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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a la exsenadora Daira de Jesús Galvis Méndez, por presunto concierto para delinquir agravado para promover grupos al margen de la ley. De acuerdo con el alto tribunal, la política se habría aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para llegar al Senado para el periodo 2006-2010 por el partido Convergencia Ciudadana.
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Los hechos, dice la Sala, habrían ocurrido durante su campaña política en los años 2004 y 2005, cuando aspiraba llegar al Congreso. La política y el grupo armado se habrían aliado para obtener apoyo logístico y financiero en época electoral. En dicha, campaña también habría participado Enilce “La Gata” López Romero, quien para la misma época, lideraba la campaña política de su hijo Héctor Julio Alfonso López, aspirante a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar. Según la investigación, este apoyo fue tan importante que la llevo de abogada de confianza de López a congresista en 2007.
En ese momento, Daira de Jesús Galvis se lanzó por el partido Convergencia Ciudadana, el cual era liderado por el senador Luis Alberto Gil. Aunque la política no logro obtener el puesto mediante votación, más tarde, en octubre de 2007, llegaría al Congreso debido a que varios senadores fueron destituidos y condenados por paralítica. Entre ellos estuvo el propio Luis Alberto Gil, quien fue hallado cumpable de promover grupos paramilitares.
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Galvis se mantuvo en el congreso por cuatro periodos consecutivos más hasta 2022. Cercana a cumplir los 70 años, la abogada y excongresista enfrenta la acusación de la Corte Suprema que empezó, según información revelada por El Espectador, en marzo de 2008, con una denuncia anónima. Sin embargo, el caso no tuvo avances hasta que en 2019 la Sala de Instrucción la llamó a indagatoria.
En febrero de 2020 se presentó ante esta instancia y negó los nexos con paramilitares de los cuales era acusada. Posteriormente, entregó su versión de manera voluntaria entre julio y agosto de 2022 ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que dispone la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para determinar si era aceptada o no dentro de esta jurisdicción.
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