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Los millones perdidos en obras para Guainía por los que condenaron al exgobernador

Se trata de la decisión de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra de Efrén Ramírez, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado. Esto dice el expediente.

Redacción Judicial

15 de enero de 2025 - 02:23 p. m.
El exgobernador Efrén Ramírez fue condenado a más de 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
Foto: Función Pública
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El exgobernador de Guainía, Efrén de Jesús Ramírez, fue condenado nuevamente por la Corte Suprema de Justicia. Esta vez, en contra del exmandatario del departamento, la Sala de Primera Instancia del alto tribunal le impartió una sentencia con la que le ordenó pagar más de 13 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado. Los hechos por los que se declaró culpable ocurrieron entre 2004 y 2007, cuando estuvo al frente de la Gobernación.

De acuerdo con el documento completo conocido por este diario, la administración de Ramírez suscribió en junio de 2007 un contrato con INVÍAS con la finalidad de mejorar la vía Huesito-Puerto Caribe en el departamento. Las obras incluían puentes y obras de infraestructura, avaluadas en $2,550 millones. En dicho acuerdo se estableció que INVÍAS aportaría $2,391 millones y la Gobernación contribuiría con $160 millones.

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En la investigación que se adelantó en el caso, se encontró que antes de la adjudicación de la obra no se realizaron estudios técnicos vitales para el proyecto, como por ejemplo diseños geotécnicos, hidrológicos, topográficos y estructurales. Por esas acciones, dijo la Corte, se comprometió la viabilidad de las obras. Además, en el proceso de licitación pública, el contrato se le adjudicó al Consorcio Vía Huesito-Puerto Caribe, que fue el único proponente, sin garantizar transparencia ni competitividad.

El contrato finalmente se firmó en octubre de 2007 y se desembolsó un anticipo del 50%, aproximadamente $1,275 millones, por las obras, a las cuales se les dio inicialmente un plazo de ocho meses para la ejecución. Aun así, las obras quedaron inconclusas y abandonadas, como ocurrió con los puentes Quebrada Honda y Caño Seco, por no cumplir con especificaciones técnicas. También, se encontró que durante las obras se expidieron certificaciones de actividades y materiales que estaban por debajo de los estándares requeridos, pero que aun así se le entregaron los dineros al contratista.

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Por otra parte, la Sala de Primera Instancia encontró que aunque el objeto del contrato era mejorar la movilidad de la comunidad, eso nunca se cumplió, las obras quedaron abandonadas y no podían ser usadas por las personas. En cuanto al uso del dinero, el alto tribunal resaltó que al menos $871 millones, equivalente al 34% del valor total del contrato, fueron desviados y apropiados indebidamente.

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Por estos hechos, al exgobernador Ramírez se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por haber omitido los estudios técnicos esenciales y las normas de transparencia en el proceso de contratación. También, el delito de peculado por apropiación, por permitir en su administración el uso indebido de recursos públicos en beneficio de terceros. Fue así que la Sala lo condenó a más de 13 años de prisión (185 meses), sin derecho a prisión domiciliaria o a la suspensión condicional de la pena, por haber afectado el erario público.

Asimismo, se le ordenó pagar una multa de $470′998.200, equivalentes a 1086,45 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos. Igualmente, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo que permanecerá en prisión.

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Esta no es la primera condena en contra de Ramírez por hechos ocurridos durante su periodo como gobernador de Guainía. En 2022, la Sala de Primera Instancia de la Corte lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos ilegales y peculado a favor de terceros, por irregularidades en al menos 12 contratos suscritos en 2004 que se firmaron con diferentes motivos, que, según la Corte, no logró justificar.

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La Sala resaltó que la condena de prisión en contra de Ramírez tendrá que hacerse efectiva después de que él termine de pagar la condena de 2022, con la cual que enviado tras las rejas. Igualmente, la Corte señaló que la decisión puede ser apelada ante la Sala Penal, para lo cual la defensa del exgobernador tiene cinco días para buscar tumbar la más reciente decisión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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