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Veinticuatro horas cumplen los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo (Norte de Santander). Los hechos iniciaron justo después de la masacre en la que tres integrantes de la familia López Durán, incluido un bebé, fueron asesinados por hombres armados. El Espectador accedió a un documento confidencial de Inteligencia de las Fuerzas Militares en el que reposan detalles que apuntan que los responsables del triple homicidio serían integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN.
El documento contiene un recuento detallado de los hechos que desembocaron en el triple homicidio de Miguel Ángel López, Zulay Durán Pacheco y Miguel Herney López Durán, hijo de la pareja. Según el informe, la familia era dueña de la Funeraria San Miguel, en el municipio de Tibú (Norte de Santander), un elemento clave para comprender las razones detrás de la masacre. Según el documento, el hombre y su familia sí habrían recibido amenazas previas y que tendrían relación con el oficio del padre de familia.
“Por medio de las diferentes agencias de inteligencia presentes en la región, se pudo establecer que este hombre, quien administraba una funeraria en la zona, recibía amenazas y presiones de todos los actores armados criminales debido precisamente a su labor de recoger, preparar y enterrar a personal fallecido y asesinado, entre ellos, las víctimas de uno y otro bando ilegal”, dice el documento de inteligencia de las Fuerzas Militares.
A renglón seguido, el informe explica que López, en las últimas semanas, habría hecho el levantamiento de cuerpos de personas asesinadas que serían integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc y “colaboradores cercanos de alias Andrey”, que “habrían sido asesinadas por estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN”. Aunque el documento no muestra la fecha en la que ocurrieron estos hechos, lo que queda claro es que fueron antes del 15 de enero.
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Otra fuente reservada le confirmó esta versión a El Espectador: “Al parecer, Miguel habría recogido unos cuerpos de las disidencias, por lo que el ELN lo habría amenazado. El Frente Juan Fernando Porras del ELN es el sindicado de ser responsable de esta masacre”, señaló. En ese sentido, el documento de inteligencia sostiene que “información recopilada por agencias de inteligencia dan muestra de que el ELN habría dicho que nadie podía recoger a los muertos”.
Por eso mismo, se lee en el informe, las autoridades no pudieron movilizarse para hacer lo propio. “Debido a la complejidad del terreno y por condiciones de orden público, movilizar una comisión de la Fiscalía o de la Sijín de la Policía sería de alto riesgo, precisamente por el amplio dominio ilegal del territorio de los grupos criminales”, dice puntualmente el documento de inteligencia conocido por este diario.
La investigación de las Fuerzas Militares revela que López fue hasta el lugar para recoger los cuerpos y prepararlos para su inhumación. No era la primera vez que lo hacía. Él, como propietario de la Funeraria San Miguel, era conocido en la región por acudir siempre y dar sepultura a las personas muertas en hechos violentos. Su actividad, incluso, hizo que recientemente se publicara un documental sobre su labor.
Luego de recoger los cuerpos, López y su familia fueron amenazados. Según el informe de las Fuerzas Militares, las intimidaciones terminaron en la masacre que ocurrió en la noche del 15 de enero, cuando la familia se movilizaba en el vehículo de la funeraria sobre la vía que comunica a Tibú con la ciudad de Cúcuta. En el carro iban cuatro personas: dos adultos y un bebé de nueve meses que murieron cuando hombres armados los atacaron de frente. El cuarto ocupante era el segundo hijo de la familia, un niño de diez años que salió ileso.
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Fuentes del Ejército consultadas por este diario confirmaron que, a raíz de esta masacre, comenzaron los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias y el ELN. Solo en la noche del 16 de enero pasado, la institución ya contabilizaba entre seis y nueve muertos en diferentes puntos de la zona del Catatumbo. Dos días después, las cuentas de la Gobernación de Norte de Santander van en que hay al menos 50 civiles asesinados en medio de esa escalada violenta.
En contraste con los hallazgos de las Fuerzas Militares, el ELN emitió este viernes un comunicado en el que negó su responsabilidad en la masacre de la familia de Tibú y atribuyó el hecho a las disidencias de las Farc. “Denunciamos ante el pueblo de la región que la acción fue perpetrada por integrantes del denominado Frente 33 de las extintas Farc al tiempo que nos comprometemos en dar con los responsables del crimen”, dice el comunicado.
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La Gobernación de Norte de Santander sigue en las tareas de confirmar realmente cuántos civiles han sido asesinados y cuántas personas han resultado desplazadas en medio de esos enfrentamientos. Por ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que fueron asesinados cuatro firmantes del Acuerdo de Paz que el Estado firmó con las FARC en 2016.
La información que manejan las Fuerzas Militares sobre este tema es que integrantes del ELN secuestraron a los firmantes, los retuvieron durante unas horas y luego fueron asesinados. Las víctimas de esos crímenes selectivos son: Jhan Carlos Carvajalino Quintero, Yurgen Martínez Delgado, Albeiro Díaz Franco y Pedro Rodríguez Mejía.
Aunque esas son las personas identificadas por ahora, las autoridades no descartan que haya otros firmantes del Acuerdo y comparecientes ante la JEP secuestrados. Esas cifras hacen parte del trabajo de confirmación que están haciendo entidades como el propio Ejército, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación.
Las confrontaciones también han dejado un número indeterminado de desplazados. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar le dijo a este diario que podrían superar las 100 personas, pero aún no hay una ruta de protección para quienes están saliendo del territorio. Por eso, insiste el mandatario departamental, aún es imposible calcular con exactitud cuántos son.
Justo ese es uno de sus llamados urgentes al Gobierno Nacional: atender a las víctimas de desplazamiento por las confrontaciones, para evitar que la crisis humanitaria crezca aún más. El gobernador pidió “acciones inmediatas para tener recursos para arrendamientos, albergues, educación y salud para las personas que se van a desplazar, porque nada sacamos con que se salgan del territorio y no atenderlos”.
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A esta hora del 17 de enero, el presidente Gustavo Petro está viajando a la zona, junto con integrantes de la cúpula militar y funcionarios del alto gobierno, para adelantar una reunión con las autoridades locales, en la que buscarán cómo contener el avance de la violencia.
En la zona persisten los enfrentamientos y el general Giovanni Rodríguez, comandante de la Segunda División del Ejército, confirmó que hubo un despliegue de 300 militares “con el fin de proteger la vida de los habitantes de esa zona del accionar criminal de los grupos armados organizados que delinquen en el Catatumbo”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
