La Corte Constitucional tiene la tarea de solucionar un grupo de tutelas, en cuyo trámite 15 accionantes solicitaron les anularan su traslado del Régimen de Prima Media, administrada por Colpensiones, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en manos de administradoras privadas como Protección, Porvenir o Colfondos. Para darle conclusión a esas peticiones, en las que acusan falta de información a la hora de tomar la decisión, la alta corte citó a audiencia pública para el próximo 28 de octubre, y así tener mayores elementos de juicio para valorar las demandas.
Lea: Ministerio del Trabajo debe regular pensiones de Prima Media bajo nuevo SISBEN
“Existen materias trascendentales que merecen ser abordadas a través del diálogo abierto que esta Corporación ha estimado necesario convocar. Entre ellas, las presuntas incidencias en las finanzas públicas y en la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social. A lo largo del actual trámite de revisión, Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entre otras instituciones, han insistido en la importancia que tendría incluir la perspectiva económica en el análisis de estas acciones de tutela”, explicó la Corte.
Entre las tutelas a evaluar, está la elevada por Colpensiones contra una sentencia de 2019 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual negó el traslado al Régimen de Ahorro Individual del señor José Benito Zuñiga. ¿La consecuencia de la negativa? Colpensiones se vio obligada a reconocer y pagar la pensión de vejez del ciudadano. De pasarse al régimen privado, Zuñiga habría accedido a una cuenta individual de ahorro no a un fondo común de afiliados como sucede en Colpensiones. Otra diferencia radica en que en el Régimen de Prima Media los ciudadanos se pensionan con un mínimo de 1.300 semanas trabajadas, y en el régimen privado la pensión depende del ahorro mismo.
Lea también: Colpensiones no demandará a Helena Herrán y le pagará su pensión como mujer
Las demás tutelas en estudio de la Corte Constitucional corresponden a acciones de tutela promovidas individualmente por ciudadanos, a quienes distintas Salas Laborales de Tribunales Superiores en el país -la mayoría en Bogotá- les negaron la anulación del traslado de Colpensiones a administradoras privadas. Todos los demandantes, según la Corte, pidieron la protección de sus derechos porque presuntamente no habían obtenido la información adecuada para realizar el traslado y, por tanto, solicitaron se declaren nulos todos sus trámites.
En una de las temáticas a abordar por la Corte, se pretende indagar en las razones estructurales, jurídicas y de política económica que sostienen el diseño actual del Sistema General de Pensiones. Además, la relación de esa organización con la política de traslados entre los dos regímenes. “¿Cuál es el monto y la destinación de los aportes que mensualmente los afiliados del Sistema General de Pensiones realizan a las diferentes administradoras de los dos regímenes de pensiones, y las diferencias relevantes en la administración de los recursos así obtenidos entre cada uno de dichos regímenes?”, es una de las preguntas que estarán en el debate público.
Lea: El debate constitucional de los cambios pensionales hechos en la pandemia
La Corte busca entender, por otro lado, cuál es el impacto fiscal y de sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano cuando se permiten los traslados entre regímenes y por anulaciones de traspaso por orden judicial, como sucede en los casos de tutela. A la audiencia pública fueron convocadas la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Procuraduría, para que cada uno, dentro de sus competencias, se pronuncien sobre las variables jurídicas sobre la anulación de traslados entre regímenes. En especial, sobre el derecho a la información presuntamente vulnerado y que reclaman 14 de los accionantes.
“¿Ha existido una política pública para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional? ¿Cuáles han sido sus etapas de acuerdo con la legislación vigente en cada momento? ¿Qué acciones en concreto desplegaron las administradoras de pensiones y qué tipo de información suministraban a la persona interesada, para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional?, son otros de los cuestionamientos que se plantearán en la audiencia pública.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.