El intento del general (r) Henry Torres Escalante por anular una orden de captura emitida en su contra resultó fallido luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la demanda en la que el militar hacia la pretensión. Para la Corte Suprema de Justicia la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar la protección de sus garantías constitucionales.
“Al estar en fase de juzgamiento con fecha fijada, de audiencia pública, para el primer de febrero, motivo suficiente para la improcedencia del amparo demandado, puesto que dentro de dicho proceso penal cuenta con medios idóneos de defensa judicial para reclamar el amparo de las garantías que considera conculcadas, y agotar los recursos contra las decisiones interlocutorias adversas, como en efecto lo realizó”, señala el alto tribunal.
De igual modo, la Corte resalta que la acción de tutela no es un mecanismo para alterar las actuaciones de la justicia: “con la demanda resulta alterada la esencia de la acción de amparo constitucional, pese a que se ha insistido en los estrados judiciales de todos los niveles, que no se trata de un mecanismo alternativo para censurar el raciocinio jurídico, ni el trámite impartido al asunto, ni la convicción a la que pudiesen arribar los funcionarios competentes después de analizar la normatividad aplicable”.
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De acuerdo con las investigaciones, el general (r) Torres Escalante presuntamnete orquesto un plan para retener a Hugo Esgar Araque Rodríguez y Roque Julio Torres Torres y presentarlos como guerrilleros muertos en combate el 6 de marzo de 2007 en el municipio de Aguazul (Casanare). De acuerdo con la Fiscalía, el General “estaba a cargo de la preparación, ejecución y control del desarrollo de la Misión Táctica Fragmentaria No. 05 ‘Marte’”, en la que fueron asesinados Daniel Torres y su hijo.
El 28 de marzo de 2016 la Fiscalía Tercera Delegada ante le Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al general (r) Torres Escalante. En el escrito de acusación en su contra se citan 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios los que realizó la Fiscalía para asegurar que el entonces coronel Torres Escalante fue responsable de los hechos.
Según la Fiscalía, las muertes de los campesinos, quienes habrían sido presentados como auxiliadores del ELN, fueron planeadas con anticipación. Supuestamente el objetivo de los militares que se vieron involucrados en el crimen era silenciar a las víctimas, pues ambos eran testigos en dos procesos por “falsos positivos” que se estaban adelantando contra varios miembros de la Brigada bajo el mando de Torres Escalante.
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En la investigación se sustenta que en la ejecución extrajudicial se presentó una división del trabajo criminal, en la que Torres Escalante habría sido clave, pues habría influido en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior. Así mismo su aporte se realizó por acción y omisión”. Según el ente investigador, Torres Escalante habría ejecutado ocho acciones y dos omisiones para lograr la muerte de Daniel y Roque Torres.
El pasado 23 de enero, Torres Escalante se entregó a las autoridades tras una orden de captura emitida por el Tribunal Superior de Yopal que, en diciembre pasado, le revocó la libertad tras acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) el año pasado. Se ordenó su reclusión en una guarnición militar del Batallón de Infantería en el Cantón Norte.
Por Redacción Judicial
