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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, no levantará la órdenes de captura en contra de integrantes del Clan del Golfo, a pesar de la petición hecha por la Oficina del Comisionado de Paz, que adelanta diálogos con ese grupo criminal. Aunque la jefa del ente investigador aceptó colaborar con el el desplazamiento de 29 integrantes a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), dijo que las órdenes de captura se mantendrán hasta verificar “cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.
El comunicado, emitido en la mañana de este 12 de mayo, señala que las órdenes de captura se mantendrán vigentes hasta el 25 de junio de 2026, fecha en la que iniciarán las ZUT, fijada por la Oficina del Comisionado de Paz, encabezada por Otty Patiño. “De acuerdo con la fecha definida en la Resolución OCCP No. 120, 25 de junio de 2026, es a partir de este día y no antes, que empiezan los efectos de la inmunidad de tránsito y permanencia de las personas del EGC en las ZUT, así como la suspensión de las respectivas órdenes de captura”, aseguró el ente investigador.
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La Fiscalía recalcó que, aunque entre las personas incluidas en el listado se encuentra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, el hombre es requerido en extradición por Estados Unidos y ya cuenta con un concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La misiva también destacó que es necesaria la verificación de la información de las 29 personas incluidas en la lista, es decir, su identificación, situación jurídica, la existencia de órdenes de captura nacionales o con fines de extradición y la información disponible sobre su presunta pertenencia al Clan del Golfo.
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En su comunicado, el ente investigador señaló que la información recibida del Gobierno nacional “permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional”.
Al respecto, la Fiscalía indicó que la verificación de ese cumplimiento no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, “sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”.
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Según explicó la Fiscalía, la información sobre el cumplimiento del acuerdo incluye, entre otras cosas, avances en la desarticulación de sus estructuras armadas, la suspensión de conductas que vayan en contra al Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas y la entrega de armas.
En ese sentido, el ente investigador aseveró que “la ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz también remitió la medida al Ministerio de Defensa y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA).
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