La Corte Suprema de Justicia y su Sala de Casación Penal respaldaron la decisión de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, de no levantar las órdenes de captura en contra de 29 integrantes del Clan del Golfo que se trasladarán el 25 de junio hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Esto, pese a la petición hecha por la Oficina del Comisionado de Paz, que coordina los diálogos con ese grupo criminal.
Por medio de un pronunciamiento sobre la decisión de la Fiscalía, el alto tribunal expresó que “comparten los planteamientos que formuló a fin de constatar que todas las medidas adoptadas en el marco de la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) deben, necesariamente, estar precedidas de información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los condicionamientos legales establecidos respecto al proceso de paz”.
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El pronunciamiento está relacionado con un documento emitido en la mañana del 12 de mayo desde el despacho de la fiscal Camargo, en el que la jefa del búnker expuso ocho puntos con sus líneas rojas sobre la negociación con el Clan del Golfo y la paz total del presidente Gustavo Petro. En esa misiva se dejó claro que la postura del ente investigador es mantener vigentes hasta el 25 de junio de 2026 las órdenes de captura o hasta que haya certeza de en qué está realmente la negociación de paz.
Desde la oficina del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, le habían pedido a la Fiscalía que garantizara la “seguridad jurídica” de los primeros 29 integrantes del Clan del Golfo en su traslado hacia las ZUT. Pero el ente investigador expresó su desacuerdo con acceder de forma inmediata a la petición: “De acuerdo con la fecha definida en la Resolución OCCP No. 120, 25 de junio de 2026, es a partir de este día y no antes que empiezan los efectos de la inmunidad de tránsito y permanencia de las personas del EGC en las ZUT, así como la suspensión de las respectivas órdenes de captura”.
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En su misiva, la fiscal Carmargo hizo énfasis en que es necesaria la verificación de la información de las 29 personas incluidas en la lista, es decir, su identificación, situación jurídica, la existencia de órdenes de captura nacionales o con fines de extradición y la información disponible sobre su presunta pertenencia al Clan del Golfo. Esto, porque dentro de la lista hay personas como Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo jefe de esa organización y pedido en extradición por Estados Unidos.
También exigió más información sobre el cumplimiento del acuerdo que incluye, entre otras cosas, avances en la desarticulación de sus estructuras armadas, la suspensión de conductas que vayan en contra del Derecho Internacional Humanitario o de los derechos humanos, la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas y la entrega de armas.
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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia salieron a respaldar la postura de la Fiscalía ese mismo día, durante un evento académico en Bogotá. Y ahora, en su comunicado, el alto tribunal agregó que compartir la posición de la Fiscalía sobre la necesidad de verificar el estado real de avance de esa negociación de paz “llama la atención sobre el respeto que debe tenerse en relación con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de cooperación judicial”.
Donde no cayó bien el pronunciamiento fue en la oficina del consejero Patiño, que después de la misiva de la fiscal Camargo emitió un comunicado en el que expresó su “extrañeza” sobre la postura de la jefa del búnker. Dijo que la Fiscalía sabía que la suspensión de las órdenes de captura era automática desde el momento en el que empezaran a regir las ZUT y que las verificaciones pedidas por el ente investigador son “valoraciones” que están por fuera de sus competencias.
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