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27 Sep 2021 - 8:44 p. m.

Corte Suprema indagará supuesto rol de congresistas en caso Mintic

Los senadores Mauricio Gómez Amín y Armando Benedetti fueron denunciados porque habrían llamado a la exministra Karen Abudinen para interceder en favor o en contra del contratista Centros Poblados. La Sala de Instrucción estudiará la denuncia.
Karen Abudinen asegura que Armando Benedetti la llamó para tercear en favor de la cesión del contrato de Centros Poblados.
Karen Abudinen asegura que Armando Benedetti la llamó para tercear en favor de la cesión del contrato de Centros Poblados.
Foto: Archivo particular

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ya estudia una denuncia que pide investigar a dos congresistas por su supuesto rol en el caso del billonario contrato del Ministerio de las TIC para llevar internet a escuelas de zonas rurales del país. El recurso, que aún no ha sido admitido, pide indagar un supuesto involucramiento de los senadores del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín y al de La U, Armando Benedetti.

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La denuncia la presentó la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, que preside Henry Anaya. Y pide investigar a Mauricio Gómez Amín y Armando Benedetti por versiones que circulan a medios de comunicación según las cuales los dos, al parecer por separado, habrían llamado a la exministra TIC, Karen Abudinen para sugerirle qué acciones tomar ante el incumplimiento del contratista Centros Poblados.

La propia Abudinen dijo este lunes en Twitter que Benedetti la llamó. “Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato”, escribió la exministra. El congresista de La U negó haber llamado a la alta funcionaria, dijo no conocer a ninguna de las personas involucradas en el contrato y dijo que se trataba de una persecución en su contra.

(En contexto: “Usted sí me llamó”: Karen Abudinen salpica a Benedetti en escándalo de Mintic)

El despacho del magistrado Misael Rodríguez Castellanos deberá determinar si admite o no la denuncia. De admitirla, podría llamar a versión voluntaria a Armando Benedetti o a Mauricio Gómez Amín y, si encuentra mérito, podría abrirles un proceso formal. Con esta denuncia, la Corte Suprema se suma a las pesquisas de la Fiscalía y la Procuraduría por determinar qué ocurrió con este contrato que pretendía llevar conectividad a la ruralidad y terminó en un enredo judicial.

El de la Corte, además, sería un frente distinto, pues Fiscalía y Procuraduría se han centrado en cómo, con documentos aparentemente falsos, el contrato término adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. En concreto, una garantía bancaria con los sellos del Itaú que este conglomerado de empresas presentó para acreditar un requisito de asegurar la seriedad de su oferta, pero que según la propia entidad no fue emitida por el banco.

(Lea también: Caso MinTIC: cárcel para Emilio Tapia e investigación para exfuncionarias)

Cuando el Ministerio que dirigía Abudinen decidió caducar el billonario contrato, citaron a una audiencia a todas las partes y fue allí donde se descubrió que esta garantía habría sido falsificada con un posible conocimiento de los contratistas. Por estos hechos ya fueron vinculados a un proceso penal el contratista Emilio Tapia, señalado de manejar en la sombra al menos tres de la empresas que hacían parte de Centros Poblados; el representante legal de la unión temporal, Luis Fernando Duque, y el agente de seguros Juan José Laverde.

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