La Jurisdicción Especial para la Paz ha dejado en claro que para acceder a los beneficios que contempló el acuerdo de paz, que derivó en su creación como mecanismo de justicia transicional, las personas que estén ya admitidos o que buscan someterse deben cumplir con una serie de requisitos. Y que los beneficios están condicionados a la participación activa en todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. Así, por ejemplo, se explica que Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, exguerrillero de las Farc haya pedido la libertad condicionada y ahora lo busquen las autoridades.
Al tiempo de que se conocía la orden de captura en su contra, El Espectador reveló que la JEP había aceptado el sometimiento voluntario que hizo el exsenador David Char Navas. Su caso, tiene una particularidad, que no se trata de un combatiente, sino de un agente del estado no miembro de la Fuerza Pública que venía siendo procesado por parapolítica, por tener supuestos nexos con las Autodefensas. ¿Qué implicación tiene la decisión de la JEP? A esa justicia especial han acudido otros dirigentes políticos como los excongresistas Musa Besaile, Zulema Jattin, Julio Manzur o Álvaro Ashton.
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A Char y Ashton la JEP les abrió la puerta al mismo tiempo, en agosto de 2018. Allí les indicó a ambos que tenían que cumplir con el régimen de condicionalidad de esa justicia especial, consistente en una propuesta de verdad, otra de reparación y una de garantía de no repetición. Char presentó las tres y tuvo que ampliar dos de ellas ante la petición de los magistrados, entre tanto, le negó la libertad. El auto que lo admitió finalmente en la justicia especial deja en claro, de cara a las otras personas que buscan acogerse, que las propuestas no pueden ser generales ni meras palabras. Al contrario, tienen que ser concretas y debidamente detalladas.
Es decir, la exigencia es alta. Para el abogado de Char, Mauricio Pava, la admisión del sometimiento, permitirá que Char ejecute el cronograma para la reparación de 200 familias y las que sean vinculadas en el alcance nacional, tal y como se lo pidió la JEP. Sin embargo, Char todavía está preso porque la decisión sobre la libertad condicionada la resolverá otra sección. “El beneficio se ha pedido limitado exclusivamente al domicilio en Barranquilla, de allí podrá pedir permisos precisos para constituir un patrimonio autónomo en favor de las victimas que indiqué la JEP, entre muchas otras actividades relacionadas con los compromisos”, explicó Pava.
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¿En qué van los otros casos? La última decisión pública de la JEP sobre Álvaro Ashton fue negarle la petición de libertad al considerar que su propuesta de verdad todavía no está suficientemente detallada y que no se había cumplido con otro requisito formal que consistía en que la Corte Suprema de Justicia remitiera todos los expedientes que versan contra Ashton. El dirigente político es procesado por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia y se comprometió a develar cómo los paramilitares habrían cooptado los sectores políticos y sociales en el Atlántico y a aclarar su rol en la aprobación de la Ley de Justicia y Paz en el Congreso, entre otros.
De otro lado, el pasado 12 de abril, la exrepresentante a la Cámara por el departamento de Córdoba y exsenadora, Zulema Jattin firmó el acta de sometimiento. En ese sentido, la mujer seguirá en detención domiciliaria hasta que entregue sus respectivas propuestas y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decida si la acepta o no. Lo mismo pasará en el caso de exsenador Musa Besaile Fayad, cuyo expediente llegó de la Corte Suprema de Justicia en enero pasado. Para ese alto tribunal, existen evidencias suficientes de que los procesos por los cuales está siendo enjuiciado tienen relación con el conflicto armado colombiano.
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En este proceso, cabe recodar que Besaile fue capturado por aceptar que entregó un soborno de $2.000 millones para que su expediente por parapolítica en la Corte “durmiera el sueño de los justos”. Por su parte, el excongresista Julio Manzur, también procesado por parapolítica, tocó las puertas de la JEP en febrero de 2018, sin que a la fecha haya pronunciamiento de esa justicia. La JEP tampoco se ha pronunciado sobre el caso del excongresista Juan José Chaux Mosquera, luego que la Corte Suprema enviara el expediente en abril de 2018.
Chaux Mosquera es investigado por una presunta relación con el Bloque Calima de las Autodefensas, que lideraba Hébert Veloza García, alias H.H, durante el periodo 1998-2002, cuando era senador. Se le acusa de haber facilitado las actividades paramilitares “como una forma de dominio y control de la población civil de la población civil y la institucionalidad del Estado”. Y solicitó acogerse a la JEP para demostrar allí su inocencia. Otros personajes, no procesados por parapolítica, que han buscado a la JEP son el exsecretario jurídico de Presidencia, Alberto Velásquez, quien fue condenado por la Corte Suprema por el caso de la “Yidis política”. Así como los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, condenados por el mismo caso: su intervención ilegal para aprobar la reelección del expresidente Álvaro Uribe.
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A la larga lista se le suma el exgobernador de Arauca Julio Acosta Bernal, procesado actualmente por su presunta participación en el homicidio de Juan Alejandro Plazas Lomónaco, delegado de la Registraduría, ocurrido el 10 de julio de 2003. La acusación de la Fiscalía dice que Acosta habría entregado “listas negras” de personas al Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas. Acosta Bernal ya anunció a la JEP que está dispuesto a contar su verdad de la injerencia de los grupos armados en la región por medio de contratos, así como la supuesta relación de la clase política en algunos de los casos por los cuales él es procesado.
En la JEP también reposan las peticiones de otras personas como la de hacker Andrés Sepúlveda; el narco Francisco Javier Zuluaga, conocido como “Gordolindo”; Juan Carlos Mesa, “Tom”, jefe de “la Oficina” de Envigado; Héctor Germán Buitrago, “Martín Llanos”, jefe de las Autodefensas del Casanare; William Carvajal, “Daniel”, exjefe del Bloque Central Bolívar de las AUC en el Putumayo; y Guillermo León Aguirre, exjefe de “Los Pelusos”, en Norte de Santander, entre otros. La JEP tiene la palabra.
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