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La reapertura de la frontera en Cúcuta y el asesinato de un joven y un menor de edad en Tibú volvieron a poner a Norte de Santander en el foco de las autoridades en cuanto a lo que pueda acontecer en los próximos meses en materia de seguridad. Además, este año, la capital del departamento, entre junio y julio de 2021, fue escenario de los atentados contra la Brigada 30 del Ejército y el ataque al helicóptero del presidente Iván Duque, alarmando a la Fuerza Pública sobre la capacidad que tienen las disidencias de las Farc en materia criminal y su financiación con el narcotráfico, que se expande por el área metropolitana de Cúcuta y el Catatumbo, más precisamente en Tibú.
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El Espectador estuvo en la capital del departamento y habló con autoridades locales y la Fuerza Pública. Las fuentes explicaron la disputa a muerte que existe entre quienes quieren controlar las rutas del narcotráfico, claves por su ubicación fronteriza. Allí confluyen todos: el Eln, las disidencias de las Farc, los Pelusos, el Clan del Golfo e incluso grupos ilegales venezolanos y emisarios de carteles mexicanos. El Ejército, la Alcaldía e incluso organizaciones de derechos humanos ya tienen en el radar la forma en la que se mueven los grupos al margen de la ley que generan alianzas para atacar a la Fuerza Pública, pero también disputas por el control del territorio.
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Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, organización que hace veeduría a la situación de orden público en Norte de Santander, cuenta que los laboratorios de procesamiento de cocaína, que por lo general son instalados en zonas rurales, los están instalando en el área metropolitana de la ciudad. Una penetración al centro del departamento que no se había registrado antes. Además, contó que tiene reportes de presencia, en la zona rural de Cúcuta, de al menos 160 hombres del Clan del Golfo, la organización liderada por alias Otoniel, el hombre más buscado por las autoridades colombianas desde hace años y señalado de ser el mayor exportador de cocaína desde Colombia. Un hecho que causó tal preocupación que, en febrero de 2021, la propia ONU denunció el hecho.
Tanto Cañizares como las autoridades desconocen cómo ingresaron al territorio. No obstante, conocen de su intención: disputar las rutas del narcotráfico, que controla la guerrilla del Eln. Para ello, la gente de Otoniel optó por aliarse con cerca de 150 hombres de los Pelusos, quienes en los últimos años han sido el foco de las autoridades, dejándolos mermados militarmente. Las aspiraciones ilegales de estas dos estructuras, Clan del Golfo y los Pelusos, son enormes, pues el poderío criminal en esa zona del país ha estado bajo la influencia del Eln, que tiene en sus filas alrededor de 1.700 hombres, divididos en seis frentes y ocho compañías.
De acuerdo con una fuente del Ejército que le hace frente al narcotráfico en esa zona del país, y quien pidió reservar su nombre por seguridad, los frentes Juan Fernando Porras Martínez y Luis Enrique León, del Eln, hacen presencia en zona fronteriza y son los que mandan la parada en materia de producción y comercialización de cocaína. Por lo general, la estructura se suele mover fácil en el territorio debido a que más de 900 hombres son parte de las Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT) del grupo criminal. Estas personas suelen estar en zonas urbana y rural monitoreando la situación de orden público y alertando sobre el paso de las tropas del Ejército, mientras que los 800 restantes están en armas.
La fuente del Ejército agregó que la presencia de nuevos grupos criminales ha obligado a que las dinámicas ilegales de los elenos cambien. Por ejemplo, las autoridades saben que la guerrilla se expande por la zona urbana de Cúcuta. Ahora se esconden en casas donde encaletan sus armas y usan para atacar a la Fuerza Pública. Para estos hostigamientos existe una célula urbana que está bajo el mando de alias Julián, quien a su vez tiene alrededor de 60 hombres encargados de la inteligencia para identificar la forma de hacerles daño a militares y Policía. Aunque son el grupo más importante en el mundo criminal de Cúcuta, las disidencias del frente 33 de las Farc le disputan ese control.
La presencia de las disidencias
Este grupo criminal, liderado por alias Jhon Mechas, es señalado de ser el determinador del ataque al presidente Duque y la Brigada 30 del Ejército, dos hechos que terminaron de confirmar la grave situación de seguridad de Cúcuta y su área metropolitana, conformada por los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. Este frente, conformado por más de 150 hombres, mantiene una alianza para el narcotráfico y militarmente con alias Gentil Duarte, líder del frente Primero de las disidencias, grupo que se apartó de los diálogos de paz con el Estado colombiano en junio de 2016.
Sin embargo, otro grupo de las disidencias, que le rinde cuentas a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, entró hace más de un año a este escenario de disputa. Así lo confirmaron a este diario fuentes oficiales, quienes explicaron que se trata del frente 41 de las disidencias, liderado por alias Tomás, y de quien las autoridades tienen poca información, solo que estuvo en las extintas Farc. Este frente hasta ahora está tomando posesión del territorio, tiene tan solo 18 hombres en sus filas, pero, aun así, genera disputas con el frente 33. No obstante, no han sucedido en Cúcuta, sino en la subregión del Catatumbo, que comprende los municipios nortesantandereanos de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
El Ejército dice que los choques entre las disidencias ocurren en la zona central de Catatumbo, entre El Carmen y Convención. Sin embargo, dicen fuentes militares, se unen esporádicamente para atacar a la fuerza pública. Un punto que aún no es muy claro para las autoridades es la relación que tienen los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación con los grupos criminales en Norte de Santander. Lo que sí tienen claro es que estos emisarios de las mafias mexicanas son los encargados de dinamizar economías ilícitas y de sectores de la industria que venden insumos para el procesamiento de la cocaína.
