19 Dec 2019 - 5:01 p. m.

Corte Suprema abre indagación preliminar contra senador Gustavo Petro

La Sala de Instrucción del alto tribunal investigará a Petro por haber bajado la tarifa del SITP mientras fue alcalde de Bogotá, decisión que, al parecer, causó un detrimento en las finanzas de la ciudad y la cual se saldría de las facultades del exprimer mandatario.

Redacción Judicial

El senador Gustavo Petro demandó las sanciones que le impuso la Contraloría por este tema, logrando que se suspendieran mientras hay un fallo sobre el tema.  / AFP
El senador Gustavo Petro demandó las sanciones que le impuso la Contraloría por este tema, logrando que se suspendieran mientras hay un fallo sobre el tema. / AFP

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió indagación preliminar en contra del senador Gustavo Petro por haberle bajado la tarifa al sistema integrado de transporte (SITP) de Bogotá mediante la creación de "horas valle", cuando fue alcalde de la capital. Al parecer, esa decisión resultó en un detrimento patrimonial para la ciudad y, supuestamente, no estaba facultado para hacer ese cambio.

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Este proceso se remonta a finales de la alcaldía de Petro (2011-2015) y por estos hechos ya había sido sancionado por la Contraloría Distrital en la vía administrativa, pero el excandidato presidencial y ahora senador demandó la decisión. Ahora, a través de una denuncia, el proceso aterrizó en lo penal y, como Petro cuenta con fuero constitucional, será investigado por la Corte Suprema y no por la Fiscalía. 

En concreto,  desde 2016 es de conocimiento público que, para la Contraloría Distrital, la disminución de tarifas del SITP en 2012 llevó a Bogotá a perder una millonaria suma de dinero. En ese momento, el exmandatario estableció un esquema de franjas horarias, que llamó horas "valle" y "pico", bajando el precio regular del pasaje $350 y $50, respectivamente. 

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A pesar de que algunos usuarios celebraron la medida, la Contraloría Distrital desde ese momento puso la lupa en la decisión, al considerar que esto se configuraba en un subsidio ilegal y que el exalcalde no contaba con un respaldo fiscal que blindara la medida. Finalmente, en 2016 el ente de control condenó al senador, lo obligó a pagar $217 mil millones, le embargó las cuentas y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta que terminara de pagar la deuda. 

Sin embargo, Petro demandó la decisión, así como otras sanciones administrativas que le puso la Contraloría en su gestión, con lo cual estas no quedaron en firme. Por el momento, ninguna de esas demandas, que cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha sido fallada, con lo cual Petro pudo recuperar sus cuentas e inscribirse a las elecciones presidenciales del 2018 con tranquilidad. 

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