20 Jun 2019 - 3:26 p. m.

Corte Suprema estudia si revoca a la magistrada militar Cristina Lombana

En una situación sin precedentes, la Sala Plena del alto tribunal analiza si revoca a la jurista de su cargo como magistrada porque fue elegida y se posesionó siendo al mismo tiempo integrante del Ejército Nacional.

Redacción Judicial

La elección de Cristina Lombana Velásquez como magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, siendo al mismo tiempo mayor del Ejército Nacional, es uno de los episodios más polémicos que enfrenta el alto tribunal recientemente. La lluvia de críticas por su doble condición ha suscitado cuestionamientos de sus propios compañeros, que ya le dijeron que dudaban de su imparcialidad y, por ello, la apartaron de dos procesos en contra del senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Y ahora motivó el inicio de una actuación administrativa por parte de la Sala Plena que busca definir si hay lugar a revocarla del cargo.

Este hecho que no tiene precedentes fue informado por la Sala Plena ya a la magistrada Lombana, quien tendrá 15 días para pronunciarse sobre esta actuación que está a cargo del magistrado Eugenio Fernández Carlier, de la Sala Penal. Y está fundamentado en la Ley 190 de 1995, sobre el régimen de los servidores públicos, y el decreto ley 648 de 2017. En ambas normas se contempla la posibilidad de revocar  a una persona si se ocultó información o se aportó documentación falsa o si no reúne los requisitos salados para el cargo.

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Según el aviso público, se busca “definir si hay lugar a la aplicación del ordenamiento jurídico mencionado (…) dado que la doctora Cristina Lombana Velásquez fue elegida, confirmada y posesionada como magistrada de la Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ostentando simultáneamente vinculación con las Fuerzas Militares de Colombia”. Lombana fue elegida por la Sala Plena como magistrada el 17 de septiembre de 2018, luego de desempeñarse como juez penal militar durante más de 13 años.

Lombana está en la Corte en una comisión administrativa de servicios permanente, por un término indefinido, según la resolución N° 7182 de 5 de octubre de 2018 del Ministerio de Defensa. En su defensa, ha esto es posible gracias al decreto 1790 de 2000 que dice que se puede destinar al personal de las Fuerzas Militares en comisión en distintas entidades públicas. A pesar de estar en el “ojo del huracán” desde que le correspondió por reparto la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, la jurista alegó que no tenía por qué renunciar al Ejército porque ella nunca tuvo a su mando tropa ni dirigía operaciones.

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El 13 de mayo de 2019, sus compañeros de la Sala de Instrucción la separaron de ese caso asegurando que su doble condición de juez y militar pone en duda su imparcialidad. “El mantenimiento de su estatus militar en servicio activo genera duda razonable sobre el manejo adecuado de sus legítimos intereses personales”, dice esa decisión. Allí también se dijo que la justicia no solo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo. “Dos calidades deben tener los jueces: estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y con las partes del proceso; y ostentar la apariencia de ser libres e independientes frente a ellos”.

Tres días después, el círculo cercano de Lombana  le dijo a El Espectador que no iba renunciar. En cambio, Lombana presentó una tutela ante el Consejo de Estado en la que alegaba que estaban siendo vulnerados sus derechos por esa decisión de la Sala de Instrucción. Pero esa pelea la perdió por que el alto tribunal ratificó que la ley de administración de justicia estableció una prohibición a los militares en servicio activo para ocupar cargos dentro de la Rama Judicial. 

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El pasado 13 de junio se conoció que Lombana solicitó al Ejército Nacional la baja. Fuentes consultadas por este diario ha insistido en que su situación es uno de los episodios más graves que ha tenido que enfrentar el alto tribunal. Mientras se define qué va a pasar con Lombana, la magistrada tendrá que responder a las recusaciones que en su contra presentaron los senadores Gustavo Bolívar y Alberto Castilla, quienes piden que sea apartada de las investigaciones que pesan en su contra. A estas dos se suma una de la periodista Claudia Julieta Duque y una más que anunció el periodista Daniel Coronell.

Gustavo Bolívar tiene un proceso en la Corte Suprema por la serie de televisión de Caracol Televisión llamada El Bronx, escrita por él, ya que Andrés Gutiérrez, persona en quien se basa la historia, lo señala de haber plagiado su vida. Para Bolívar, no es garantía de imparcialidad que Lombana sea miembro activo del Ejército Nacional. A su juicio, se vulnera “la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución". “Las investigaciones de las que ella haga parte no brindarán las garantías judiciales que entrega la Constitución, especialmente a los parlamentarios que nos declaramos en oposición al gobierno nacional”, dice el documento. Lo propio hizo el congresista Alberto Castilla quien enfrenta un proceso judicial por supuestos vínculos con la guerrilla del ELN desde marzo de 2018 cuando la Fiscalía compulsó copias en su contra.

Aunque Castilla insiste en su inocencia, para él no tiene presentación que una mayor activa del Ejército lleve el caso o haga parte del proceso investigativo. Ya que, si lo están señalando de tener supuestos vínculos con el ELN, es un hecho que esa organización se ha opuesto ideológicamente al orden institucional que representa el Ejército Nacional. “Su calidad de oficial, sus deberes como tal y su interés de desempeñar un buen cargo sesga su objetividad y parcializa su postura ante el asunto que hoy es investigado”, señaló su abogado Juan David Albarracín.

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