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David Luna, precandidato presidencial, denuncia robo en su oficina política

David Luna agregó que, pese a que la Unidad Nacional de Protección anunció que reforzaría su esquema de seguridad, esas medidas no han sido aplicadas. “Nunca había sentido que hacer política en Colombia fuera tan difícil como lo es hoy", expresó.

Redacción Judicial

21 de junio de 2025 - 05:21 p. m.
David Luna denunció que es víctima de una cadena de ataques y que, pese a los riesgos, no ha recibido la protección que requiere un precandidato presidencial.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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El precancidado presidencial, David Luna Sánchez, denunció este sábado 21 de junio que en la oficina donde trabaja su campaña política ocurrió un robo en el que, además de vulnerar los sistemas de seguridad, fue hurtado el computador personal de su coordinadora administrativa.

El exsenador de Cambio Radical aseguró que no se trata de un hecho aislado, sino que “hace parte de una cadena de ataques” ha denunciado ante las autoridades, sin que haya una respuesta sobre la situación. “Esto configura una amenaza real y creciente contra mi familia, contra mi equipo y contra mí”, agregó Luna.

Además de este robo a su oficina, el precandidato aseguró que, pese a que la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció el pasado viernes que reforzaría su seguridad, y la de su familia, esas acciones se habrían quedado en palabras, pues no ha recibido ningún mensaje de la entidad que dirige Augusto Rodríguez. “En mis 27 años de servicio público, nunca había sentido que hacer política en Colombia fuera tan difícil como lo es hoy”, señaló.

La cadena de ataques que denunció David Luna

El precandidato presidencial denunció una cadena de hechos que, según él, configuran una situación de riesgo grave, urgente e irreparable. El más reciente ocurrió el 21 de junio de 2025, hacia las 4:00 de la mañana, cuando personas desconocidas irrumpieron ilegalmente en su oficina de campaña, vulneraron los sistemas de seguridad y sustrajeron un computador. El lugar, explicó, es donde opera diariamente su equipo de trabajo.

Luna afirmó que este ataque hace parte de un patrón sistemático de hostigamiento. Entre julio y agosto de 2022, cuando todavía era senador y vocero de la oposición, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la inclusión de un hombre de confianza en su esquema de seguridad. La petición tardó meses en ser considerada, pese a su condición de opositor.

El 2 de junio de 2023, hizo varias denuncias por posibles interceptaciones ilegales y solicitó información a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre la adquisición de equipos especializados y el seguimiento a opositores. Sin embargo, no recibió respuesta. Luego, el 16 de diciembre de ese año denunció un hurto con señales de intimidación en su vivienda familiar, pero las investigaciones no han avanzado ni se ha esclarecido si fue un hecho con móviles políticos.

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El 6 de mayo de 2024 insistió con un nuevo oficio ante la DNI por información sobre interceptaciones y perfilamientos, sin recibir explicaciones de fondo. El 14 de mayo, el Senado aprobó un debate de control político al entonces director de esa entidad, Carlos Ramón González. Justo un día después, Luna recibió un informe preventivo de la Dirección de Protección de la Policía Nacional que recomendaba fortalecer sus medidas de seguridad.

El 18 de junio de 2024 remitió ese estudio a la UNP y a la Fiscalía, y ese mismo día, en el Senado, lideró el debate contra el exdirector de la DNI. Más adelante, el 14 de noviembre, solicitó a la Fiscalía información sobre el avance de las investigaciones relacionadas con los hechos anteriores, reiterando el pedido el 28 de noviembre y el 9 de diciembre, sin recibir respuesta. El 17 de noviembre se produjo una intrusión ilegal en la vivienda de su coordinadora legislativa.

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En ese hecho, agregó Luna, fueron hurtados computadores y tabletas con información sensible. Sobre este robo, el precandidato no ha recibido información sobre el avance de las investigaciones. Ante la falta de garantías, el 9 de diciembre de 2024 presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 27 de enero de 2025 anunció públicamente su precandidatura presidencial.

Según la denuncia de David Luna, en este momento no tiene las garantías mínimas de seguridad necesarias para adelantar su campaña política. Por eso, lleva varios meses tratando de encontrar una respuesta de las autoridades. Por ejemplo, el 19 de febrero dirigió oficios a la Fiscalía y a la Procuraduría: la primera no respondió; el segundo abrió investigación formal. En medio de esta situación, el 5 de marzo pasado la UNP expidió una resolución que le otorgaba un esquema mínimo basado en su condición de exsenador y no de precandidato.

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Incluso, la entidad ordenó el desmonte progresivo de esas medidas de seguridad, ignorando su precandidatura y el riesgo creciente. Ante esta situación, Luna presentó el 9 y el 18 de junio de 2025 nuevas solicitudes para una reevaluación urgente y un refuerzo integral de su esquema de protección. La única respuesta concreta que recibió —según denuncia— fue una llamada informal en la que se le ofreció un vehículo blindado, sin medidas estructurales adicionales.

El 20 de junio, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, declaró públicamente que el esquema había sido reforzado, pero Luna asegura que tal afirmación no corresponde a la realidad, ya que no ha recibido notificación formal ni acciones concretas. En medio de este contexto, y agregando el último hecho violento ocurrido en la madrugada de este 21 de junio, Luna asegura que existe en su contra un patrón de amenazas sistemáticas, hostigamiento documentado y ausencia de respuestas institucionales eficaces.

El precandidato agregó que esta inacción representa una violación grave de los deberes internacionales del Estado colombiano para garantizar el ejercicio libre, seguro y equitativo de la oposición. Por ello, solicitó de manera urgente y conjunta al Gobierno, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la UNP que adopten medidas inmediatas para proteger su integridad, la de su familia y su equipo.

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Luna reiteró: “Las garantías para ejercer la oposición no son un favor; son una obligación del Estado”. Concluyó que no busca privilegios, sino lo justo: seguridad para seguir ejerciendo su labor política como precandidato presidencial y miembro de la oposición. Sus denuncias llegan en un momento crítico para esta campaña política, pues se cumplen dos semanas del atentado contra el también precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien sigue en una situación crítica de salud y con pronóstico reservado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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