Treinta años después de haber sido capturado y señalado de participar en el asesinato del guerrillero Hernando Pizarro León Gómez, la Corte Suprema de Justicia anuló los fallos de primera y segunda instancia contra el exempleado del CTI, Gustavo Sastoque Alfonso, y reconoció que se trató de un expediente manipulado y lleno de irregularidades procesales. En total, permaneció privado de la libertad durante 10 años, ocho meses y 28 días, durante los cuales nunca dejó de reclamar su inocencia. Pero fue necesaria la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para comenzar a reparar un craso error judicial que fue posible gracias a un oscuro montaje.
La historia de Gustavo Sastoque empezó el miércoles 8 de marzo de 1995 cuando regresó de almorzar a su oficina del CTI en los juzgados de Paloquemao y recibió la orden de presentarse en la Fiscalía regional y preguntar por el proceso 24789. Él lo hizo y después de 40 minutos de espera, dos personas que se identificaron como agentes de DAS le entregaron un oficio donde era requerido con orden de captura y un domicilio para ubicarlo en Puerto Rico (Caquetá). Ese mismo día se enteró de que había sido señalado de participar en el asesinato de Hernando Pizarro Léon Gómez, perpetrado en la noche del 27 de febrero.
Sin mayores explicaciones, la Brigada XX de Inteligencia del Ejército terminó aportando un retrato hablado, casi como una copia de la fisionomía de Gustavo Sastoque. Además, aparecieron tres supuestos testigos, inicialmente en carácter de reservados , que dijeron haberlo también visto al día siguiente del asesinato en la escena del crimen. En su defensa, Sastoque argumentó que ese día estaba comprando unos zapatos en el barrio Restrepo y aportó 14 testigos, incluyendo a los empleados del almacén y el comprobante de su tarjeta Diners. Nadie le creyó y ocho meses después de su detención, la Fiscalía lo acusó como presunto responsable del asesinato del exguerrillero y hermano del líder del M-19, Carlos Pizarro.
El 26 de mayo de 1997, un juez sin rostro lo condenó a 45 años de prisión por homicidio agravado. Diez meses más tarde, el Tribunal Nacional le rebajó la sentencia a 40 años y seis meses. En ese momento, el caso Sastoque estaba prácticamente cerrado y solo faltaba el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, a finales de 1998, de otros expedientes como el del asesinato del líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado, surgió un testigo sin rostro que declaró que cómo se había realizado el montaje contra el exempleado del CTI y de qué manera lo hicieron aparecer cómo el asesino de Pizarro. La única opción de Sastoque fue pasar de acusado a acusador.
Con el respaldo de la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), Sastoque denunció a los testigos en su contra por fraude procesal y falso testimonio. Entre tanto, una nueva testigo ratificó que en el caso de procesado por el crimen de Pizarro se había realizado un montaje entre militares y altos directivos del CTI. Sastoque apeló a la Procuraduría para que se investigara a los funcionarios mencionados por la testigo, pero el 19 de diciembre de 2000, el entonces procurador Jaime Bernal Cuéllar, en dos páginas concluyó que como ya habían pasado cinco años del crimen de Pizarro, el caso ya estaba prescrito. El 13 de febrero de 2003, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia contra Gustavo Sastoque.
Hasta ahí, el caso ya no tenía vuelta atrás, más aún con el comentario de la Corte acerca de que las pruebas allegadas en el trámite de la casación no podían ser analizadas ni valoradas en ese momento procesal. Sin embargo, sucedieron dos hechos inesperados: la Fiscalía de Mario Iguarán designó a un fiscal de derechos humanos para volver evaluar el caso posible montaje judicial, mientras que la CIDH se interesó por el asunto. El 7 de abril de 2008, esta instancia internacional creó un grupo de trabajo para la búsqueda de una solución amistosa entre el Estado y Sastoque. El procesado se limitó a decir: “No me importa si castigan a quienes me hicieron daño, solo quiero que me digan que soy inocente”.
El tiempo transcurrió sin mayores soluciones, pero la CIDH insistió en una investigación seria e imparcial para aclarar el caso. Con otro revés para Sastoque: la Fiscalía absolvió a los supuestos falsos testigos en su contra. En esas circunstancias, el caso quedó suspendido en el tiempo hasta que sucedió algo inesperado. En octubre de 2020, de manera sorpresiva, tres exjefes guerrilleros de las Farc acudieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y admitieron varios asesinatos en Bogotá a cargo de la red urbana Antonio Nariño, y uno de esos homicidios fue el del guerrillero Hernando Pizarro León Gómez, perpetrado en el barrio Alta Blanca, al nororiente de Bogotá, frente a una casa donde se refugiaba.
Esa declaración fortaleció la gestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en 2018 concluyó que a Gustavo Sastoque le desconocieron sus derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección de la justicia y, en consecuencia, pidió al Estado colombiano reparar lo sucedido. Con base en estas conclusiones, la Procuraduría acudió a la Corte Suprema de Justicia y pidió la revisión del expediente Sastoque. Cuatro años pasaron sin conclusiones, pero en septiembre de 2024, comparecieron ante el alto tribunal los exguerrilleros Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, para ratificar que la red urbana Antonio Nariño fue responsable del crimen de Hernando Pizarro.
Bajo la gravedad del juramento, los tres exjefes guerrilleros dejaron claro que el empleado de CTI, Gustavo Sastoque, nada tuvo que ver con el asesinato, que ninguno de ellos lo conoció y que tampoco participó el CTI en la acción criminal. En esas circunstancias, la Corte Suprema entró a decidir el caso. Con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, el alto tribunal anuló los fallos de primera y segunda instancia contra Gustavo Sastoque, afín de que un juez tome una decisión con base en las recomendaciones y pruebas aportadas por la CIDH y la Procuraduría. En conclusión, ordenó una investigación seria e imparcial para cerrar de una manera justa el penoso expediente contra Gustavo Sastoque.
La decisión de la Corte Suprema resalta que, a pesar de 14 testigos a su favor y ocho empleados del CTI y la Fiscalía que acudieron en su momento a defender a Sastoque, se produjo una sentencia con errática valoración de pruebas. Aunque Sastoque esperaba hoy mismo su absolución, el alto tribunal dejó claro que esa tarea corresponde al juez de primera instancia, de acuerdo a las motivaciones de la decisión. En síntesis, a un mes de cumplir tres décadas esperando justicia, Gustavo Sastoque Alfonso tiene que esperar un trecho más para salir avante. Entre tanto, consultado sobre la decisión que lo favorece, manifestó: “No me importa seguir esperando, pero al final, reconocerán mi inocencia”.
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