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20 Jan 2021 - 8:48 p. m.

Corte Suprema tomó decisiones en lío judicial sobre predios en la Isla Barú

La Corte Suprema dejó sin valor una decisión de 2008 del Tribunal Superior de Cartagena que cambió los copropietarios de un predio conocido como “Los Pantanos” en Isla Barú y canceló las matrículas de dos predios más: “El Tuco”, hoy de la Nación, y “El Pantano” de la empresa privada.
La Sala Civil de la Corte Suprema dejó sin piso un fallo de 2008 alrededor de dos predios en la Isla Barú, en una zona de interés turístico.
La Sala Civil de la Corte Suprema dejó sin piso un fallo de 2008 alrededor de dos predios en la Isla Barú, en una zona de interés turístico.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El 2 de julio de 2008, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena emitió una decisión judicial ordenando que Lucía Alvarado Pacheco y Francisco Villareal Herrera aparecieran en la matrícula inmobiliaria de un predio conocido como “Los Pantanos”, ubicado en Isla Barú (Cartagena) y de paso, canceló las matrículas de dos predios más llamados “El Tuco” y “El Pantano”, ubicados en una zona de interés turístico. Más de 12 años después, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efectos esa decisión luego de estudiar un recurso de revisión que en su contra interpusieron representantes de Fonade (hoy Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial) y la empresa Primevalueservice S.A.S. (Le puede interesar: Los pantanos de la isla de Barú)

¿En qué consiste este pleito y por qué es tan importante? Esta historia remite a 1981, cuando la Corporación Nacional de Turismo le compró a Gabriel Echavarría Obregón un inmueble llamado “El Tuco” en Isla Barú con folio de matrícula 060-33538. En 1998, dicha corporación transfirió su derecho en favor del Ministerio de Desarrollo Económico que lo cedió a Fonade, mediante escritura de compraventa de febrero de 2008. En las inmediaciones de “El Tuco” hay un fundo que se conocía como “El Pajal” que fue rebautizado como “El Pantano” con folio 060-134283. Un fallo de 1993 declaró que Pablo Obregón González habría adquirido el dominio de dicho predio por la vía de la prescripción extraordinaria.

Obregón González vendió esa propiedad a la sociedad Malterías de Colombia S.A mediante escritura pública 839 del 3 de marzo de 1995 pero, por varios procesos de escisión y fusión, el inmueble pasó a manos de Redes de Colombia S.A en 1997 y luego a Primeother Ltda en 2004 que finalmente lo enajenó a Primevalueservice S.A.S el 19 de octubre de 2005. En 1996, Lucía Alvarado Pacheco demandó a Pablo Obregón González, la Corporación Nacional de Turismo, a Malterías de Colombia S.A. y a Bavaria S.A. para obtener la reivindicación de un inmueble llamado “Los Pantanos”, que es diferente al conocido como “El Pajal-El Pantano”, pero que supuestamente los comprendía.

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Pacheco decía se le había adjudicado en agosto de 1994 una cuota de 55 hectáreas más 2.037 metros cuadrados por herencia de Arturo Pacheco, quien había adquirido el inmueble “Los Pantanos”, con matrícula inmobiliaria 060-0123581. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena no admitió la demanda de Pacheco asegurando que ella no estaba inscrita en el certificado de tradición correspondiente. La mujer insistió y en 1997 admitió la demanda. El proceso de primera instancia terminó en 8 de octubre de 2001 con un fallo que ordenó la reivindicación en su favor del predio llamado “Los Pantanos”, del corregimiento de Santa Ana de Isla Barú, precisando que este terreno es colindante con el predio antes conocido como El Pajal -hoy El Pantano”.

Esa decisión judicial insistió en que el predio antes conocido como “El Pajal” “no está incluido dentro de lo reclamado” por Pacheco, pues eran terrenos colindantes, contrario al predio “El Tuco” que para ese momento era del Ministerio de Desarrollo Económico. Contra esta decisión presentaron recurso dicha cartera, hoy el Ministerio de Comercio, y Malterías de Colombia S.A. De otro lado, en el marco de un proceso penal, el Tribunal Superior de Cartagena confirmó en 2006 la condena en contra de Fausto Enrique Vélez, registrador de Instrumentos Públicos de la ciudad por este caso, y ordenó la cancelación del folio de matrícula 060-123581 correspondiente a “Los Pantanos”, que era el sustento de Alvarado Pacheco para reclamar su derecho de dominio de este.

