de la Nación, le corresponde a esta Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, continuar con la etapa de instrucción y las decisiones posteriores que el curso de la investigación señale”.
El origen del proceso
La investigación en contra de Uribe Vélez se reactivó el pasado 18 de junio, cuando el propio expresidente informó que la Fiscalía lo había llamado a indagatoria por su presunta relación con tres masacres ocurridas en Antioquia durante la década de 1990. Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició formalmente las pesquisas por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Las indagaciones también cubren el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
El ente investigador le sigue la pista a Uribe por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, bajo la hipótesis de que habría facilitado y promovido el accionar de los grupos armados que tuvieron como base de operaciones la Hacienda Guacharacas.
El conflicto entre las dos autoridades aterriza en la Corte Constitucional pocos días después de la indagatoria hecha al expresidente Uribe sobre cuatro episodios que marcaron la historia paramilitar de Antioquia en la década de 1990: la conformación de grupos armados en la hacienda Guacharacas y las masacres de El Aro, La Granja y San Roque y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
-
Marco(53341)•10 de noviembre de 2026 – 00:05Añora con el alma quedar bajo competencia de la Comisión de Acusaciones este montañero criminal cobarde. Y se inventa hasta el último recurso para evadir a la justicia. Qué accionar tan indigno y vergonzoso.
-
Bueno Bueno(20426)•09 de noviembre de 2026 – 17:22ES claro hasta la saciedad de que el matarife o alvaraco o el salgareño o como quieran llamarlo es culpable de todas esas masacres y de muchas más cosas, sus amigotes como "tubo", el asesino del gallón, villegas, sus amigos, parientes y vecinos Ochoa, son una clara muestra, pero de todas maneras las pruebas son irrefutables, le dan mucha vuelta a eso, condenen ya a ese asesino de baja estofa.
-
Alberto(3788)•09 de noviembre de 2026 – 17:10El nefasto, corrupto e hiper mediocre Camargo con el taimado derechista Ibáñez, no ocultan que están al servicio de intereses personales y NO de la Justicia.
-
Berta Lucía(2263)•09 de noviembre de 2026 – 17:03¿Por qué no se va a hacerle compañía a su hermano ya condenado? Él, que dice quererlo tanto. Ya su primo pagó condena; ¿no le toca ahora a él?
-
Albert Schweitzer(75791)•09 de noviembre de 2026 – 15:49El mismo chiste de siempre.
-
Gilberto(54899)•09 de noviembre de 2026 – 15:29Por eso es que el ESPURIO abelardo quiere acabar con la JEP: Para enterrar la verdad y cobijar a quienes llenaron de dolor y horror a Colombia.
-
Nerhy(22027)•09 de noviembre de 2026 – 14:55Que les pasa a estas cortes, están en vacaciones, silencio total frente a la violencia que se pasea por todo el país, pasan por alto casos donde deberían pronunciarse, no es posible que en esta corte salga con el cuento de declararse inhibida, la suprema salió de su letargo ayer por la amenaza a los medios de información, porque sus dueños son los empresarios, si hubieran sido medios alternativos había pasado como la masacre donde murió el bebé de 2 meses. Silencio total.
-
UJUD(9371)•09 de noviembre de 2026 – 14:45La misma decisión que le aplicaron a su hermanito Santiago, el apóstol.
-
Diana cp(85842)•09 de noviembre de 2026 – 14:05Increíble el presidente que acabó con el paramilitarismo, el que acabó con las masacres, el que bajó los homicidios de 32000 a menos de la mitad, el que acabó con el secuestro, el que desmovilizó mas de 50000 personas de grupos violentos, el que dejó el país con solo 45mil hctas de coca el mayor causante de la violencia ahora con acusaciones ridículas que provienen de Odebretch Santos y su pacto con las FARC, mientras el repugnante Cepeda un comprobado asesino libre como un pájaro
-
Viejito Senil(zl7ku)•09 de noviembre de 2026 – 17:28Te faltó: el que acabó con miles de vidas de inocentes campesinos y campesinas, el que acabó con los derechos laborales, el que acabó con varias empresas del Estado, el que acabó con defensores de derechos humanos… Ah, y se te olvidó publicar las pruebas contra Cepeda. Te falla la memoria!
-
-
Álamo(88990)•09 de noviembre de 2026 – 13:28Si así es la Corte, ¡corte!
-
BCongote(6iy15)•09 de noviembre de 2026 – 13:19En un país de mediocres, ¡gobiernan los mediocres!