Crean nuevos juzgados en el Catatumbo: así reacciona la justicia ante la violencia

Desplazados por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo.

Foto: (EPA) EFE - Mario Caicedo

La violencia en el Catatumbo, encendida por la arremetida del ELN contra las disidencias de las FARC, que ha cobrado decenas de muertos y contabiliza decenas de miles de desplazamientos, ahora es atendida desde la Rama Judicial. El Consejo Superior de la Judicatura hizo una inversión para que, a pesar de la crisis, la justicia no se detenga y cuente con más garantías para su funcionamiento.

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A través de un acuerdo, el Consejo aprobó la creación de dos juzgados transitorios en Ocaña (Norte de Santander), y la asignación de cargos en los juzgados municipales de los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Río de Oro, Sardinata, Teorama, Tibú y Villa del Rosario. Son justamente esos municipios desde donde, según la gobernación del departamento, han salido desplazadas más de 55.000 personas por la violencia.

Según Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo, el objetivo de la creación de los juzgados y los cargos transitorios es la descongestión de los procesos que habitualmente son tomados por los despachos en estos municipios del corazón del Catatumbo. Así, además, se evita que los jueces que están prácticamente sitiados en sus municipios conozcan procesos “que eventualmente podrían significar riesgos para su seguridad allí en estos territorios complejos”, señaló Vallejo.

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“De igual manera se tomaron medidas en relación con la posibilidad de trabajo en casa (para los jueces de los municipios mencionados), con la afectación del horario laboral, para permitir que puedan los servidores judiciales que estén en los despachos atender los casos en jornadas que no pongan en riesgo su integridad”, agregó el presidente del Consejo. A partir de ahora, los despachos judiciales deberán informar a la ciudadanía sobre la implementación de las nuevas reglas.

De otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso de una inversión de $600 millones para fortalecer los sistemas de vigilancia e infraestructura en seguridad de los juzgados de la región. Además, lograron el traslado de dos vehículos blindados para atender las necesidades de jueces de control de Garantías de Cúcuta y la asignación de un esquema de seguridad a un juez de restitución de tierras de la zona.

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Según un reciente informe del diario regional El Frente, las autoridades del departamento tienen registro por 76 asesinatos en lo que va del reciente recrudecimiento de la guerra. El actual conflicto data de mediados de enero pasado, cuando el ELN decidió, en una estrategia de cooptación total del territorio, arremeter contra disidentes de las FARC y personas señalas de colaborar con ellos. Al tiempo, la Fuerza Pública ha sido diezmada con ataques explosivos y hostigamientos armados.

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