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En la tarde del 6 de febrero fue capturado en la ciudad de Medellín Modesto Serna Córdoba, quien fue gobernador encargado y secretario de Gobierno del departamento del Chocó en el año 2007. La captura se dio luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmara un fallo de la Sala de Primera Instancia que lo declaró culpable de los delitos de prevaricato, fraude procesal y peculado.
Tras la decisión, Serna Córdoba tendrá que pagar una condena de siete años y seis meses de prisión. Funcionarios del CTI lo trasladaron al búnker de la Fiscalía en la ciudad de Medellín, al norte de la ciudad.
Los hechos por los que condenaron al exfuncionario se remontan al corto período entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 2007, cuando siendo secretario de Gobierno del Chocó y gobernador encargado expidió ilegalmente documentos que reconocían el pago de cesantías, prima de navidad y sanciones moratorias a profesores a los que no se les debían dichos pagos.
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La Corte Suprema de Justicia argumentó que haber firmado esos documentos fue una falta grave, en tanto el exfuncionario omitió los mecanismos de protección de los recursos públicos y desconoció las funciones con las que debía cumplir siendo gobernador encargado.
“Tal procedimiento es indicativo del afán de evadir la ley de manera manifiesta, asistiéndole razón a la Fiscalía, entre tanto, contando con los lapsos señalados, dado que el escaso periodo de tres días en los que estuvo a cargo de la institución le impedía ejecutar esa labor de manera idónea”, señaló el alto tribunal.
En la decisión que ratifica la condena, la Corte Suprema negó la solicitud de que Serna Córdoba cumpliera su condena en prisión domiciliaria, por lo que será trasladado a un centro carcelario.
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La captura del exfuncionario se da justo después de que la Sala de Primera Instancia del alto tribunal condenara Efrén Palacios Serna, exgobernador del mismo departamento, por su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La Corte determinó que en 2013, una vez posesionado como Gobernador de Chocó, “Palacios Serna ordenó que a través del Secretario de Salud Guillermo Verhelst Cruz, se tramitaran y celebraran con apariencia de legalidad múltiples negocios jurídicos en los que se hicieran figurar personas particulares supuestamente encargadas de suministrar medicamentos de alto costo incluidos y no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, que tenían como destinataria la población pobre y vulnerable del departamento, con el único fin de apropiarse en provecho propio y ajeno de los recursos públicos destinados para el efecto”.
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La actuación del exgobernador habría servido para que se desviaran $1.604′721.249 millones del erario público, aun sabiendo que los contratos iban a ser entregados a personas que no cumplían con los requisitos para ejecutarlos correctamente.
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