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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, decidió que no seguirá con el proceso en contra del exsenador Mauricio Lizcano Arango, hijo de Óscar Tulio Lizcano, por supuestos nexos con grupos paramilitares. Al político se le señalaba de haber recibido dineros ilegales por parte de paras y narcos para financiar sus campañas políticas.
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En su decisión, la Corte declaró prescrito el proceso contra Lizcano Arango por el delito de concierto para delinquir agravado por los vínculos que le fueron atribuidos al político dentro de la investigación por posibles nexos con las autodefensas del Magdalena Medio. Así mismo, el alto tribunal decidió no seguir adelante con el caso teniendo en cuenta, dentro de otras cosas, los falsos testimonios que se hicieron en contra de Lizcano Arango por parte de exparamilitares, destacando el de Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, quien fue comandante del frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar (Bcb) de las autodefensas.
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Tras la decisión del alto tribunal, Mauricio Pava, abogado defensor de Lizcano, dijo que para ellos es muy importante esta decisión de la Corte Suprema después de años de investigación contra su cliente. Asimismo, Pava manifestó que “Mauricio Lizcano no solo está libre de toda investigación penal, también quedó expresamente acreditado su comportamiento social correcto”. Según el abogado, no existe ninguna prueba creíble que permita imputar vínculos a Lizcano Arango.
De acuerdo con las declaraciones y testimonios presentados en la Corte Suprema, se señalaba a Lizcano Arango de haber iniciado sus supuestos nexos con grupos paramilitares desde el 2000, cuando su padre, Óscar Tulio Lizcano, fue secuestrado por las extintas Farc. Según los testimonios, Lizcano Arango recorrió distintas zonas del país buscando propender por la libertad de los secuestrados, mientras que a la par efectuaba distintos pactos con grupos paramilitares y narcotraficantes.
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Dentro de los dicho por distintos declarantes en el recién cerrado caso, Mauricio Lizcano, cuando pretendía obtener una curul en la Cámara de Representantes, “recibió aportes de narcotraficantes del magdalena medio y del norte del Valle”. Según consta en el expediente, los supuestos colaboradores de la campaña de Lizcano Arango fueron Isaza Arango, alias El Viejo y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.
De la misma manera, en el caso se señaló que Lizcano Arango habría sostenido varias reuniones con paramilitares en Riosucio (Caldas), supuestamente para buscar ayuda en la liberación de su padre secuestrado, así como recibiendo protección él y su familia a cambio de supuestas contribuciones económicas a la organización ilegal.
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Con este ya son tres casos en contra de Lizcano Arango que no prosperan en la Corte Suprema en menos de dos años. Este mismo tribunal decidió en agosto de 2020 no seguir investigándolo por una denuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que señaló que el exsenador había incidido en la determinación del Canal RCN para que un episodio del programa periodístico de Especiales Pirry no saliera al aire. El informe televisivo estaba relacionado con la desaparición forzada de una pareja de campesinos propietarios de unos predios en Quinchía (Risaralda). Estas tierras posteriormente fueron adquiridas por el propio Lizcano y su padre.
El segundo caso contra Lizcano que frenó la Corte fue en marzo de 2021, cuando en el alto tribunal se archivó la investigación que se llevaba en contra del exsenador por el cartel de la toga. En ese momento, el fiscal Fabio Espitia ordenó inspeccionar los siete procesos que había en ese momento en la Corte en contra del exsenador Lizcano para determinar su participación en el entramado de corrupción, pero no encontró, según dijo, algo de relevancia para el caso. Por ende, a juicio de la Fiscalía, la mera mención de Lizcano en este escándalo no tenía relevancia penal.
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