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Ya en el trámite de segunda instancia del proceso civil, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena modificó la decisión inicial del juzgado el 2 de julio de 2008 ordenando abrir un nuevo folio de matrícula al inmueble “Los Pantanos” para que Lucía Alvarado Pacheco apareciera como copropietaria de 38 hectáreas y 6.440 metros cuadrados y Francisco Villarreal Herrera de 8 hectáreas. Esa decisión canceló los folios correspondientes a los predios “El Tuco” y “El Pantano”, antes conocido como “El Pajal”. Según el Tribunal, el predio conocido como “Los Pantanos” hacía parte de uno mayor llamado “Haciendo Sana Ana” junto al sublote “El Pajal-El Pantano”.

Contra esa decisión, presentaron recurso extraordinario de revisión Primevalueservice S.A.S como dueña del predio “El Pajal”, después conocido como “El Pantano”, alegando que el Tribunal no podía cancelar los folios de matricula correspondientes a ese terreno, sobre el cual nunca hubo demanda de parte de la señora Alvarado Pacheco y que es distinto al predio “Los Pantanos”. En sus argumentos explicó que “El Pajal- El Pantano” tenía un título originario que no podía ser desconocido y que este había sido adquirido por Pablo Obregón González por fallo judicial. Y Fonade también cuestionó la decisión por excederse en sus competencias, entre otros argumentos como la falta oportuna de notificación.

Consideraciones de la Corte

La Sala Civil de la Corte Suprema estudió todos los argumentos y dejó sin efectos la decisión tomada en 2008 por el Tribunal Superior de Cartagena al cuestionar que haya ordenado cancelar los folios de matrícula de predios diferentes al cuestionado, como “El Tuco” que pasó al Estado (a Fonade) y por tanto tiene la condición de ser un bien fiscal. En su criterio, ese fallo judicial redunda en “una arbitraria lesión al patrimonio público y, eventualmente, a los derechos de un grupo de pobladores de la comunidad negra de Barú (en su alegada condición de condóminos de la hacienda Santa Ana)”. Y vulneró el debido proceso de los demandantes.

“En los albores del litigio no se estableció la zona exacta que la actora afirmaba como suya, contexto de indeterminación que no impidió a las convocadas intuir que el conflicto involucraba bienes de su propiedad, pues recientemente habían adquirido varios fundos en el sector de Playa Blanca, con el fin de llevar a cabo, conjuntamente, el “Proyecto Playa Blanca-Barú” al que se refiere el documento Conpes 3333 de 17 de enero de 2005″, explicó la Corte al indicar que los peritos en el caso primero dijeron que “Los Pantanos” no se sobreponía a “El Tuco” (de la Corporación Nacional de Turismo) pero que luego dijeron que sí.

Además, resaltó que la cancelación de la matrícula de ese predio y la de “El Pajal-El Pantano” de Primevalueservice S.A.S “afectó indudablemente el derecho real de dominio que se encontraba en cabeza del ente societario recurrente, pese a que este no fungía como parte en el pleito civil. La imposición de esa condena trasgredió el derecho a la defensa, traducido en la posibilidad de ser oídos con antelación, con el propósito de que formulen sus propias alegaciones, hagan valer pruebas de cargo o descargo”. Esto además les impidió ir a casación ante la propia Corte Suprema de Justicia.

La Corte señaló que el Tribunal no podía afectar el predio de Primevalueservice S.A.S (El Pajal-El Pantano) ni el de Fonade (El Tuco) “pues esas temáticas eran ajenas a la discusión que las demandadas plantearon al sustentar” la apelación contra el fallo del juzgado de Cartagena de 2001. En ese sentido, la Corte ordenó al Tribunal Superior de Cartagena que rehaga el trámite y allí evalúe vincular como parte a las empresas que no pudieron defenderse en el litigio y definir, de una buena vez, los “verdaderos contornos de la tensión suscitada entre los derechos a la propiedad privada, la colectiva y la titularidad estatal”.

La decisión compulsa copias a la Fiscalía General para que “se sirva investigar la conducta de las partes y funcionarios judiciales que participaron en este trámite, con inclusión de los togados Alcides Mora Acacio y Édgar Serrano Ledesma, quienes profirieron el fallo anulado”. Y a la Procuraduría General para que participe en este caso.

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