Los carteles mexicanos no suelen ser los únicos actores internacionales. De acuerdo con el alcalde de Cúcuta, Javier Tomás Yáñez, Hace presencia también el Tren de Aragua, la estructura delincuencial venezolana que se mueve en la zona urbana de la ciudad (y en otras grandes ciudades de Colombia) y que también tiene en alerta a las autoridades. El mandatario local le dijo a este diario que “la seguridad de Cúcuta es un monstruo de mil cabezas que tiene tintes sociales, económicos y de narcotráfico. Este último es el principal factor de nuestra situación actual en materia de seguridad. Es ahí dónde nos estamos enfrentando con un plan de trabajo de sustitución de cultivos ilícitos”.
Una zona estratégica
El doble homicidio perpetrado en Tibú el pasado 8 de octubre puso de nuevo los reflectores en una zona en la que cada tanto la dinámica del conflicto hace que la Fuerza Pública ponga su atención allí. El asunto es tan delicado, que hace menos de dos semanas el presidente Iván Duque activó el Comando Específico de Norte de Santander, que cuenta con 14.000 miembros de la Fuerza Pública, con el fin de combatir el narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros. Jorge Mantilla, investigador del Laboratorio de Frontera, señala que Tibú es el municipio con mayor extensión del departamento, lo que genera que allí coexistan varios grupos criminales.
Por ejemplo, en el sur del municipio, en la zona limítrofe con Puerto Santander, hay una disputa entre el Clan del Golfo y Eln por la frontera con Venezuela. También en la frontera con Sardinata hay presencia de los Pelusos, reducto de la extinta guerrilla del Epl y vinculados con el narcotráfico, principalmente. Al norte, hacia La Gabarra, se han registrado incursiones de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc liderada por Iván Márquez. Sin embargo, de acuerdo con Mantilla, la organización criminal más fuerte del municipio es el mismo frente 33 de las disidencias de las Farc de John Mechas, al que se le atribuyen los atentados de la Brigada 30 y el atentado al helicóptero del presidente en Cúcuta.
Mantilla también señala que su dominio se debe a que controlan el casco urbano de Tibú. “Es poco probable que otro grupo pueda moverse a plena luz del día y pueda ejecutar estos asesinatos. Esto hablaría de una consolidación tal del frente y su poder que incluso la Policía no operó”, dice el investigador del Laboratorio de Frontera. Además, Mantilla apunta que, por ejemplo, en el Catatumbo hay una ausencia de “reglas de juego” y vacío institucional que las comunidades anhelan un orden social que es brindado, en este caso por la gente de John Mechas. “El frente 33 se ha vuelto en una oferta de seguridad y justicia en Tibú”, concluye Mantilla.
Aunque desde octubre de 2020 la Fuerza Pública en Norte de Santander lanzó el Plan Muralla, con el fin de tener control sobre las trochas ilegales que conectan a Colombia con Venezuela y que, entre otras cosas, permite el paso de insumos para la cadena del narcotráfico, los grupos criminales siguen siendo quienes controlan decenas de pasos fronterizos ilegales. Estos pasos también pueden terminar siendo una suerte de vitrina para los grupos criminales que buscan nuevos integrantes o para hacer raptadas en una red de trata de personas y en la que son más vulnerables menores de 18 años no acompañados, como se le denomina a ese sector de la población que subsiten en la frontera.
La situación en Tibú y en todo el terreno fronterizo ha sido la misma durante los últimos años en cuanto a la respuesta de los gobiernos de Venezuela y Colombia: envío de tropas a los municipios donde se presenten graves situaciones de orden público y cruces de declaraciones entre sus altos funcionarios, atribuyendo culpas a su vecino país. El más reciente ocurrió entre las vicepresidentas. Delcy Rodríguez señaló que denunciará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por la “persecución” y “exterminio” de venezolanos en Colombia, acusación que fue reprochada por su homóloga, Marta Lucía Ramírez, quien negó tajantemente que exista una persecución contra los ciudadanos venezolanos.
Juan Carlos Quintero, líder social del Catatumbo, explica que Tibú actualmente es el municipio con más hectáreas de cultivos de uso ilícito en Colombia (19.000) y reporta una difícil situación de excombatientes de las Farc, líderes sociales y otros grupos vulnerables. “El país se conmociona con estas imágenes del doble asesinato, pero también dice mucho del papel o la omisión de la Fuerza Pública en estos hechos y en todo lo que viene ocurriendo en Tibú en el último tiempo. Mientras no se cumpla con lo pactado en el Acuerdo de Paz y no haya presencia estatal, la situación se va a mantener igual en el municipio”, señaló el defensor de derechos humanos a este diario.
Uno de los hechos más recientes que da cuenta de la difícil situación que viven quienes se atreven a liderar procesos de cambios o a denunciar las mafias locales es la desaparición del líder social Rodolfo Galvis, de quien no se tiene noticia desde el pasado 10 de septiembre de 2021. El hombre de 50 años lideraba procesos de reclamación de tierras, entre ellas unos predios, los cuales se encuentran ocupados por una empresa dedicada al cultivo de la palma aceitera y era líder de una cooperativa que le acarreó amenazas de muerte. Sin embargo, hasta el momento, ningún grupo criminal ha señalado tener conocimiento del paradero de Galvis.