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30 Sep 2020 - 4:12 p. m.

Corte Suprema le dijo “no” a la última carta de Fernando Londoño en el pleito de Invercolsa

El exministro había pedido aclarar las razones que llevaron a la Corte a condenarlo a devolver los 145 millones de acciones que compró a Ecopetrol en los noventa. Sin embargo, radicó la solicitud por fuera de los tiempos de ley y se la negaron.
La Corte le negó un recurso de aclaración del fallo al exministro Londoño porque la radicó por fuera de los tiempos de ley. / Gustavo Torrijos
La Corte le negó un recurso de aclaración del fallo al exministro Londoño porque la radicó por fuera de los tiempos de ley. / Gustavo Torrijos

La Corte Suprema negó el último recurso que le quedaba al exministro del Interior Fernando Londoño en el pleito de Invercolsa, una empresa gasífera controlada mayoritariamente por Ecopetrol. En los noventa la compañía de gas abrió un proceso de privatización con un modelo particular: solo sus empleados podrían comprar las acciones. Londoño, que había sido presidente de Invercolsa entre 1990 y 1995, compró más de $9.000 millones en acciones, pero la Corte Suprema de Justicia determinó el año pasado que la transacción no tenía validez. Aunque el exministro pidió una aclaración del fallo, esta semana el alto tribunal negó ese recurso y se mantuvo en su posición.

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Esto significa que Londoño, quien ya había sido condenado, en primera y segunda instancia, y hasta en casación, deberá devolverle a Ecopetrol los 145 millones de acciones de Invercolsa que adquirió en 1997. Y es que, la Corte Suprema determinó desde el año pasado que, si bien el exministro se desempeñó como presidente de la compañía por media década, nunca fue empleado de la misma porque no hubo un vínculo formalmente laboral, ni recibía un salario, sino que la gasífera le pagaba honorarios a su firma de abogados. Pero Londoño no se quedó de manos cruzadas y se jugó la que era su última carta: solicitó una aclaración.

La historia de este pleito se remonta a diciembre de 1996, cuando el gobierno de Ernesto Samper autorizó vender las acciones de Ecopetrol sobre Invercolsa. Como lo dicta la Constitución, la primera oferta debía hacerse a los empleados de la compañía estatal. Londoño presentó una certificación expedida por el entonces representante legal y presidente de Invercolsa, Enrique Vargas Ramírez, y adquirió 145 millones de acciones. El documento decía, básicamente, que Londoño había sido presidente de la empresa entre julio de 1990 y abril de 1995. Sin embargo, en 1999, Ecopetrol demandó a Londoño y pidió la nulidad del negocio porque consideraba invalida la transacción.

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La justicia le dio la razón a Ecopetrol, pero en su reciente recurso, el exministro pidió, “hacer las aclaraciones de las razones que sirvieron de fundamento a la decisión adoptada en la sentencia proferida”. La Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana (Afib), entidad a la que Londoño le pidió un préstamo para poder hacer la millonaria transacción, también acudió a una aclaración del fallo. Sin embargo, el mismo magistrado que había fallado en contra de Londoño, Aroldo Wilson Quiroz, negó esas solicitudes por extemporáneas. Es decir, tanto el exministro como su acreedor los radicaron por fuera de los tiempos de ley.

En otras palabras, la sentencia de casación que ratificó la anulación la transacción de Londoño con las acciones de Invercolsa, tiene fecha del 30 de octubre de 2019. Al exministro le notificaron del fallo el seis de noviembre y, ocho días más tarde, nadie había interpuesto recursos, con lo que para la Corte su decisión quedó en firme. “Por tanto, la solicitud de aclaración de Fernando Londoño Hoyos efectuada el 19 de noviembre es posterior a la ejecutoria del veredicto, por lo que reluce extemporánea, motivo para rechazarla de plano sin más consideraciones”, dice el auto que le negó la aclaración de fallo al exministro.

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“Nadie ha negado que el doctor Londoño prestó sus servicios a Invercolsa, el problema es considerar que hubo una relación laboral propiamente dicha, porque incluso él mismo siempre aceptó que no fue vinculado como mero trabajador, toda vez que no le convenía desde los aspectos personales y tributarios en la empresa de abogados con quien compartía sus actividades profesionales, por lo cual siempre convino con aquella (Invercolsa) que se le remunerara con unos honorarios, no sólo sus servicios personales, sino también lo necesario para gastos de secretaria y custodia de libros y papeles”, escribió en su sentencia del año pasado la Corte Suprema.

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