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En la mañana de este martes, en el Palacio de Justicia se llevó a cabo una reunión del más alto nivel para hablar sobre la emergencia carcelaria que hay en todo el país. El encuentro tenía la finalidad de analizar la situación de hacinamiento que se registra en las estaciones de la Policía y Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI).
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La reunión estuvo presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra. Además, asistió la jefa del ente investigador, Luz Adriana Camargo; y el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Asimismo, hicieron presencia el director de la Policía, el general William René Salamanca; y el director del Inpec, el coronel Daniel Fernando Rojas.
Igualmente, fueron convocados al Palacio de Justicia los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán; de Medellín, Federico Gutiérrez, de Cali, Alejandro Eder; y de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub. Por parte de la Corte, también estuvo presente el presidente de la Sala Penal del alto tribunal, Diego Corredor Beltrán.
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En la reunión, se acordaron distintas estrategias y se hicieron compromisos entre los asistentes para buscar soluciones al problema de la sobrepoblación en las cárceles, estaciones de la Policía y las Unidades de Reacción Inmediata. Además, se acordó el traslado inmediato de 390 personas privadas de la libertad en estos espacios que, a pesar de tener ya condenas, no han sido llevadas a centros carcelarios del país.
Por su parte, el Inpec realizará un informe sobre los reclusos que ya tienen derecho a beneficios como libertad condicional y casa por cárcel y quienes están pendientes de decisiones de jueces de Control de Garantías. Asimismo, la Corte Suprema dijo que mediará con los jueces del país “para tener decisiones rápidamente y que los internos puedan acceder a esos beneficios a los que ya tienen derecho”.
En cuanto a los alcaldes, se comprometieron a tomar medidas para garantizar “la interconexión en las estaciones y URI para que los internos puedan asistir a las diligencias judiciales de forma virtual, reduciendo la posibilidad de libertad por vencimiento de términos y prescripciones que se convierten en impunidad”.
El Ministerio de Justicia, por su lado, hará un informe para examinar la posibilidad jurídica de que los alcaldes creen sitios transitorios especiales de reclusión, que sean vigilados por particulares, para que allí puedan ser trasladados internos están en estaciones de Policía y URI.
Desde febrero de este año, el gobierno de Gustavo Petro declaró emergencia carcelaria en todos los centros penitenciarios del país como respuesta a los múltiples ataques que ha sufrido el personal del Inpec en Cartagena, Jamundí y Tuluá. La decisión permite tomar diferentes medidas presupuestales y de seguridad, además se solicita el apoyo adicional de la fuerza pública para reforzar la vigilancia y la seguridad en los centros penitenciarios.
En ese momento, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, explicó que la emergencia carcelaria cuenta con dos tipos de medidas, el primer grupo tiene como objetivo la protección de la vida, libertad y trabajo tranquilo de los miembros del Inpec. El segundo conjunto de medidas está relacionado con la lucha en contra de la extorsión que se realiza desde las cárceles, combatiendo también la corrupción dentro de este sistema.
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