La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el hoy senador Iván Cepeda Castro. Según detalló el alto tribunal, esta instancia judicial busca establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico.
Esa consulta se realizó en octubre de 2025 y, tras su resultado, el partido definió que el candidato de esa colectividad para la elecciones presidenciales de 2026 sería Iván Cepeda. El magistrado ponente de esta investigación, Francisco Farfán, ordenó la práctica de pruebas y declaraciones.
En ese contexto, la demanda que llegó al CNE hablaba de la necesidad de una investigación porque “estuvo muy a ras del tope electoral; aunque no se lo pasó, hay varias inconsistencias. Entre ellas está que el dueño de Samat ha salido a manifestar que él no tiene nada que ver con Cepeda, pero aparece como donante. Y esta empresa que tiene un capital de cero pesos sale a donarle COP 600 millones”. Desde el Pacto Histórico negaron cualquier irregularidad.
La papelera Samat publicidad s.a.s, con sede en Barranquilla, figuró como la firma que, según el informe oficial que le remitió la campaña de Iván Cepeda al Consejo Nacional Electoral (CNE), aceptó entregar servicios de publicidad vía crédito, lo cual suma un 70 % de los gastos reportados por el senador para la consulta que realizó el Pacto Histórico. La compañía figura con matrícula mercantil desde 2018 y sus representantes legales son Javier Antonio Pérez Páez y Juan Carlos Páez Mendoza. Dentro de los documentos publicados por el ente electoral, aparece también el primero de ellos con un crédito en especie por COP 116 millones, dividido en dos cuentas de cobro: una de 300.000 periódicos por COP 61 millones y otra por 190.000 volantes por COP 55 millones.
Sin embargo, el pasado 1 de septiembre, el CNE decidió abstenerse de iniciar una investigación administrativa en contra del excandidato. Y, según Cepeda, ordenó la terminación definitiva de la actuación relacionada con la financiación de la consulta partidista presidencial realizada el 26 de octubre de 2025.
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Ahora, es la Corte Suprema la que inicia una indagación previa para establecer si Cepeda cometió un delito en esa iniciativa política del Pacto Histórico.
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