La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de cuatro años de prisión impuesta en diciembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá a Laude José Fernández Arroyo, exdirector de inteligencia del extinto DAS, por su participación en interceptaciones ilegales contra pilotos sindicalizados de Avianca.
El alto tribunal, con ponencia del magistrado Diego Corredor Beltrán, emitió una sentencia de 40 páginas en la que rechazó el recurso de casación interpuesto por Fernández para dejar sin efectos el fallo que lo envió a prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales.
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De acuerdo con lo probado en el proceso, entre 2017 y 2018 Fernández se alió con el teniente coronel retirado Jorge Humberto Salinas, gerente de la empresa JHS Consultores, señalada por la Fiscalía de ofrecer servicios clandestinos de interceptación informática y extracción de bases de datos privadas. La justicia estableció que esta alianza configuró “una organización criminal con vocación de permanencia”, un entramado en el que también participaron Roberto Montenegro Aguiar y Luis Gómez Góngora, investigadores del CTI.
Para ese momento, Fernández dirigía Consulting Colombia SAS, firma dedicada a servicios de “inteligencia corporativa” y apoyo en litigios, con un portafolio de clientes entre los que se encontraba Avianca.
En el marco del paro de pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores civiles (ACDAC), que se extendió desde septiembre hasta noviembre de 2017, Fernández accedió a información privada de trabajadores sindicalizados, particularmente de los capitanes Jaime Hernández Sierra y Julián Gustavo Pinzón, representantes gremiales.
La Corte reseñó que “con el propósito de hacer efectivo su cometido criminal, el acusado proporcionó al investigador Montero Aguiar los abonados celulares de los antes mencionados, a efectos de obtener de ellos sus conversaciones vía WhatsApp y otras aplicaciones“.
El cese de actividades afectó a cerca de 702 pilotos y tuvo gran impacto operativo y económico: unos 400.000 pasajeros resultaron afectados, se cancelaron 13.000 vuelos y Avianca reportó pérdidas por USD 2,5 millones diarios, según cifras conocidas tras la huelga, que culminó con un acuerdo de seis puntos entre ACDAC y la Defensoría del Pueblo.
La Fiscalía imputó a Fernández en noviembre de 2018. El expediente atravesó diversas etapas hasta la condena en 2022. En principio incluía el delito de violación ilícita de comunicaciones, pero este prescribió antes de llegar a sentencia.
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El exdirector del DAS buscó obtener prisión domiciliaria, argumentando deberes familiares. Sin embargo, ni el juzgado de primera instancia ni el tribunal que revisó la decisión concedieron el beneficio. En casación, la Corte Suprema volvió a negarlo tras concluir que Fernández no acreditó ser padre cabeza de hogar.
“No desconoce la Sala que el proceso penal tiene implicaciones profundas, no solo para el procesado, sino para su familia. Sin embargo, ello no es suficiente para conceder sin más la prisión domiciliaria como padre de familia”, indicó el fallo, al recordar que las menores cuentan con una “familia extendida”.
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