El ministro del Interior, Armando Benedetti, no irá a la cárcel mientras avanza la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que avanza en la Corte Suprema de Justicia. Según encontró el alto tribunal, no hay indicios que prueben que el alto funcionario del gobierno Petro pueda obstruir las pesquisas.
La decisión fue tomada en la pasada sala, en la que, según conoció este diario, no hubo ninguna oposición a frente a dejar a Benedetti en libertad. Concretamente, lo que resolvieron los magistrados fue la situación jurídica por los dos delitos. El Espectador supo que aunque los togados encontraron que efectivamente hay un incremento en gastos y patrimonio por justificar, no había razón que justificara la detención preventiva.
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Dentro de lo observado por la Sala de Instrucción, no hay evidencia que indique que Armando Benedetti haya obstruido la investigación o vaya a hacerlo. Tampoco encontraron evidencia alguna de intento de fuga o no comparecencia al proceso. La única que no participó de la decisión fue la magistrada Cristina Lombana, quien fue apartada del caso por una recusación del propio ministro.
El 23 de octubre de 2023, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avaló una de las cinco recusaciones presentadas por Benedetti contra la magistrada Lombana, decisión que implicó su separación de una de las investigaciones que adelanta en su contra. El alto tribunal concluyó que existen razones suficientes para que Lombana se declare impedida en el proceso por enriquecimiento ilícito, aunque continuará conociendo los otros cuatro expedientes.
La investigación de la cual fue apartada la magistrada está relacionada con los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, derivados, entre otros hechos, de la compra de un apartamento y de giros de dinero al exterior. La recusación, presentada el 15 de agosto de 2023, fue considerada fundada por la Sala al advertir que, mientras el proceso estuvo en manos de la Fiscalía, tras la pérdida del fuero de Benedetti por su designación como embajador de Venezuela, la magistrada emitió un concepto que podría comprometer su imparcialidad.
El expediente regresó a la Corte Suprema el 3 de agosto de 2023, luego de la renuncia de Benedetti al cargo diplomático. Posteriormente, el 23 de agosto de ese año, la recusación fue asignada para su estudio al despacho del magistrado César Reyes.
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En cuanto a los otros cuatro procesos que cursan contra Benedetti: financiación irregular, delitos contra los mecanismos de participación democrática, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias, la Sala de Instrucción negó las recusaciones formuladas contra Lombana, sustentadas en una “supuesta enemistad grave”.
Según la Corte, en estos casos no se acreditó la existencia de dicha enemistad ni que se tratara de una situación de carácter bilateral. El tribunal recordó que las diferencias entre la magistrada y el político ya habían sido analizadas previamente por el Tribunal Superior de Bogotá, que en junio resolvió una solicitud de Lombana para que se le devolvieran los expedientes contra el exembajador. En esa ocasión, el Tribunal concluyó que no había un conflicto de competencias y precisó que corresponde a la Corte Suprema de Justicia definir quién debe continuar con los procesos contra el exsenador.
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