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Wilmer Carrillo, representante a la Cámara por Norte de Santander, irá a juicio por posibles hechos de corrupción que se remontan a cuando fue secretario de Infraestructura de su departamento. Así lo ratificó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que decidió dejar incólume la resolución de acusarlo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Ahora el legislador del partido de La U pasa al banquillo de los acusados de la Sala de Primera Instancia.
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En el centro está un contrato que firmó Carrillo cuando era secretario para mejorar y hacer mantenimiento a la vía entre los municipios de Salazar y Arboledas. Según el documento, en el proceso de contratación se actuó con “clara improvisación” y se recibieron obras “totalmente diferentes” a las contratadas. El contrato se pactó en $2.650 millones y en parte lo financió Invías, por lo que tuvo una vigilancia de la Contraloría, que halló un sinnúmero de irregularidades de las que nació la investigación.
La Sala de Instrucción explicó que, tras analizar el expediente, “se encontraron irregularidades en las fases de trámite, celebración y liquidación de dicho contrato, actividades que estaban bajo la responsabilidad de Carrillo Mendoza, quien había sido delegado por el gobernador da la época”. Tras ser acusado por estos hechos, el congresista de La U le pidió a la Sala que revisara su decisión asegurando que los cambios al contrato recibieron el visto bueno del Invías, que él directamente no tomó decisiones sobre la vía, entre otros argumentos que la Corte descartó.
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Por ejemplo, porque en ningún documento se encontró la firma del entonces director del Invías y porque concluyó que Wilmer Carrillo, como secretario de Infraestructura: “era el funcionario directamente responsable de adelantar todos los procesos contractuales relacionados con la competencia de la oficina a su cargo, y ostentaba por ello una innegable posición de garante, de la cual deriva un deber de preserva el bien de la administración pública”. Es decir, que si bien pudo asignar algunas tareas de contratación a sus subalternos, le correspondía vigilar el proceso.
La Corte explicó en un comunicado que mantenía la acusación por los dos delitos. Por un lado, frente al de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, señaló que el congresista Carrillo “incumplió su deber de planeación por la indebida estructuración de estudios previos y pliegos de condiciones, improvisación por la cual terminó contratando algo distinto a lo que realmente necesitaba la comunidad para mantener la transitabilidad de la vía”.
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Asimismo, sobre el delito de peculado por apropiación, la Sala de Instrucción le reprochó a Carrillo que esa falta de planeación llevó a que se hicieron innumerables modificaciones al contrato, que terminaron costando millones en recursos públicos. “Estos cambios implicaron que en realidad no se realizara la pavimentación de la vía en las cantidades que habían sido establecidas en el objeto del contrato y, en su lugar, se hicieran simples actividades de estructuras externas”, señaló la Corte.
Ahora el expediente pasa a la Sala de Primera Instancia, conformada. Una vez se asigne a alguno de los tres despachos, el magistrado que lleve el caso deberá convocar a audiencias preparatorias y luego al juicio. Si es condenado, Carrillo tendría que salir del Congreso, aunque puede pelear su inocencia en una segunda instancia en la Sala Penal de la Corte.
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